Desde Bagdad

Las cárceles iraquíes están saturadas. En consecuencia, las condiciones de vida de los reclusos difícilmente pueden ser las que debieran. Lo reconoce la ministra iraquí de Derechos Humanos, Wijdan Mijail Salim, en vísperas de la presentación esta semana del primer informe de su departamento sobre la situación de los presos. El ministerio tiene ante sí una tarea ingente. Y más ahora, que está a punto de iniciar la identificación de miles de cuerpos enterrados en fosas comunes: de la represión de Saddam Hussein, de la guerra contra Irán, de la violencia sectaria...

“Entre preventivos y condenados tenemos 22.000 internos, a los que hay que sumar otros 25.000 en los centros de las Fuerzas de la Coalición”, declara Salim. La cifra está muy lejos de los 400.000 reclusos que denuncia la Unión de Prisioneros y Detenidos en Irak. “Imposible, ¿dónde íbamos a meterlos? No tenemos sitio suficiente”, responde ante la alegación. Admite, sin embargo, que la situación en las 36 cárceles del país es problemática: “Hay centros con capacidad para 200 personas en los que se hacinan más de 500”.

Por eso, el Consejo presidencial acaba de aprobar una ley de amnistía que permite pedir la absolución a quienes lleven más de seis meses encarcelados sin cargos o hayan esperado más de un año para comparecer ante el juez. La medida se espera que deje en libertad a miles de detenidos, en su mayoría sunnitas, pero no alcanza a aquellos bajo custodia estadounidense.

¿Se respetan los derechos de los prisioneros? Salim está trabajando para ello, pero no oculta las dificultades. Su ministerio sólo tiene autoridad para investigar y hacer seguimientos. Carece de capacidad ejecutiva. “Dependemos de la ayuda de Justicia, Interior y Defensa para poder garantizar el correcto funcionamiento del sistema y el respeto de la ley”, manifiesta. “Hasta ahora nos miraban con mucho recelo, pero estamos empezando a coordinarnos y hemos conseguido que acepten la presencia de abogados desde el primer interrogatorio policial.”

Desde fuera parece un avance pequeño. Sin embargo, en un Irak enfangado en luchas del poder, el empeño de esta ingeniera de 45 años por lavar los trapos sucios exige un esfuerzo titánico. Al igual que ese primer informe sobre la situación de los presos que Salim tiene en la mano y que va a hacerse público mañana. “Queremos que la opinión pública sepa lo que estamos haciendo y a lo que hacemos frente”, resume sin querer detallar el contenido. Se espera que el informe revele cuántos de los detenidos son mujeres y cuántos menores de edad, extremo éste que preocupa especialmente a las organizaciones de derechos humanos.

“En realidad, éste es el comienzo de nuestro trabajo –admite–: los dos años anteriores los hemos dedicado a aprender porque estas preocupaciones son nuevas en Irak; sólo ahora empezamos a centrarnos.”

- De El País de Madrid. Especial para Página/12.