La guerra está declarada entre River y el subsecretario de Seguridad en Espectáculos Deportivos, Javier Castrilli. Un día después de que se aplicara el “veto preventivo” al estadio Monumental, por los incidentes ocurridos el domingo entre dos facciones de la barra brava de River, el club decidió recusar ayer a Castrilli, pidiendo que se lo aparte de la causa por “prejuzgamiento”, a raíz de sus declaraciones sobre la cantidad de fechas de clausura que le corresponderían al estadio. El funcionario, por su parte, afirmó que los dichos de los testigos de la pelea son “contundentes” para involucrar a dirigentes del club.

Según el descargo que presentó River –que se esperaba para determinar la cantidad de fechas por la que se extenderá la clausura–, las autoridades del club de Núñez buscan demostrar la inexistencia de hechos imputables a la “organización, desarrollo y finalización” del partido frente a Lanús y que se produjeron en “un lugar totalmente ajeno al evento deportivo”.

Como parte sustancial, el escrito contiene una recusación hacia el ex árbitro, a quien se acusa de prejuzgamiento, tras las declaraciones que realizó el lunes pasado para evaluar la situación, cuando dijo que “si sus dirigentes no son convincentes, la sanción va a ser sumamente drástica; no va a bajar de cinco fechas”. El descargo alega que Castrilli tiene un “prejuicio personal absolutamente incompatible con el recto ejercicio de la alta función administrativa que el Poder Ejecutivo de la Nación le ha encomendado”.

“Los testimonios de los testigos son contundentes”, insistió Castrilli, volviendo a asegurar que los directivos en el fútbol “usan a las barras bravas para mantenerse en el poder”, por medio de pactos, a veces “por miedo, porque los aprietan a ellos o a la familia”, pero aclaró que eso no debería suceder, que “no pueden transar con esa mugre”.

Como fundamento de la solicitud de apartamiento del funcionario, River aduce que la subsecretaría no tiene pruebas y que sólo sustenta su acusación de “fallas en la organización del encuentro futbolístico... con 10 fojas de actas policiales e informes de detenidos, nueve fotografías y 18 notas periodísticas”.

Para River, la cuestión no está centrada en los incidentes sino en la forma en que los episodios fueron instruidos. “Ni siquiera podemos saber, a partir de la lectura del expediente, si es que efectivamente se le está imputando a River Plate algún hecho”, dice la presentación, aludiendo a que el expediente administrativo carece de pruebas y tiene “orfandad de referencias fácticas y legales”. De todas maneras, el descargo insiste en que los incidentes no se produjeron dentro del estadio, donde le cabrían las penalidades por desmanes en el marco de un encuentro deportivo, sino en la zona de quinchos, dependencias que corresponden a otras actividades sociales y no futbolísticas.