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La confianza es un activo intangible por el que invierten mucho esfuerzo políticos y empresarios. El caso más emblemático en el sector privado es los bancos, que pueden seguir operando solamente si los clientes conservan la fe en su solvencia. Las compañías en general destinan millonarios recursos para construir una imagen de seguridad para retener el apoyo de los consumidores. Por ese motivo se desesperan cuando emerge a la opinión pública casos que las involucra en hechos de corrupción, deficiencia en sus productos o debilidad patrimonial. Se preocupan para evitar la difusión de ese tipo de noticias, muchas veces con éxito. En el mundo de la política sucede algo similar. La carrera de muchos quedó trunca cuando expectativas sociales depositadas en esas figuras se astillaron hasta que terminaron arrojados al ostracismo. Los gobiernos entonces buscan afanosamente retener la confianza de las mayorías, tarea que la encara con medidas, actitudes y promesas sobre la perspectiva de un futuro mejor. En concreto, la confianza es una construcción en el imaginario social con varias vertientes que lo alimentan. En la esfera de la política económica se desarrolla esa dinámica pero con la particularidad que detrás de ese concepto de confianza, además de la búsqueda de ese consenso para sumar más fortalezas, se ocultan intereses materiales que tienen poco o nada que ver con ese activo intangible. El discurso acerca de la necesidad de ganar el favor de los mercados se instaló en la década pasada y cada tanto regresa en esta etapa en el discurso oficial como una recidiva de una época fallida. El reclamo de señales, que se traduce en medidas favorables al capital financiero o a los sectores productivos más poderosos, para motivar una corriente de inversiones o para frenar despidos tiene el conocido desenlace de la frustración. La consistencia de una estrategia no se deposita en la confianza de agentes económicos esquivos, sino en la intervención y planificación pública que genera las condiciones para impulsar un crecimiento sostenido con inclusión social. Esto quedó demostrado a partir del desplazamiento de la lógica de valorización financiera por una de impulso a la industrialización. Este proceso que implicaría el firme desarrollo de un círculo virtuoso en la economía no lo es en la Argentina. Además de la desorientación de sectores del Gobierno, que ahora impulsaron un blanqueo de capitales y una moratoria impositiva y antes propusieron la apertura del canje de deuda en default y el pago de reservas al Club de París en el comienzo de la peor crisis mundial desde la Gran Depresión del ’30, el rasgo de complejidad de la economía argentina se expone en un factor determinante: la presencia de una burguesía predatoria que logra interrumpir ciclos de crecimiento vía aumentos de precios, morosidad en decisiones de inversión que sólo la realizan con subsidios estatales, predominio de comportamientos rentísticos y fuga de capitales como lógica de su propia acumulación.

Ante esas conocidas e históricas características de ese relevante sujeto social, cuyos intereses son expresados por gran parte de los medios, resulta demasiado cándido desconocerlas, más aún en un escenario complicado por una crisis internacional de proporciones. Esos rasgos destructivos para la integración social son omitidos cuando se lanza el proyecto de blanqueo de capitales fugados, propuesta que tradicionalmente la banca ha alentado y ahora ha tenido recepción positiva. Existe una tendencia, en algún sentido secular de la burguesía doméstica, a girar fondos al exterior, incluso en período de bonanza económica. Las motivaciones para justificar ese comportamiento son variadas, desde la más común que es para evadir el pago de impuestos, hasta las más filosóficas-existencialistas acerca de la calidad institucional o la desconfianza en la política económica. Estas últimas quedan relativizadas en la práctica porque hubo fuga con dictaduras militares y gobiernos democráticos, con peronistas y radicales, con estrategias neoliberales y neodesarrollistas, con discursos amigables y agresivos al mercado. Con tantas experiencias y bien diversas, el balance que surge es que la fuga de capitales es parte constitutiva del ser de la burguesía local. Si bien es cierto que el retiro de fondos del circuito de la economía doméstica no es exclusivo del poder económico en la Argentina, lo es en su intensidad y permanencia. La existencia de paraísos fiscales (Principado de Liechtenstein, Islas Caimán, entre otros) es la prueba más visible que dichos territorios son refugio de capitales que abandonaron sus países de origen. Según la OCDE, las plazas off shore acumulan un patrimonio privado de entre 5 y 7 billones de dólares, cinco veces superior al de hace dos décadas, se indica en el documento “¿Hasta cuándo los paraísos fiscales?”, elaborado por los inspectores de finanzas de España.

El proyecto oficial de blanqueo busca seducir a capitales que se refugiaron en paraísos fiscales, en bancos insolventes de potencias en crisis o que están escondidos en cajas de seguridad. Para avanzar en la comprensión de la dinámica de ese comportamiento de retiro del dinero del circuito local resulta revelador rescatar las conclusiones del informe final de la Comisión Especial Investigadora sobre Fuga de Divisas de la Cámara de Diputados, integrada en 2002 y coordinada por Eduardo Basualdo y un equipo de Flacso. En ese documento se destaca:

- En la economía argentina existe un problema estructural que consiste en la práctica de muchos particulares y de sectores empresarios de alta concentración de colocar sus excedentes financieros en el exterior.

- Una parte importante de esos fondos son, presumiblemente, producto de la evasión y/o elusión impositiva, lo que a su vez explica, en parte, la vocación por la fuga.

- El fenómeno ha existido (aunque con variaciones cuantitativas) desde hace décadas. De allí que no resulte correcto vincular el fenómeno sólo con las situaciones de inestabilidad política o económica.

- Se conformó un aceitado mecanismo para favorecer y facilitar la fuga de divisas que incluye una participación directa de bancos en vinculación con entidades off shore en el exterior, lo que es de conocimiento abierto por los operadores y participantes del sector financiero.

Si bien corresponde a la evaluación sobre el período anterior al corralito, la siguiente observación contenida en ese informe sigue siendo vigente: “El Estado, en general, y el BCRA, en particular, tampoco implementaron medida alguna para desalentar y restringir la salida de capitales y, con ello, resguardar a los ciudadanos”. Para agregar que “el sostenimiento de la liberalización absoluta de los flujos financieros resultó altamente inequitativa para la sociedad, por cuanto permitió a unos pocos retirar sus fondos de la economía y sometió al resto de la sociedad a pérdidas de magnitud en el valor de sus activos y al empobrecimiento generalizado”.

Una estrategia exitosa en línea opuesta al proyecto de blanqueo de capitales fue una medida propuesta por la Comisión Nacional de Valores e instrumentada hace un par de semanas para frenar la maniobra de fuga con títulos públicos. La operatoria “contado con liquidación” fue entorpecida logrando estabilizar la plaza cambiaria cuando en la city se estaba alentando una corrida, a la vez que complicó las vías de girar fondos al exterior. Pero los financistas buscaron caminos alternativos para seguir con su trabajo y por ese motivo es tan relevante la rapidez en la reacción y la capacidad de regulación de los organismos de control del mercado. Frenada la operación con bonos, los financistas empezaron a implementar la fuga con las acciones de Tenaris, papeles que también cotizan en Nueva York.

Con una burguesía estructuralmente fugadora de capitales y un sistema financiero a su servicio, más importante que un plan para alentar el regreso de dólares depositados en, paradójicamente, bancos quebrados del exterior de potencias en recesión, el Gobierno debería diseñar una estructura de regulaciones cambiarias más estricta. La historia enseña que ha sido bastante esquiva la suerte cuando se deposita la recuperación de la confianza en una burguesía predatoria, que desde hace décadas con su persistente fuga de capitales ha provocado elevados costos para el bienestar social de las mayorías postergadas.

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