La empresa El Rápido Argentino, uno de cuyos micros protagonizó el accidente de Dolores, sufrió en octubre de 1999 otro accidente, aunque de características distintas. Su sección de turismo estudiantil organizó una excursión en Bariloche y llevaron a los adolescentes a nadar a un arroyo que de-semboca en un lago, algo explícitamente prohibido. Cuatro estudiantes y un coordinador se ahogaron. Hasta el día de hoy, transcurridos ocho años y medio, todavía no hay fallo en el juicio penal. La tragedia en la que murieron los chicos del colegio Ecos ocurrió en octubre de 2006. Se calcula que, con suerte, el fallo de primera instancia estará a fines de año. Pero después vendrá un largo período de apelaciones. En el caso de Bariloche, la indemnización rondó los 62.500 dólares por cada joven fallecido, pero El Rápido terminó pagando con cheques de 600 pesos semanales, muchos de los cuales fueron rechazados. El juicio civil por el accidente de los estudiantes y la profesora del Ecos todavía no empezó. Está en etapa de conciliación. Algunos abogados sostienen que la aseguradora ofrece 110.000 dólares a cada familia, pero los padres de los chicos afirman que la propuesta de indemnización es mucho menor. Otro caso emblemático fue el protagonizado por Sebastián Cabello, quien en una picada mató a Celia González Carman y a su hijita de tres años: en 2005 la Cámara de Apelaciones redujo la pena de Cabello a tres años de prisión en suspenso. Y el juicio civil está lejos de terminarse.

El abogado Marcelo Parrilli representó a los familiares de los jóvenes que se ahogaron en el lago Moreno, a 18 kilómetros de Bariloche, en el marco de la excursión adicional organizada por El Rápido Argentino, la misma empresa del accidente de Dolores. En aquel momento, El Rápido sólo tenía un seguro contratado por 60.000 pesos por persona y esa compañía, Provincia Seguros, pagó el monto de la cobertura y nada más. El resto fue parte de una negociación con El Rápido. Pese a que operaba una enorme cantidad de micros, la empresa se presentó ante la Justicia como absolutamente insolvente. Los autobuses no estaban a su nombre, sino que eran prendados, las instalaciones alquiladas, la AFIP le pidió la quiebra en tres oportunidades y la empresa estaba en convocatoria de acreedores. Después de una larga y difícil negociación aceptaron pagar un total de 250.000 dólares como indemnización a las familias de las cuatro víctimas, o sea unos 62.500 por chico. Cobrar esa cifra fue una verdadera odisea. Hubo semanas en que El Rápido entregaba cheques de 625 pesos y lo asombroso es que volvían rebotados por falta de fondos. De esa manera le cerraron las cuentas en el Banco Credicoop y el Nación, ambos de la zona del Abasto.

En la causa penal hasta hoy no hay sentencia. El expediente está trabado desde hace años en la Cámara de Apelaciones de Viedma y hubo sucesivos planteos de que el delito está prescripto. En casi nueve años no se llegó a ninguna condena penal.

La tragedia en la que murieron nueve estudiantes del colegio Ecos, una profesora y dos camioneros ocurrió en octubre de 2006, hace un año y medio. El principal responsable fue el chofer que manejaba el camión en visible estado de ebriedad, pero los padres vienen protagonizando una dura batalla judicial en la que lograron el procesamiento del chofer del micro por homicidio culposo. Por ahora no hay sentencia. Se calcula que, con suerte, el Juzgado Correccional de Reconquista dictará un fallo de primera instancia antes de fin de año.

En la causa civil, el ámbito en el que se debaten las indemnizaciones, por ahora sólo hubo un proceso de mediación. Según algunos letrados consultados por este diario, la aseguradora ofreció 110.000 dólares por cada fallecido. Los padres de los estudiantes desmienten esta cifra: “Proponen muchísimo menos”.

En el sistema judicial argentino las indemnizaciones se fijan en proporción a una supuesta expectativa de ingresos que la persona fallecida iba a producir. El criterio es “resarcir el daño provocado”. Abogados que tienen larga experiencia en casos como éstos cuentan que se suelen pagar mayores indemnizaciones por la muerte de jóvenes de clase media que chicos que vienen de hogares más humildes, supuestamente, porque tienen mayor expectativa de ingresos los de clase media. Cuando se trata de chicos de cinco años, por ejemplo, la indemnización es baja porque no se puede probar la expectativa de ingresos. De todas maneras, las cosas varían según cada caso en particular porque intervienen numerosos actores que no tienen conductas idénticas: los abogados de una y otra parte, los jueces y las cámaras de apelaciones.

Sebastián Cabello atropelló a Celia González Carman y a su hija de tres años con un Honda Civic preparado para correr picadas. Fue el 30 de agosto de 1999. Un tribunal condenó a Cabello a doce años de prisión en noviembre de 2003, o sea que el juicio tardó cuatro años en realizarse. Sin embargo, seis años después del accidente, en septiembre de 2005, la Cámara de Casación Penal, hoy en día el máximo órgano judicial en material penal, cambió la calificación por la de homicidio culposo, que es matar por impericia o negligencia. La pena fue reducida a tres años de prisión y Cabello salió en libertad. El rumor es que la indemnización podría rondar el millón de pesos, pero eso es motivo de una batalla judicial que se está desarrollando.