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Los abogados de Luis Barrionuevo presentaron ayer una denuncia por supuesto “abuso de autoridad” contra el juez de instrucción que investiga la violencia en las canchas, Mariano Bergés. Barrionuevo afirma que el magistrado ha violado sus fueros al intervenir sus teléfonos sin autorización previa de la cámara. No obstante, y a menos que los fueros se extiendan a todos los ámbitos en que actúan los legisladores, en Tribunales trascendió que los teléfonos intervenidos pertenecen a una secretaría del Club Chacarita Juniors.
La denuncia del senador, que perderá la inmunidad el 10 de diciembre, cuando venza su mandato, recayó en el juez federal Rodolfo Canicoba Corral. Pero la cuestión no preocupa a los hombres del Juzgado de Instrucción Nº 4, quienes fueron los primeros sorprendidos al advertir que Barrionuevo se comunicaba desde un teléfono del club. De las pocas escuchas ordenadas en la causa se deduciría un intento de “operar” contra el magistrado interviniente y en el que se pretendió involucrar a un conocido periodista-productor de televisión, cuya voz aparece igualmente en las “pinchaduras”.
La detención de Armando Capriotti ha metido el miedo en el cuerpo a los dirigentes del fútbol y a un puñado de políticos vinculados con ese deporte de manera orgánica, a través de instrumentación de las barras bravas o de la compraventa de jugadores. Saben que la situación de Barrionuevo es comprometida y temen que el carácter transitivo se aplique a la cúpula boquense, y salte de Roberto Digón al presidente Mauricio Macri.
En fuentes del juzgado se especula que los directivos “no pueden ignorar la actividad de las barras bravas, pero hay que probarlo”. Digón, que dijo desconocer esos manejos al ser citado como testigo, fue más explícito cuando la declaración se transformó en indagatoria. Capriotti, en cambio, se mantiene en silencio por consejo de sus abogados, que no confían en la serenidad del defendido. Conocen el paño y sospechan que, en un momento de cólera, la lengua del ayudante de campo de Barrionuevo pueda soltarse más de la cuenta. Paradójicamente, ese mismo silencio le juega en contra al detenido porque lo priva de argumentar en su defensa.
Otro político incómodo con la situación es Enrique “Coti” Nosiglia, que se apresuró a presentarse de modo espontáneo a la primera mención de su nombre. El juez, según su costumbre, no lo recibió. Aunque es público que Nosiglia mantiene cordiales relaciones tanto con Boca como con el presidente de River, José María Aguilar, quien llamó dos o tres veces a Capriotti para interesarse por su suerte y hacerle llegar su solidaridad. Por cierto que no es Nosiglia el único hombre del radicalismo con buenos contactos en el Monumental: Daniel Bravo, hijo del socialista Alfredo Bravo, accede con facilidad a Aguilar y, se comenta, cuenta con la simpatía de Los Borrachos del Tablón.
Esa mélange político-deportiva que se acentuó con el menemismo crea dificultades y fomenta las presiones sobre el juzgado que debe lidiar con otros obstáculos: la inercia policial, que manifestó, por ejemplo, durante el partido entre River y Libertad, por la Copa Sudamericana. La Federal evitó identificar a los portadores de la bandera de la barra, detenidos sobre el final por la actuación de un funcionario del juzgado. El juez, frente a la posibilidad de que ciertas omisiones se produzcan por desconocimiento, proyectaría distribuir entre los efectivos encargados de controlar el clásico Boca-River, un ejemplar de la Ley del Deporte, “aunque sea a cargo del juzgado”.