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El Futuro Millonario I es como un edificio del que sólo se construyó el esqueleto. Así se llama el Fideicomiso que pretende juntar 20 millones de dólares para rescatar a River de su grave crisis económica. Su aprobación quedó en veremos porque no conformó a una calificadora de riesgo que lo autorizó por un monto sensiblemente menor. El club insiste con hacerlo igual, y ahora la última palabra la tiene un hincha de Boca: el gobernador bonaerense Daniel Scioli. En rigor, es el Banco Provincia (Bapro Mandatos y Negocios SA), el que deberá responder si lo avala. Administraría las inversiones minoristas, mientras las mayoristas correrían por cuenta de Nápoli Sociedad de Bolsa. El proyecto de rescate financiero recibió un torpedo bajo la línea de flotación con el resultado del último balance, el peor en la historia de la institución. La pérdida del ejercicio cerrado el 31 de agosto ascendió a 79.828.156 pesos. Una parte corresponde a la gestión del ex presidente José María Aguilar y la restante a la actual, liderada por Daniel Passarella. El primero, por ahora, parece de amianto. No corre peligro de quemarse pese a las denuncias que tiene en su contra. A su sucesor, la herencia recibida y empeorada lo puede tapar como el agua.

Andrés Ballotta, vocal por la minoría, denuncia: “Passarella desconocía la verdadera magnitud del problema que atraviesa River. Por eso falló con los tiempos del fideicomiso. No era para ahora, lo tendría que haber lanzado en enero”. El problema surgió cuando un grupo de empresarios de la carne, entre quienes se encuentra el vicepresidente 2º del club, José Omar Solassi –el otro es Carlos Alberto Riusech, dueño del frigorífico Gorina SA– aportaron 10.512.000 dólares para reforzar el plantel. Ahora tienen que empezar a recuperarlos con recursos que iban a provenir del fideicomiso.

Las garantías son: el 10 por ciento de los derechos económicos de 35 jugadores hasta cubrir 12 millones de dólares; el 35 por ciento del contrato del Fútbol para Todos; el 50 por ciento de los ingresos por la explotación de los palcos que se construirán en la tribuna Centenario, hasta alcanzar 2,5 millones de dólares; el 40 por ciento del valor de la explotación de los palcos en las tribunas San Martín y Belgrano, hasta 1,8 millones de dólares; el 100 por ciento del contrato con Adidas, hasta 2,6 millones de dólares y el 40 por ciento de los derechos de formación de varios juveniles como Manuel Lanzini, Ezequiel Cirigliano y Federico Andrada.

El 12 de noviembre, en la última reunión de comisión directiva, se aprobó en sesión extraordinaria el demorado balance. La consultora KPMG se abstuvo de comentar algunos rubros del ejercicio. Es la misma que se había ocupado de la auditoría cuyas conclusiones todavía no se conocen o que no han salido debidamente a la luz. La conducción de River admitió que “de la gestión compartida surge que en el período septiembre-diciembre de 2009 se registró una pérdida de 38.437.667 de pesos, y en el período correspondiente a la actual gestión se registró una pérdida de 41.340.790 pesos. También concedió que el club “se endeudó en 68.822.000 pesos”, correspondiendo (esa suma) básicamente a la adquisición de jugadores y a la deuda generada en primas por rescisión y no renovación de contratos a jugadores de fútbol”.

La unanimidad para votar el deficitario ejercicio se extendió también a la autorización concedida al asesor letrado y director de Licencias de River, Mario Vaisman, para que inicie “acciones legales en el fuero civil al ex presidente de la Institución, José María Aguilar, y al ex secretario, Mario Israel”. El dúo dinámico que administraba al club como un tugurio firmó cada una de las operaciones que lo perjudicaron. Si la denuncia avanzara, los dos ex dirigentes podrían seguir el mismo camino que Fernando Miele, el ex presidente de San Lorenzo, a quien acusaron ante la Justicia sus sucesores en el gobierno. Absuelto en un fallo polémico, uno de los directivos más menemistas que tuvo el fútbol en los ‘90, aún continúa expulsado del club. Aguilar, tan progresista en el discurso como de políticas libertinas en la administración de River, lejos está de correr la misma suerte. Con todo, los socios e hinchas ya dieron su veredicto sobre el engaño que representó.

Entre otras lindezas que dejó como marca indeleble su gestión, está el cobro por adelantado de todo el contrato con Adidas que vence en 2014 y la mayoría de los ingresos correspondientes al período 2011 por derechos de televisión, algo que en el club los opositores a Passarella sintetizan en una frase coloquial: “River vivió este año de Grondona”. La AFA es la que regula el flujo de esos fondos.

Con aquellas sumas ya percibidas, el pasivo subió de 130 millones a 216.827.799 pesos y el patrimonio neto (la diferencia entre los activos y las deudas), bajó de 100 a 20 millones. River no pudo cumplir con compromisos vencidos por 57 millones de pesos y en los próximos seis meses está obligado a afrontar vencimientos por una cifra semejante. Tiene además 152.392.571 pesos de capital negativo.

En menos de un año, Passarella aumentó los gastos del plantel profesional de 34 millones a 47 millones de pesos, los administrativos de 2.700.000 a 4.200.000 y los de Seguridad pasaron de 5.800.000 a 7.200.000. La declamada auditoría de KPMG supuso una bisagra en la historia reciente del club, pero sus resultados se materializaron a medias. Nadie volvió a hablar de ella, salvo los socios que participan de distintos foros en Internet y el puñado de opositores que integran la comisión directiva.

En la página Muy River se detalla que los números de la consultora permiten dudar “de la capacidad de la Asociación Civil River Plate para pagar sus pasivos sin refinanciar o reestructurar sus deudas o vender jugadores”. También señala que “la auditoría sí mostró que hay que revisar la venta de Fernando Belluschi al Olympiakos de Grecia (hay una deuda de 3.000.000 de dólares), así como también un juicio que la anterior CD recibió después de no cumplir con un partido en Bolivia ante Boca. Lo que no mostró es la supuesta doble facturación que el presidente Daniel Passarella denunció en conferencia de prensa el 13 de abril de este año”.

“Una auditoría no puede demorar casi doce meses. Si se dilató es porque en el club se sospecha que Passarella está protegiendo a Aguilar”, agregan las voces críticas. La línea de denuncias que el presidente había instalado en River ya no funciona. “Usted se ha comunicado con la Línea Etica de KPMG”, responde la voz femenina en el 0800-888-9696. “¿Qué harías si supieras de una conducta irregular en el club?” también se interpela desde la página oficial de River. En cualquiera de los dos casos, preguntar se vuelve un ejercicio estéril.