Y de pronto algo cambió. Tras haber prorrogado durante el mandato de Néstor Kirchner las licencias de los canales de televisión, y luego de haber aprobado la fusión de Cablevisión y Multicanal en manos del Grupo Clarín, el Gobierno parece haber decidido a cambiar su política de comunicación. Si los anuncios se confirman en la práctica, en los próximos 90 días el Ejecutivo presentará en el Parlamento un proyecto para sancionar una nueva ley de radiodifusión. Ayer, la presidenta Cristina Fernández de Kirchner se reunió con más de 60 integrantes de la Coalición por una Radiodifusión Democrática, que agrupa a federaciones de radios comunitarias, autoridades universitarias, sindicatos, académicos ligados a la comunicación y organismos de derechos humanos. Los miembros de la coalición entregaron una propuesta con 21 puntos que tiene notorias diferencias con el concepto generalizado que entiende a la comunicación como una mercancía. “La radiodifusión es una forma de ejercicio del derecho a la información y la cultura. No un simple negocio comercial”, sostiene el documento en uno de los apartados.

De la audiencia con la Presidenta participaron Hebe de Bonafini (Asociación Madres de Plaza de Mayo), Alba Lanzilloto (Abuelas), Sara Mamani (Serpaj), Andrea Pochak (CELS), Néstor Busso (Federación Argentina de Radios Comunitarias, Farco), el decano de la Facultad de Periodismo de la Universidad de La Plata, Alejandro Verano, y el vicedecano de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA, Damián Loreti. También participaron el legislador porteño Juan Cabandié, la diputada nacional Victoria Donda, dirigente de Judiciales Julio Piumato y el dirigente de La Cámpora José Ottavis. Por el Ejecutivo estuvieron CFK, el interventor del Comfer, Gabriel Mariotto, su segundo, Sergio Fernández Novoa, y el secretario de Medios, Enrique Albistur, quien poco antes había dado una conferencia de prensa para responder acusaciones por negocios incompatibles con la función pública (ver página 15).

El documento de la coalición busca garantizar el pluralismo, la libertad de prensa y el derecho a la información. También exige evitar la concentración de la propiedad de los medios –una realidad del mapa actual– y fomentar el acceso de las organizaciones sin fines de lucro (sindicatos, ONGs, universidades) a la titularidad y gestión de servicios de radiodifusión.

Tras la reunión, Mariotto contó los pormenores desde la sala de conferencias de la Casa Rosada. “La Argentina merece una nueva Ley de Radiodifusión para vencer las presiones que durante 25 años impidieron cambiar el decreto de la dictadura militar, decreto que aún lleva las firmas de los integrantes de aquella junta”, dijo.

La entrevista con la Presidenta se realizó en el Salón Norte de la Casa Rosada. Una hora después, Bonafini contó sus impresiones a Página/12: “La intención es muy buena, hoy fuimos más de sesenta representantes de distintas entidades, sindicatos, emisoras comunitarias. Había distintos colores e identidades políticas. Le habíamos dado el mismo documento a Néstor Kirchner hace cuatro años”, recordó.

Designado por la Presidenta para las rondas de consultas previas a la presentación del proyecto en el Congreso, Mariotto irá convocando a todos los representantes del sector: para las próximas semanas prevé invitar a las cámaras empresarias que representan a los propietarios de radios privadas, canales de televisión, diarios y distribuidoras de cable (ARPA, ATA, Adira, Adepa y ATVC) para discutir el proyecto. También habrá espacio para los gremios, nucleados en la Comisión Sindical de Medios de Comunicación (Cosimecos).