El diputado Alberto Cantero (FpV), presidente de la Comisión de Agricultura de la Cámara baja, da por seguro un acuerdo con el Ejecutivo para avanzar en el Congreso con un proyecto de ley de creación de un organismo con capacidad para comprar, almacenar y distribuir alimentos con el objetivo de garantizar la “soberanía alimentaria”. El legislador aseguró a Página/12 que el ente controlará todo el comercio interior de alimentos y que la Federación Agraria ya le habría dado su visto bueno.

–¿Cómo impactará en el sector agropecuario el proyecto que impulsa la creación de una nueva Junta Nacional de Granos?

–No es una nueva Junta de Granos sino que es un Ente Nacional de Promoción y Control Comercial Agropecuario y Agroalimentario, que absorberá a la Oncca y se incorporarán nuevas atribuciones. Esta nueva entidad pretende promocionar determinados cultivos e impulsar la seguridad alimentaria, tal cual hacen todos los países desarrollados. Pretendemos contar con una herramienta que garantice la alimentación de todos los argentinos por un período de tres años. Es decir que el Estado sabrá exactamente cuál es su stock de alimentos, cuánto se produce mensualmente, cuánto se transforma y cuánto se exporta. Será un organismo con autoridad para asegurar la libertad de competencia y transparencia de los mercados; evitará la cartelización de los grandes productores y las conductas oligopólicas tanto en la compra como en la venta de alimentos. El comercio de granos y alimentos está concentrado en muy pocas manos.

–¿Cómo instrumentará sus políticas?

–El nuevo ente manejará todo lo que sea comercio interior y exterior. Y será el Gobierno el que definirá, en última instancia, cómo juntar ambas atribuciones. No son menores los cambios que se introducen. El nuevo Ente podrá comprar, almacenar y distribuir alimentos, pero no estamos pensando en formar un gran Estado empresario que defina todo lo que se produzca y comercialice. El organismo le permitirá al país saber que habrá alimentos suficientes para tres años y que si llegara a darse un proceso de escasez, también tendrá las herramientas para comprar y distribuir alimentos y penalizar los comportamientos oligopólicos.

–¿Es decir que se le podría poner un freno a la expansión de la soja?

–La idea es que haya plantaciones de trigo, maíz, papa, verduras, siempre pensando en la rotación de cultivos. La planta de soja no es en sí el gran enemigo de la Argentina. Es un cultivo que ha incorporado mucha tecnología que les permitió a los grandes productores expandir y concentrar la superficie sembrada. Diferentes pooles sojeros plantearon hace tres años que para 2010, de las 30 millones de hectáreas cultivables en el país, 20 millones estarían destinadas a la soja. Tener más del 70 por ciento de un monocultivo genera varias dificultades, como la expulsión de los productores del campo que se van a otros pueblos y ciudades.

–Ante este escenario, ¿qué medidas podría aplicar el nuevo organismo?

–Para equilibrar las 30 millones de hectáreas cultivables, hay que ampliar la frontera agrícola. Con las tecnologías actuales, se pueden llegar a tener 35 millones de hectáreas con doble cultivo. A partir de ahí, estimular a los tambos, a la carne, el trigo y el maíz. Además, habría que impulsar una Ley de Presupuestos Mínimos para el ordenamiento y manejo de las tierras. El nuevo organismo, de lograr su aprobación, propondrá un desarrollo agropecuario equilibrado.

–¿Qué escucharán hoy las cuatro entidades del agro en la Casa Rosada?

–Primero hay que destacar el gesto de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, que en menos de 24 horas de presentado el pedido de audiencia por parte de las entidades del agro se la concedió. Esta actitud da cuenta de que existe una decisión política de avanzar sobre las medidas concretas presentadas hace diez días por la mandataria y el ministro (Martín) Lousteau. Y dentro de esta voluntad, existe un claro interés de reconocer a los pequeños productores por sobre los que se dedican a la agricultura financiera. En este contexto, estimo que la reunión de hoy tendrá resultados positivos, donde las entidades escucharán las precisiones operativas y ejecutivas de las seis medidas anunciadas.

–¿No le parece llamativo que el ministro Lousteau no participe de la negociación?

–Estará la máxima autoridad de la Nación, que es la Presidenta. De ahí para abajo, se tomarán todas las medidas necesarias. La ausencia del ministro carece de cualquier connotación política; él y (Javier) De Urquiza, secretario de Agricultura, estuvieron trabajando todos estos días en las precisiones de las medidas. Incluso estimo que en la reunión también se hablará de algunas políticas más globales sobre el desarrollo agropecuario, tendientes a planificar el mediano plazo, como la Ley de Emergencia que esta semana tuvo dictamen positivo en la comisión de Agricultura.

–La discusión y aprobación de ese proyecto en la comisión ¿se apuró para presentarlo ante los dirigentes del agro?

–Este es un proyecto que se planteó ante el secretario de Agricultura el 14 de febrero, cuando armamos la agenda de la comisión. Su tratamiento no estaba dentro de un esquema de urgencia, como adujo la oposición. Tampoco sabíamos que hoy sería la reunión entre la Presidenta y el sector agropecuario.

–Las seis medidas presentadas por Lousteau llegaron a raíz del lockout, lo que hace pensar que no existían previamente.

–Cuando se anunciaron las medidas del 11 de marzo, se dejó entrever que también se aplicarían otras políticas complementarias. Pero apenas fueron anunciadas, el campo entró en conflicto con el Gobierno, lo que modificó todo el escenario. Sobre la metodología del anuncio, si se deberían haber anticipado todas las medidas, es un tema para discutir más adelante. Lo importante ahora será resolver el fondo de este conflicto.