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El próximo martes, los firmantes del Acuerdo para una política de Seguridad Democrática (ASD) presentaremos en el Salón de los Pasos Perdidos del Congreso el proyecto de ley de creación de un Observatorio Nacional del Delito y la Violencia, destinado a producir datos y diagnósticos certeros para la elaboración de políticas de seguridad ciudadana eficientes y democráticas. Teniendo en cuenta el escenario político en el Congreso, un proyecto de estas características pone a prueba la voluntad real de toda la clase política de asumir su responsabilidad en materia de seguridad en lugar de continuar delegando estas cuestiones en las policías y el sistema penal.

El proyecto ha sido firmado hasta el momento por 15 diputados que forman parte del ASD y representan a distintos bloques: Diana Conti y Alejandro Rossi (Frente para la Victoria), Ricardo Alfonsín y Ricardo Gil Lavedra (Unión Cívica Radical), Felipe Solá (Peronismo Federal), Mónica Fein (Partido Socialista), Griselda Baldata (Coalición Cívica), Gerardo Milman y Margarita Stolbizer (GEN), Martín Sabbatella y Vilma Ibarra (Nuevo Encuentro), Fernando Solanas y Victoria Donda (Proyecto Sur), Alicia Comelli (Movimiento Popular Neuquino) y Nélida Belous (Partido Social Patagónico).

El ASD surgió como una alianza multisectorial destinada a diseñar e implementar políticas que brinden soluciones eficaces frente al problema de la inseguridad, desde una perspectiva respetuosa de los derechos y las libertades de los ciudadanos. El documento fundacional del Acuerdo se presentó el 29 de diciembre de 2009 y contenía diez propuestas orientadas a tres ejes fundamentales: las fuerzas de seguridad, el Poder Judicial y el sistema penitenciario. El desarrollo de una política de Estado basada en esos diez puntos demanda, en primer lugar, producir insumos que permitan comprender las múltiples dimensiones de una realidad compleja. Sólo así será posible delinear planes adecuados de prevención de la violencia y el delito.

Los principales obstáculos para lograr este objetivo se encuentran en la escasa fiabilidad de las estadísticas disponibles y la falta de información acerca de la violencia y sus causas. De esta manera, las estadísticas pierden su significado estratégico exponiéndose a una utilización política irresponsable de este estado de desinformación.

En la actualidad, las cifras oficiales en materia delictiva se computan de un modo inconsistente y anárquico. Las diferentes fuentes emisoras de esa información discrepan de manera significativa y construyen sus datos con metodologías incompatibles entre sí. La creación de un organismo como el que plantea este proyecto tiene el objetivo de detectar el delito y la violencia en sus diferentes manifestaciones en todo el territorio nacional y unificar criterios de construcción de datos estadísticos.

Frente a las deficiencias en los procesos de registro e integración de fuentes, el Observatorio representa una instancia superadora de producción y análisis para la toma de decisiones.

Una política de seguridad democrática debería tender a la prevención del delito y a ofrecer soluciones eficientes construidas a partir del aporte de todas aquellas agencias, penales y no penales, que suministran información apta para la toma de decisiones que tienden a reducir la conflictividad social y la violencia. De ahí, que esta política deba ser concebida como multiagencial y como instancia articuladora. Para su funcionamiento, el Observatorio contemplará no sólo las fuentes de información oficiales esenciales, como las agencias del sistema penal y hospitales, sino también aquellas vinculadas a los distintos aspectos del desarrollo humano (indicadores demográficos, de salud, educación, trabajo, condiciones de vida, economía informal).

Este proyecto de ley constituye un punto de partida para poner en marcha medidas que fortalezcan la intervención política en lugar de delegar la gestión de la seguridad en el sistema penal y las policías. Al mismo tiempo, es una oportunidad para que los distintos partidos políticos demuestren un compromiso genuino con el tema y den un primer paso imprescindible para responder a las demandas sociales por mayor seguridad.

* Integrantes del Acuerdo para una política de Seguridad Democrática.