Funcionarios del Gobierno, dirigentes de la oposición y especialistas en materia previsional se trenzaron en un áspero debate sobre las bondades de la ley de movilidad jubilatoria que aprobó anteayer el Senado. La norma establece que los haberes previsionales aumentarán dos veces por año de manera automática, en función de un índice que combina la evolución de los salarios y de los recursos de la seguridad social. El ministro de Trabajo, Carlos Tomada, ponderó que el derecho a la movilidad haya quedado instituido por ley, terminando con una herencia negra del menemismo que había derogado esa institución. También interpretó que el radicalismo, la Coalición Cívica y el Frejuli se opusieron al proyecto por “razones mezquinas”. Gerardo Morales, de la UCR, le devolvió que la fórmula de cálculo de los futuros aumentos es “confiscatoria” y confirmó que será cuestionada ante la Justicia.

“Afortunadamente hoy podemos decir que hemos dado otro paso adelante, de los varios que venimos dando” para mejorar la situación de jubilados, destacó Tomada. El ministro reconoció que la iniciativa “no es la solución final del sistema jubilatorio, pero me pone contento que se ha podido instalar definitivamente la institución de la movilidad”. También consideró que la oposición rechazó la ley “simplemente porque sabe que ésta es una fórmula virtuosa, que el mecanismo es el correcto, pero lamentablemente vimos que por razones puramente mezquinas un sector se dedicó a agraviar y taladrar la propuesta”.

En la misma línea se expresó el titular de Anses, Amado Boudou. “Es raro que aquellos que bajaron las jubilaciones un 13 por ciento (durante el gobierno de la Alianza) ahora nos digan que no entienden la fórmula, que es simplemente un promedio entre las subas de los salarios y los recursos previsionales.” El diputado Juan Carlos Días Roig (Frente para la Victoria) agregó que no escuchó a ninguno de los dirigentes del radicalismo que ahora anuncian que pedirán la inconstitucionalidad de la ley asumir en 2001 que el recorte de 13 por ciento que practicaron en los haberes era ilegal. “Carrió tiene a su lado a la diputada Patricia Bullrich, que en 2001 fue la ministra de Trabajo que impulsó el descuento de 13 por ciento. Si tenían tan buenas ideas cuando fueron gobierno, por qué no las aplicaron”, recriminó el legislador.

Para el defensor de la Tercera Edad, Eugenio Semino, la ley cristaliza una situación injusta. “El jubilado se está muriendo de hambre y con esto se seguirá muriendo de hambre. La brecha que hoy es grande, se va a seguir incrementando”, cuestionó. “Ayer tuve la sensación de que se estaba discutiendo algo así como tener una persona en camiseta en la Antártida, y ver qué es peor: si veinte grados bajo cero o treinta grados bajo cero. Esa persona se va a congelar igual”, se quejó Semino. Tomada dijo frente a esa argumentación que la ley en cuestión es “un paso más” en la recuperación del sistema previsional, que había quedado “destruido” después de 14 años de menemismo y del gobierno de la Alianza. “No es la solución definitiva. Es un paso más en una tendencia que se inició en 2003 y que cada año se va consolidando”, insistió.

El senador Morales, que en la sesión de anteayer hizo una autocrítica por el recorte del 13 por ciento de 2001, reiteró que “el Gobierno ha buscado la peor solución” para la movilidad y ratificó que la cuestión “irá a parar a la Justicia”.