La resistencia del conservador Partido Demócrata de Mendoza a desprenderse del ex comisario Carlos Rico Tejeiro, el secretario de Seguridad denunciado por los organismos de derechos humanos por su actuación durante la dictadura y reconocido por una sobreviviente en la Dirección de Inteligencia (D2) de la policía provincial en 1976, concluyó ayer con la renuncia del ministro de Seguridad, Juan Carlos Aguinaga, y todo su gabinete. La confirmación estuvo a cargo del secretario General de Gobierno, Alejandro Cazabán, luego de reunirse con el gobernador Celso Jaque; el titular de los demócratas, Omar De Marchi, y el propio Aguinaga. Por la tarde, con el visto bueno de los intendentes peronistas, se anunció al nuevo ministro: Carlos Ciurca, hasta ayer diputado provincial, ex presidente de la bicameral de Seguridad durante la gestión como gobernador del vicepresidente Julio Cobos.

La renuncia de Aguinaga, que volvió a Mendoza el sábado después de dos semanas en Brasil, se decidió el lunes a la noche durante una reunión con Cazabán y De Marchi. El secretario les informó que la presión del gobierno nacional era “muy fuerte” y había que “encontrar una salida al tema Rico”. Tal como informó Página/12, la presidenta Cristina Fernández de Kirchner le comunicó a Jaque la suspensión de la entrega de una partida de 40 millones de pesos para seguridad mientras Rico siguiera en su cargo.

Ante la cerrada defensa demócrata del policía, que llegó a firmar documentos en los que autorizó el traslado de presos torturados desde el D2 a la penitenciaría de Mendoza, no encontraron mejor alternativa que romper el acuerdo de diciembre, cuando Jaque sorprendió a sus electores cediendo a extrapartidarios la cartera de seguridad. El Diario Uno fue el único que amaneció con la noticia, que se confirmó al mediodía en conferencia de prensa. “En nombre del gobernador y de todo el gobierno de Mendoza, lamentamos la renuncia del ministro Aguinaga”, afirmó Cazabán. Agradeció “a todo el equipo” saliente “porque han trabajado muy bien”.

Aguinaga explicó que “hay una gran presión del gobierno nacional que torna dificilísimo seguir adelante con el plan de seguridad porque los recursos no llegan. Esta presión se llevó a cabo en acuerdo sincronizado con un sector minoritario del Ministerio de Gobierno. Por ello, se va todo el equipo que entró conmigo. Hemos trabajado muy bien. Hemos reprimido y prevenido el delito. La gestión fue exitosa”, aseguró. Ante preguntas ratificó que “todo es por el caso Rico” y aseguró que “jamás he tenido en mi actuación pública relación con una acción ilícita que haya partido de un gobierno que no sea democrático”. Nadie le repreguntó sobre las originadas en gobierno democráticos.

El pasado de Rico no fue el único motivo que generó rechazo en la gestión de Aguinaga. El 24 de marzo pasado, cuando 5 mil personas marcharon a la gobernación para descubrir una placa con los nombres de los desaparecidos mendocinos, ocupó un lugar destacado la Asociación de Víctimas del Delito. Es que la sensación de inseguridad es un problema central para los gobernadores mendocinos. De hecho, para el triunfo de Jaque fue clave un spot en el que parado frente a un “mapa del delito” repleto de puntos rojos, predicaba: “Tengo un plan para combatir la inseguridad. Voy a bajar el delito en un treinta por ciento en seis meses. Eso para empezar”.

El 11 de diciembre, cuando anunció la delegación del tema en los demócratas, muchos mendocinos comenzaron a hablar de “estafa”. En enero Jaque se reunió con representantes de medios para pedirles que no machacaran sobre el tema, al tiempo que enviaba a la Legislatura una ley de emergencia que otorgó superpoderes a Aguinaga. Pero los resultados nunca llegaron. Para peor, la gestión Rico aportó casos de gatillo fácil memorables. El 18 de febrero, cuando la policía intentó detener a Ezequiel Vila, un balazo de goma policial le perforó un pulmón. Los agentes lo dejaron tirado en el piso y dijeron que los habían corridos a piedrazos.

El 28 de marzo, seis turistas chilenos en un moderno Subaru fueron a correr picadas y terminaron corriendo pero perseguidos, primero por otros pisteros, luego por un patrullero. Tras detenerlos, la policía informó que eran “traficantes” y se habían resistido a tiros. Un fiscal les imputó abuso de armas, aunque nunca las encontró y el patrullero estaba intacto. Luego de cuarenta horas incomunicados pudieron hablar. Desde el patrullero les tiraron seis tiros, que sí dieron en su auto. Al detenerlos los esposaron, los golpearon y les robaron 6 mil dólares. El mismo fiscal imputó a once policías por apremios ilegales. Fue el último aporte de Aguinaga y Rico a la seguridad de los mendocinos.