Hoy se cumple una semana del secuestro de Ariel Perretta, hijo del dueño de una fábrica de filtros para el automotor. En la investigación que realiza el fiscal federal Marcelo Fernández hay siete detenidos que podrían tener relación con el secuestro. Uno de los que ayer fue indagado por el fiscal tiene una vieja relación con los Perretta y habría algunos datos que lo incriminan. Es más, hubo un allanamiento, con resultado negativo, de un predio en el que se sospechaba que tenía cautivo al joven de 24 años. Entre quienes tienen experiencia en materia de secuestros hay dos posturas. Por un lado están los que consideran que se debe avanzar en allanamientos y detenciones, aun estando la víctima secuestrada. La teoría es que la banda se siente acosada, suele reaccionar dejando en libertad al secuestrado para huir y no arriesgarse a ser detenida. Del otro lado, se ubican los que afirman que se debe investigar desde el primer día, pero sin allanar ni detener. La secuencia consiste en dejar que se haga el pago, que la víctima sea liberada y recién después actuar contra la banda. Como se ve, el fiscal Fernández se inclina por la primera forma de actuar.

Los últimos secuestros de envergadura fueron los de Franco Andreola en agosto de 2007 y Hernán Ianone, en diciembre de 2006. En este último caso actuó el fiscal Paul Starc, que actualmente es el subsecretario de Investigaciones del Ministerio de Seguridad bonaerense. De manera que en la cúpula del ministerio –incluyendo también al ministro Carlos Stornelli– hay funcionarios con experiencia en un delito tan complejo como el actual. Aun así, la tarea no es fácil. Ni el caso Ianone ni el de Andreola fueron realmente esclarecidos, aunque ambos recuperaron la libertad después de pagarse el rescate.

Según trascendió públicamente de fuentes de la investigación, la banda que tiene secuestrado a Perretta parece tener mucha experiencia y una estructura grande. En el momento del secuestro utilizaron dos autos y se llevaron también el 206 del joven. En el primer llamado se produjo la prueba de vida, pero según dijeron públicamente fuentes de la fiscalía y la policía no hay comunicaciones desde hace varios días. La cifra pedida, tres millones de dólares, no tiene relación con el nivel económico de la familia Perretta. “No pueden juntar ni el diez por ciento de esa cifra. Es un disparate”, sostuvieron ayer en fuentes judiciales.

Aunque entre los expertos hay discrepancias sobre la forma de actuar ante un secuestro, sí existen coincidencias en que es clave que no se filtre información sobre las negociaciones y la marcha de la pesquisa. Este diario adhiere a la idea de que el periodismo debe mantenerse a una distancia prudente del caso hasta tanto la víctima sea liberada.

Por lo que se percibe hasta el momento, el fiscal Fernández adhiere a la postura de que “debe hacerse cesar el delito”, es decir que el Estado tiene que allanar, detener e interrumpir el pago, aun estando el secuestrado en poder de los captores. Eso se evidencia con las detenciones y los allanamientos hechos en las últimas 48 horas. Según se dio a conocer, uno de los detenidos es conocido de Ariel y hay otros que tienen frondosos antecedentes en materia de secuestros. ¿Existe el riesgo de que maten al secuestrado? Los adherentes a esta teoría afirman que no, que las bandas tienen como objetivo canjear al secuestrado por dinero, no matar. Y, además, saben que un asesinato lleva la pena a reclusión perpetua. El fiscal Jorge Sica, quien siempre respaldó esta forma de actuar, irrumpió en una quinta para liberar a Ernesto Rodríguez, el padre de Jorge “Corcho” Rodríguez. También intentó cortar el pago en el caso de Axel Blumberg, pero luego ocurrió –sin que tuviera directamente que ver con el corte del pago– que Axel intentó escapar, les vio la cara a los secuestradores y, pasados de droga, los delincuentes lo mataron.

En la otra vereda están quienes piensan que se corre un riesgo allanando y deteniendo. La estrategia consistiría en juntar elementos, pruebas, cruces telefónicos y toda clase de evidencia para caerle a la banda una vez que haya liberado al secuestrado. Quienes sostienen esta teoría afirman que en medio de un allanamiento, cualquier delincuente o incluso un policía pueden disparar contra la víctima. Incluso que se necesita un nivel de profesionalismo en las fuerzas de seguridad difícil de encontrar.

En lo que sí hay acuerdo total entre quienes sustentan una y otra teoría es que cada caso es distinto, un mundo aparte. Y hay veces que quienes están a favor de allanar, ven que la cuestión es demasiado peligrosa, y prefieren esperar la liberación, mientras que los que se inclinan por la teoría más cautelosa pueden encontrarse con un cuadro en el que perciben grave peligro para la víctima y deciden intervenir sí o sí.