Osvaldo Lovey se convertirá en los próximos días en el nuevo subsecretario de Desarrollo Rural y Agricultura Familiar. Actualmente se desempeña como interventor del Instituto de Colonización del Chaco. Su antecedente más destacado es haber sido, a comienzos de los ’70, dirigente de las Ligas Agrarias, un movimiento rural de izquierda que defendía los intereses de los pequeños y medianos chacareros e históricamente estuvo enfrentado a la Federación Agraria. En aquellos años adquirió notoriedad el día que increpó en un acto público en la localidad de Presidencia Roque Sáenz Peña al entonces presidente Alejandro Lanusse para pedirle por la situación de los pequeños productores y exigirle la libertad de una maestra rural de Goya que había sido secuestrada. Pocos meses antes de la llegada de la dictadura se vio forzado a esconderse en el monte chaqueño durante tres años para sobrevivir y luego se exilió en México. Cuando se reinstauró la democracia volvió al país y pasó dos años y medio en la cárcel sin sentencia, acusado de formar parte de una “asociación ilícita” con algunos dirigentes montoneros en el exterior. Una vez en libertad, retomó su militancia social en el campo que ahora le da la oportunidad de incorporarse al Estado para diseñar políticas públicas para el sector.

–¿Los pequeños y medianos productores protestan porque pierden plata o porque ven que otros eslabones de la cadena agroindustrial ganan más?

–Se dan las dos situaciones. Hay actividades en algunas regiones del país que vienen perdiendo plata hace tiempo. En el nordeste, el éxodo del campo a la ciudad no se detuvo. Continúa en el estrato de minifundistas y pequeños productores que trabajan con su familia, con una muy mala o nula mecanización y medios de movilidad muy rudimentarios. Ese productor es el mayoritario en el campo y está muy empobrecido. Un segundo estrato es el de los medianos productores descapitalizados que están endeudados y ahora les están arrendando la tierra a los que siembran soja.

–El productor que alquiló su tierra y ahora vive de rentas, ¿qué incentivo tiene para cambiar?

–Con los precios que se pagan por los alquileres, a un productor chico o medio no le conviene producir. El problema es que esa situación nos lleva a un proceso de deformación de nuestra estructura productiva. Un proceso de mayor concentración de la tierra, porque del alquiler a la compra hay un paso. No es lo mismo que se produzca sobre la base de una estructura de productores familiares a que produzca un pool de siembra o una mesa de dinero. Hay una diferencia muy grande. Se desnaturaliza el sistema de producción. Esto es lo que el Estado tiene que corregir con políticas activas. Hay que generar mecanismos para incentivar otras producciones que el país necesita, si no vamos a tener que importar alimentos y eso resulta un contrasentido.

–¿Cómo se puede hacer para revertir la sojización?

–El mecanismo de retenciones es adecuado, pero las retenciones solas no alcanzan. Hay que establecer reintegros para redistribuir esa renta. Nosotros somos defensores acérrimos de la intervención estatal porque si las decisiones quedan en manos del mercado lo único que se va a sembrar es soja y la agricultura familiar va a ir desapareciendo. Necesitamos trabajar en forma permanente sobre las distintas cadenas de valor y poner sobre la mesa la estructura de costos para saber, por ejemplo, cuánto cuesta producir una hectárea de soja y qué rentabilidad va a obtener cada productor de acuerdo con los rendimientos de las distintas zonas.

–¿Los reintegros se debieron anunciar junto a las retenciones móviles?

–Quizá se podrían haber evitado algunos efectos trabajando un poco más la propuesta, pero cuando se planteó el diálogo las entidades redoblaron la apuesta y plantearon la confrontación. En ese momento, la Presidenta estuvo bien porque tenemos que defender el sistema institucional y respetar la investidura presidencial. No podemos permitir que se utilice una situación como ésa para impulsar una movida desestabilizadora como lo hicieron algunos sectores del campo y de la ciudad.

–Si hay motivaciones desestabilizadoras, no se va a resolver en una mesa de diálogo donde se discuten propuestas técnicas para el sector.

–El conflicto tiene una naturaleza política y la resolución es política. Hay que diseñar políticas agropecuarias que sean sostenibles en el tiempo y que contengan a todos los sectores. Abrir un poco más la jugada para que también tengan algún lugar bajo el sol aquellos sectores postergados del campo que no tienen llegada a los medios de comunicación ni están representados por las entidades que se van a sentar con la Presidenta.

–¿Los pequeños productores no están representados por esas entidades?

–No lo están. Si bien es cierto que la Federación Agraria reivindica en alguna medida los intereses de esos sectores, hay un mosaico muy diverso de pequeños productores que tienen sus asociaciones de carácter local y regional y no están adheridas a ninguna de las grandes federaciones. Generar instancias de participación para que haya representaciones genuinas también es una asignatura pendiente de estos sectores.

–¿A las entidades del campo no les interesa evitar la sojización?

–Algunas están muy contentas con la sojización, pero el Estado es el que tiene que intervenir y hacer valer los intereses del conjunto de la población. Las entidades lo tienen que entender. Los grandes productores no pueden creerse los dueños del país.

–Usted plantea que los reintegros son un complemento indispensable de las retenciones, pero muchos pequeños productores los rechazan.

–Muchos productores los rechazan porque en el pasado el Estado ha pagado los reintegros tarde o nunca. Además, hay un porcentaje de productores que están trabajando en negro y eso es una dificultad. Hay que dar cuenta de eso como parte de la realidad y buscar un mecanismo que resuelva el problema. Hacer un plan de blanqueo progresivo.

–Hay sectores del campo que rechazan todos los mecanismos de intervención estatal. Tienen diferencias ideológicas con el proyecto actual y ahora sienten que es su oportunidad para conseguir algo más.

–Esos planteos responden a los intereses más concentrados de la economía sojera, que quieren quedarse con la totalidad de la renta. Se olvidan de cuál era la situación del país cuando el dólar estaba uno a uno con el peso. No se dan cuenta de que esa renta que se quieren atribuir en su totalidad se debe en gran medida a que el Estado, con una política firme, está logrando mantener un dólar a tres pesos. Ni es todo del Estado ni todo de ellos. En todo caso es del país. Se tienen que dar cuenta de que están produciendo un bien en base a la explotación de recursos naturales. No han puesto todo para obtener las ganancias. La renta de la tierra no es absoluta y la propiedad tampoco. La Constitución dice que el producto de la tierra debe cumplir una función social. Los productores no son dueños de hacer con la tierra lo que ellos quieran.

–¿Qué opina sobre la posición que tuvo Federación Agraria en este conflicto?

–No estoy de acuerdo con las alianzas que eligieron. No lo voy a estar nunca porque esa alianza involucra intereses distintos y en muchos casos opuestos.

–Pero con el lockout lograron lo que venían reclamando.

–Hay que ver. No niego el efecto que pudo tener esta protesta, pero no podemos jugar con fuego.

–¿Qué significa jugar con fuego?

–Prestarse a una maniobra desestabilizadora.

–¿Qué opina sobre el productor Alfredo De Angeli, que adquirió notoriedad pública durante la protesta?

–El representa a ese sector que hoy le está arrendando la tierra a los más chicos. Es un arrendatario.