El juez federal Norberto Oyarbide multiplicó los llamados a indagatoria en la investigación sobre la importación irregular de autos con franquicias diplomáticas, para demostrar que dentro de la Cancillería funcionó una “asociación ilícita”. Algo así como una concesionaria afincada en un sector del ministerio. Hasta ahora sólo estaba citado como sospechoso el ex director de Franquicias Jorge Matas, pero según una nueva resolución tendrán que sumarse al desfile de imputados el ex titular de Ceremonial Marcelo Pujo, un gestor, dos secretarias y un empleado.

Matas y Pujo, ambos de carrera diplomática, son por lo pronto los dos hombres de alta jerarquía de la Cancillería comprometidos penalmente en la maniobra investigada: la importación de autos libres de impuestos (a un cincuenta por ciento de su valor) y su nacionalización en tiempo record (sin esperar los nueve meses exigidos) como paso previo a la venta en el mercado local. Los vehículos ingresaban con franquicias diplomáticas, un beneficio que otorga la Cancillería a representantes de varios rangos de embajadas y consulados extranjeros en el país.

Los que manejaban

Matas manejaba desde 2004 la Dirección de Franquicias y fue separado del cargo. Pujo, director nacional de Ceremonial, era su superior. Todavía conserva el puesto. Matas firmaba documentación clave para el ingreso y circulación de coches diplomáticos. Pujo suscribió en agosto del año pasado una circular que informaba a las representaciones extranjeras que los trámites de importación con franquicias diplomáticas quedaban eximidos de presentar la licencia de configuración de modelo, un requisito básico para que un auto pueda andar por la calle. Las famosas camionetas Hummer, por ejemplo, carecen de esa habilitación.

Pero según Oyarbide este dúo de funcionarios no estaba solo. Sus sospechas se basan en el sumario que está terminando el propio Ministerio de Relaciones Exteriores que, de hecho, hizo la denuncia que originó la causa. De acuerdo con esa auditoría, la secretaria de Matas, María Cristina Santander Rodríguez, y su hija, Marisol Rodríguez, serían parte de la cadena, junto con un empleado de la mesa de entradas, Roberto Barrios. Entre ellos, al parecer, arreglaban el papeleo, acomodaban fechas y sellos, informaron allegados al caso. Más aún: las Rodríguez –según las mismas fuentes– admitieron ser familiares de uno de los intermediarios del negocio, Pablo Rodríguez, también imputado.

Matas tenía que presentarse ayer a la indagatoria, pero pidió una prórroga y se la dieron para el 1° de abril. Los Rodríguez, Pujo y Barrios serán interrogados del 25 al 31 de marzo. Las fechas fueron fijadas por Oyarbide en una resolución en la que oficializa, en acuerdo con el fiscal Patricio Evers, la ampliación del alcance de la investigación al delito de “asociación ilícita”, además de “incumplimiento de los deberes de funcionario público”. A Matas también se lo acusa de “negociaciones incompatibles con la función pública” por el Audi que su esposa, María Eugenia Sanguinetti, le compró al diplomático ruso Mijail Moskin. Fue una de las (al menos) siete operaciones donde medió Pablo Rodríguez.

Cuentas y patrimonio

Simultáneamente, el juez dispuso abrir estudios sobre la evolución patrimonial de todos los implicados. Ya pidió informes sobre sus cuentas y declaraciones juradas al Banco Central y la AFIP entre 2004 y 2007. Es el período abarcado por la pesquisa, en el que se aprobaron ilegalmente franquicias para 92 vehículos de lujo. Mientras tanto, siguen en la mira 15 embajadas y cerca de 80 diplomáticos de rango variado.

Con la hipótesis de la asociación ilícita, que implica un delito grave al tener una pena de 3 a 10 años de cárcel, Oyarbide apuntaría a quedarse con la causa que le reclama el juez Jorge Brugo desde el fuero penal económico. Así lo interpretan en Tribunales. Brugo analiza la misma maniobra, pero el delito es más serio aún: el de contrabando agravado, que eleva la pena mínima a 4 años. Oyarbide sería partidario de que nadie fuera preso hasta el juicio, no así Brugo, que de todos modos esperará para hacer llamados a indagatoria. Su colega se pronunciará por escrito sobre la pelea de competencia. Ayer a última hora pulía sus argumentos. Es factible que tenga que terciar un tribunal superior, aunque por un tiempo podrían sobrevivir los dos expedientes.