A través de los decretos 630 y 631, el Gobierno formalizó la designación de los titulares de los dos organismos creados en el marco del nuevo reordenamiento ferroviario. Marcelo López Arias, legislador salteño, será presidente de Operadora Ferroviaria Sociedad del Estado, mientras que Juan Pablo Schiavi tendrá a su cargo la Administración de Infraestructura Ferroviaria Sociedad del Estado.

López Arias, de origen justicialista, tuvo un acercamiento al actual gobierno tras producirse el distanciamiento entre el ex gobernador salteño Juan Carlos Romero y el kirchnerismo, que derivó en el apoyo de este último sector a la candidatura del actual gobernador, Juan Manuel Urtubey, en las últimas elecciones. Schiavi registra un paso por las filas del macrismo, en sus orígenes, para luego hacerse cargo del Ministerio de Planeamiento y Obras Públicas de la ciudad durante la gestión de Jorge Telerman.

Los dos entes creados por ley son la parte medular del Reordenamiento Ferroviario que el Congreso convirtió en ley en febrero pasado. El tratamiento legislativo del proyecto tuvo un extendido trámite, dado que había sido originalmente aprobado en el Senado a mediados del año pasado.

El plan de reordenamiento pretende darle una nueva orientación a la gestión y administración de las líneas ferroviarias de carga y transporte, actualmente concesionadas al sector privado pero con un elevado grado de ineficiencia. La ley contempla la creación de las dos sociedades mencionadas, la primera de las cuales, como Operadora, podrá tomar a su cargo la prestación del servicio en caso de rescisión de algunos de los actuales contratistas o en el caso de tendido de nuevas líneas. El esquema de prestaciones, muy flexibles, también habilita el llamado a nuevas licitaciones para concesionar el servicio.

La segunda empresa se encargará de la infraestructura ferroviaria y, consecuentemente, de desarrollar el plan de inversiones en la red y el equipamiento rodante. El mantenimiento del material rodante correrá por cuenta de la Operadora Ferroviaria. También está prevista la participación de gobiernos provinciales y municipales en la futura gestión de la red ferroviaria nacional.

La norma prevé que la nueva Administradora deberá “tener en cuenta la garantía del interés público, la satisfacción de las necesidades sociales, la seguridad de los usuarios y la eficacia global del sistema ferroviario”. En un plazo de dos años, está previsto que se transfiera a la órbita de la Administradora el patrimonio ferroviario que se encuentre en jurisdicción del actual Organismo Nacional de Administración de Bienes (Onabe). Ambas sociedades estarán bajo jurisdicción del Ministerio de Planificación.