IMPA (Industria Plástica y Metalúrgica Argentina), la primera fábrica recuperada, fue desalojada por orden de un juez en lo comercial. La empresa ya había tenido un intento de desalojo la semana pasada, frenado por los trabajadores. La policía realizó un nuevo operativo el martes a la noche, cuando había sólo cuatro personas en la planta, quienes fueron fácilmente sacados del edificio. Los integrantes de la cooperativa permanecen ahora acampando en la calle, frente a la puerta de la fábrica.

El desalojo fue impulsado por el reclamo de una deuda generada por los antiguos dueños de la metalúrgica. La empresa fue recuperada en 1998, en aquel momento la cooperativa se hizo cargo de cinco millones de pesos de créditos tomados por la gestión anterior. Cancelaron una parte de ese monto, pero todavía están impagos alrededor de un millón y medio de pesos. Por esa deuda, dos de los acreedores pidieron la quiebra y el remate de los bienes. Los trabajadores sostienen que habían llegado a un acuerdo económico con los demandantes, pese a lo cual el juez igual ordenó el operativo que los sacó del lugar. Hoy tendrán una audiencia en los tribunales en la que reclamarán que los dejen reingresar a la fábrica.

Pablo Piñeyro es uno de los integrantes de la recuperada que ahora acampan en la puerta. “Somos 90 personas trabajando en IMPA. El viernes llegamos a un arreglo con estos dos acreedores, les pagamos incluso la primera cuota por 19.500 pesos, pero el juez alegó cuestiones administrativas para sostener el desalojo, como haberle dado el dinero a las empresas directamente en lugar de hacer un depósito judicial.” Piñeyro habló por eso de una motivación política como sostén de la clausura.

IMPA fue un símbolo de las empresas reabiertas por los trabajadores por haber sido pionera en el rubro. En la mejor época de su gestión como recuperada, abrió un centro cultural que ofrecía obras de teatro y talleres de cuanta cosa se podía aprender: fotografía, acrobacia, historieta, música e historia, entre otras cursadas. Fue también la primera en montar un bachillerato popular para adultos que todavía funciona, en la actualidad en una sede de la UBA. En los últimos años, sin embargo, la cooperativa sufrió fuertes divisiones internas que la llevaron a situaciones de crisis, al punto de que la fábrica llegó a estar cerrada transitoriamente. Cambió varias veces de conducción, la última en agosto del año pasado, cuando el grupo de trabajadores que inicialmente controlaban la fábrica, pero que habían sido desplazados, la volvieron a ocupar en lugar de los que estaban entonces. Eduardo Murúa es el representante de este sector que actualmente tiene mayoría en la cooperativa.

La fábrica atraviesa los últimos cien años de la historia argentina. Fue fundada en 1910 por empresarios alemanes; Juan Domingo Perón la nacionalizó en 1945 y Arturo Frondizi la convirtió en cooperativa en 1961. En 1998, tras varios años de vaciamiento, fue cerrada; ese mismo año, cincuenta de sus trabajadores iniciaron la autogestión.

La metalúrgica está en el barrio de Almagro, en la esquina de Querandíes y Pringles, donde ocupa casi una manzana. Es un enorme edificio de cuatro pisos y 22 mil metros cuadrados. Esto la ha hecho blanco de ofensivas inmobiliarias; el año pasado tuvieron la propuesta de ponerlo a la venta, pero los inversores se toparon con la negativa de una parte de los cooperativistas, algunos de los cuales trabajan allí desde hace más de 25 años y han visto a la fábrica morir y renacer varias veces.

El operativo de desalojo fue ordenado por el juez Víctor Hugo Vitale, del juzgado en lo comercial Nº 4. Los acreedores que presentaron el pedido de quiebra son una cooperativa de créditos y una empresa de pintura, antigua proveedora de la metalúrgica. La fábrica estaba trabajando al 40 por ciento de su capacidad, produciendo pomos de aluminio y bandejas descartables. Según Piñeyro, sus problemas económicos “son de tipo financiero, porque tenemos muchos pedidos de producción”. La cooperativa estaba pagando sueldos de entre 1200 y 1500 pesos a sus noventa asociados.