Marchas, escraches, cortes de ruta y recitales serán algunas de las actividades que comunidades rurales y pueblos ancestrales realizarán hoy en siete provincias en conmemoración del Día Mundial de la Lucha Campesina. La acción, que se realiza en 56 países, es impulsada por organizaciones de base no representadas por las cuatro entidades tradicionales del agro argentino, familias que no siembran soja, sufren desalojos de sus tierras ancestrales y cuestionan el actual modelo de monocultivo. “Rechazamos el modelo agropecuario, no entendemos la tierra como un negocio, es nuestra cultura y nuestra vida. La reforma agraria integral y la soberanía alimentaria son nuestra propuestas”, explica el Movimiento Nacional Campesino Indígena (MNCI), que impulsa una legislación específica para el sector, actualmente cajoneada en despachos oficiales.

La sede porteña de Monsanto (frente a Plaza San Martín, a las 17) será lugar para el escrache de organizaciones urbanas, huerteros comunitarios y agrupaciones estudiantiles para denunciar el impacto social y ambiental que produce la soja transgénica y el químico Roundup, de la compañía estadounidense. “Monsanto es el mayor símbolo, aunque no el único, de un modelo de agronegocios que contamina suelos y ríos, expulsa campesinos y envenena poblaciones enteras”, afirmaron los convocantes, que como pruebas exhiben estudios, en base a datos oficiales, donde confirman el éxodo de 300 mil familias campesinas en los últimos diez años y pruebas judiciales con los efectos nocivos de los agrotóxicos.

La Secretaría de Ambiente confirma las denuncias del Movimiento Campesino Indígena. “La soja es una poderosa amenaza a las biodiversidad, produce deforestación, degradación de suelos, concentración de tierras, expulsión de población rural y reducción de la seguridad alimentaria”, resalta el informe “El avance de la frontera agropecuaria y sus consecuencias”. El MNCI, integrado por 15.000 familias campesinas, completa el estudio: sólo entre 2003 y 2008, la superficie sembrada con soja creció 32 por ciento, cuatro millones de hectáreas se sumaron al negocio de la soja.

Con el conflicto por las retenciones aún sin resolver, las organizaciones de base que conmemoran el Día de la Lucha Campesina destacan que están en las antípodas de Federación Agraria, Coninagro, Sociedad Rural y Confederaciones Rurales. “Los empresarios que desarrollan el modelo sojero son los responsables del genocidio ambiental de 17 millones de hectáreas de bosques y suelos, el desalojo y el ataque a comunidades campesinas y pueblos originarios, la falta y encarecimiento de alimentos”, denuncian, pero también toman distancia del poder político: “En los últimos 30 años, todos los gobiernos promovieron los agronegocios y ningunearon a trabajadores rurales, campesinos e indígenas”.

Según un estudio de la Secretaría de Agricultura y del Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA), en Argentina subsisten 220 mil pequeños productores, el 79 por ciento (174 mil) abarca a los menos capitalizados, de pocas parcelas, que trabajan y viven de lo que siembran, la base de la pirámide del campo, sector lejano a las entidades tradicionales que sostienen los agronegocios.

Otras actividades se realizarán en Mendoza (departamento de Lavalle), Misiones (San Pedro), Salta (Cafayate), Jujuy (Tilcara), Córdoba y Santiago del Estero (en ambas capitales provinciales). En todas las acciones se difundirá el proyecto de ley elaborado en centenares de talleres y encuentros, decenas de espacios de formación, reuniones en ranchos y chacras alejadas, donde se consensuó una propuesta específica del campo no sojero. Compuesta por 41 artículos, propone garantizar las permanencia de campesinos e indígenas en sus tierras ancestrales, detener los desalojos, impulsar la vuelta a la tierra de quienes fueron expulsados, asegurar la función social de las parcelas improductivas, proteger el medio ambiente y los bienes naturales, evitar la explotación laboral de los trabajadores rurales, diseñar políticas diferenciales para el sector, reconocer la identidad y la diversidad cultural campesina indígena.

En una detallada síntesis, se explica cómo podría aplicarse la ley, cuáles serían las autoridades de aplicación, quiénes los sujetos comprendidos por las normativas, metodologías de resolución de conflictos sujetas a derecho y hasta el presupuesto necesario. El proyecto de ley fue entregado al Gobierno (Ministerio del Interior y Secretaría de Ambiente), pero aún no le han dado curso legislativo ni convocado a los campesinos indígenas a ninguna mesa de diálogo.