El titular del Grupo de Acción Financiera Internacional (Gafi), James Sassoon, estuvo reunido ayer con Alberto Abad, director de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), para solicitarle información sobre las políticas que está llevando adelante el país en materia de lavado de dinero y la financiación del terrorismo. Abad le comunicó a Sassoon sobre el trabajo que se viene realizando desde los últimos años, tanto desde lo informático como desde lo político. La Argentina votó el año pasado la llamada Ley antiterrorista, bajo la presión del Gafi, que de no votarla habría declarado al país como un lugar no seguro. Dos sectores son los más vigilados por el gobierno nacional, que a fin de año recibirá una calificación del organismo multinacional: el financiero y el inmobiliario.

La AFIP maneja un caudal aproximado de 5000 millones de datos, con el objetivo de monitorear y controlar el comportamiento de los contribuyentes en todas sus dimensiones. También se encarga de realizar un seguimiento exhaustivo de las 27 millones de cuentas bancarias que hay en el país. “Cuando hablamos del sector financiero no podemos pasar por alto la gran relevancia que tiene un efectivo control sobre la ruta del dinero”, explicó Abad. Por su parte, Sasson aclaró que “es muy importante que todas las piezas disponibles se encuentren articuladas al momento de enfrentar la lucha contra el terrorismo”.

El Gafi es un organismo intergubernamental cuyo propósito es el combate del lavado de dinero y financiación del terrorismo, compuesto por 32 países, dos organizaciones regionales y dos observadores. Argentina será calificada a fin de año. Por ese motivo, la Afip viene realizando una serie de iniciativas para evitar el lavado de dinero: ya puso la lupa sobre el mercado del fútbol, que durante el primer semestre de 2007 movió 160 millones de pesos en concepto de pases futbolísticos, y el control de todas las operaciones inmobiliarias que superen los 300.000 pesos.

“Los operadores inmobiliarios –abogados, contadores, escribanos– no informan las operaciones sospechosas. En la Argentina, el sujeto obligado a informar irregularidades en el sector inmobiliario todavía no está reglamentado; se informa un poco a voluntad del operador. Así como hace diez años se creó un ente para el seguimiento de operaciones financieras, debería crearse uno similar en el ambiente de los negocios inmobiliarios”, indicó a Página/12 Ricardo Tondo, especialista en lavado de dinero inmobiliario.

Entre 2002 y 2007, la Unidad de Información Financiera (UIF), organismo que depende del Ministerio de Justicia, recibió 3134 reportes de operaciones sospechosas, el 27 por ciento fueron informaciones del sector público y el 73 por ciento del sector privado. De ese total, 2685 están bajo análisis, 264 fueron remitidas a un Ministerio Público o a un juzgado en particular y 138 pasaron al archivo de la UIF. “El Gafi deberá dar una certificación sobre la Argentina. Es decir, se les está reclamando a todos los países que deben colaborar más en la lucha contra el financiamiento del terrorismo”, concluyó Tondo.