COMIENZA EL SWIFTGATE, EL PRIMER ESCANDALO DE CORRUPCION QUE SACUDIO PUBLICAMENTE AL GOBIERNO DE MENEM. TERMINO CON LA RENUNCIA DE MEDIO GABINETE
Todo un estilo
El embajador de Estados Unidos, Terence Todman, denunció ante el ministro Sup-Erman González que un representante del gobierno argentino habría solicitado una contribución económica para activar un expediente de una empresa estadounidense, que no estaba dispuesta a pagar. El ministro prometió una investigación y llegó a presentar la renuncia en una tensa reunión con el presidente Carlos Menem, quien la rechazó. El expediente de la empresa fue retirado del Ministerio de Economía por un empresario argentino de origen árabe que integró la comitiva presidencial en el último viaje a Estados Unidos.
Por Horario Verbitsky
El ministro de Economía Sup-Erman González ofreció la semana pasada su renuncia al presidente Carlos Menem, quien la rechazó, luego de una presentación del embajador de los Estados Unidos, Terence Todman, sobre la presunta solicitud de aportes económicos que un representante del gobierno argentino habría formulado a una empresa norteamericana radicada aquí, como condición para activar un expediente referido a desgravaciones impositivas, dijeron fuentes a prueba de desmentidas.
Todman planteó la sorpresa y el disgusto de su gobierno por el caso. En ningún momento hubo sospechas encaminadas al ministro González, ni en la empresa ni en la embajada. Desde hace meses se menciona en medios políticos y económicos la molestia de las embajadas de los Estados Unidos y del Estado Vaticano por episodios de corrupción. El año pasado el nuncio papal Ubaldo Calabresi desmintió la información sobre una protesta suya al gobierno publicada por el matutino del patronato, Ambito Financiero, aunque es vox pópuli que la presentación existió. Pero nunca antes de ahora había trascendido un caso concreto, con lujo de detalles.
La empresa que recibió la demanda de dinero pertenece a una de las principales transnacionales alimentarias de origen norteamericano. Medios próximos a la firma sostienen que rehusaron pagar lo que se les solicitaba porque no tenían forma de justificarlo ante la casa central en los Estados Unidos, donde esas prácticas son castigadas en forma muy severa por la legislación sancionada luego de los escándalos en torno de una compañía fabricante de aviones, la Lockheed, que pagó sobornos en tres continentes a funcionarios de los gobiernos compradores de sus máquinas.
La empresa había solicitado acogerse a una serie de desgravaciones impositivas para la importación de maquinarias destinadas a una de sus plantas, instalada en una ciudad del litoral argentino. El expediente se inició durante el anterior gobierno y estaba detenido. La persona que se comunicó con los directivos de la firma estadounidense poseía el conocimiento detallado de todas las tramitaciones que sólo puede venir de un trato directo con los papeles oficiales.
Luego de largas discusiones en el directorio, la empresa resolvió no acceder al pedido, y uno de sus directores puso la novedad en conocimiento de la embajada de los Estados Unidos. En momentos en que los bancos acreedores de la Argentina reclaman mayores pagos por intereses atrasados de la deuda externa y el Fondo Monetario Internacional monitorea con el ceño fruncido las cuentas públicas para detectar metas incumplidas, el gobierno de los Estados Unidos se está comportando del mismo modo que lo hizo bajo la dictadura militar: registra cada dato sobre cualquier cuestión sensible y lo utiliza para presionar en favor de sus intereses. Entonces eran denuncias de violaciones a los derechos humanos recopiladas por el altísimo Tex Harris, un hombre bueno que se conmovía hasta el llanto con los relatos de los familiares de los desaparecidos a quienes recibía cuando el gobierno, los partidos políticos y la Iglesia les cerraban las puertas. Su fichero era el más completo del país en esa materia y a su gobierno le servía también cuando había que discutir cuestiones económicas. Ahora la especialidad son episodios de corrupción. Hasta hay una oficina especial que se ocupa del tema en la embajada, la primera de Estados Unidos donde cumple funciones un agregado en Corrupción. Por supuesto, esa no es la denominación formal del cargo.
Al recibir la denuncia, Todman se puso en contacto con Sup-Erman González, a quien le solicitó una explicación. El ministro respondió que debía tratarse de una lamentable confusión y prometió abrir una investigación. El expediente de la desgravación había sido retirado del ministerio por un hombre de negocios argentino, de origen árabe, quien formó parte de la comitiva presidencial en ocasión del último viaje a los Estados Unidos.
Sup-Erman impuso de lo sucedido al Presidente, quien reaccionó en forma agria. "No acepto que me trates así. Ya te renuncié dos veces en La Rioja, al banco y al ministerio, y lo voy a hacer de nuevo ahora. Me voy", dijo el ministro. "Vos no me podés hacer esto, ¿cómo me vas a dejar solo justo ahora?", respondió el Presidente, mientras sus ojos se llenaban de lágrimas.
-¿Qué te pasa? -inquirió el ministro, conmovido.
-Los chicos. No he podido verlos. Me jugaron a las escondidas la Navidad y el Año Nuevo. Estoy mal por eso, perdoname -explicó Menem, quien prometió indagar al hombre de negocios involucrado acerca de lo sucedido, rechazó la renuncia del ministro y le presentó sus excusas por el tono destemplado del primer momento.
Alejandro Elias
El embajador norteamericano, Terence Todman, de fluido acceso a los pasillos gubernamentales. Una oficina especial de la embajada se ocupa de los episodios de corrupción.
Los hechos de corrupción preocupan en forma muy especial al ministro González. Al trascender, alejan la posibilidad de inversiones extranjeras de alguna cuantía, salvo aquellas relacionadas con la capitalización de depreciados títulos de la deuda externa. Pero también alejan las metas fiscales comprometidas con los acreedores externos, que la semana pasada fueron motivo de un feo encontronazo entre el presidente del Banco Central, Javier González Fraga, y el secretario de Hacienda e interino de Ingresos Públicos, Saúl Bouer. Ante cuestionamientos a la política monetaria y el tipo de cambio, JGF replicó que el problema era la insuficiente recaudación fiscal. González Fraga sabe siempre todo de todo. A Felipe Solá le explica cuánto implicará suprimir las retenciones a las exportaciones agropecuarias, a Jorge Pereyra de Olazábal cómo funcionarán los nuevos aranceles de importación, a Bouer el producido de cada impuesto. Esto genera admiración, recelos y cortocircuitos.
El mes que viene vencen 600 millones de dólares de intereses de Bónex y todos saben en el gobierno que nadie sabe cómo se hará para pagarlos. La crisis fiscal que arrastró al suicidio al brigadier Rodolfo Etchegoyen (ex administrador de Aduanas) y a la renuncia al anterior secretario de Ingresos Públicos, Raúl Cuello, apunta ahora sobre la salud de Saúl Bouer, quien luego de la gresca con JGF se internó en un sanatorio, porque temía estar al borde de un colapso. Además, desde el indulto, su esposa le ha retirado la palabra.
Luego del rechazo de su renuncia, Sup-Erman González invitó a comer al restaurante Pedemonte a todo el gabinete económico. Bouer es quien debe autorizar todos los pagos del Estado y recibe llamadas telefónicas desde Presidencia y de varios ministerios ordenándole efectuar desembolsos pendientes a empresas, por 30, 50 o 90 millones de dólares según los casos, que, a juicio del ministro, ponen en peligro la precaria miniestabilidad alcanzada. El último telefonazo fue en favor del consorcio italiano Impreghilo, en el que tienen intereses la vicecanciller italiana Susana Agnelli (de la familia propietaria de Fiat), y el rey italiano de los aerotaxis argentinos, Cristiano Ratazzi. En la misma semana estuvo en Punta del Este y pasó unas horas en Buenos Aires el superior de Agnelli en la cancillería italiana, Gianni De Michelis, quien se desplaza por el mundo con su harén comandado por una estrella del cine porno.
Debido al interés que la presencia del equipo económico despertó entre los mozos y los parroquianos del Pedemonte, el ministro invitó a proseguir la cumbre en su domicilio. También expresó su inquietud por la actividad del asesor de la transnacional alemana Siemens, Blas Medina, quien contaría con el respaldo del secretario de Estado coordinador del gabinete, Eduardo Bauzá, y del ministro de Obras y Servicios Públicos, José Roberto Dromi, para intervenir en la liquidación de la ENTel residual, lo cual incluiría la administración de un crédito de organismos internacionales por casi 300 millones de dólares.
Medina tiene estrecha vinculación con el ministro Dromi y con el senador Eduardo Menem, a quienes acompañó en los primeros meses de 1989 a las reuniones que sostuvieron con los jefes de Estado Mayor de las tres fuerzas armadas, cuando se debatía cuál sería la actitud militar en caso de paridad en el Colegio Electoral.
La semana pasada, Dromi anunció la constitución de las quince comisiones integradas por 110 funcionarios, empresarios y sindicalistas que se encargarán de proponer las normas regulatorias de las empresas y servicios que se privatizarán o se entregarán en concesión durante 1991: Gas del Estado, SEGBA, Obras Sanitarias, Administración de Puertos, ELMA, YCF, ENCOTel, Vialidad Nacional, Ferrocarriles, Subterráneos, Casa de Moneda, Junta Nacional de Granos, Ventas de bienes del Estado, Programa de Propiedad Participada, Provincialización y Comité Jurídico. Recién luego de la designación de sus miembros, Dromi invitó por una resolución, a designar representantes en ella al Ministerio de Economía y a la comisión bicameral de seguimiento del desguace del Estado. González comunicó a sus colaboradores que se propone plantear al Presidente su discrepancia con ese método que margina a su ministerio.