La falta de castigos ejemplares frente al delito de evasión impositiva, las demoras interminables de la Justicia y las moratorias a repetición aportan a una cultura tributaria subdesarrollada. En ese marco, la ley de blanqueo de capitales que acaba de aprobar el Congreso a instancias del Gobierno refuerza la sensación de impunidad ante el incumplimiento en el pago de impuestos. La ley establece que aquellas empresas o particulares que ingresen dinero no declarado pagarán entre el 1 y el 8 por ciento del total de los fondos reconocidos. La AFIP trabaja en la reglamentación de la norma, que tendrá lista hacia mediados del próximo mes. Estimaciones privadas indican que podrían volver al circuito formal alrededor de 5000 millones de dólares, dando empuje a inversiones inmobiliarias y permitiendo el autofinanciamiento de empresas que hoy no encuentran crédito o deben afrontar tasas siderales. La estrategia oficial es controvertida, pero no es menos cierto que sigue la lógica de una docena de países desarrollados y emergentes que en algún momento de los últimos años apelaron al mismo instrumento para atraer recursos vitales para sus economías.

Un revelador informe de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) detalla los perdones fiscales que implementaron desde 2001 a la fecha un grupo de países entre los que se encuentran Alemania, Estados Unidos, Inglaterra, Irlanda, Italia, Bélgica, Grecia, Rusia, Portugal, Sudáfrica, México y Canadá. El congreso brasileño, a su vez, debate un proyecto de blanqueo similar al que se aplicará aquí desde el próximo mes. En todos los casos, el objetivo es recuperar capitales para alimentar a la economía tanto en circunstancias de crisis como de bonanza.

La fuga de dinero hacia paraísos fiscales es un grave problema para la mayoría de los países. Frente a la actual debacle financiera, el gobierno alemán insinuó que habría que poner bajo observación a Suiza y empezar a diseñar regulaciones sobre sociedades off shore, a fin de contener el drenaje de divisas. La cumbre del Grupo de los 20 en Washington a mediados de noviembre también hizo una mención al tema en esa línea. Sin embargo, para avanzar con ese tipo de medidas se requiere de una fortaleza política que hasta el momento no ha aparecido, porque lo que está en juego son los intereses de los sectores más adinerados. En consecuencia, lo que ha venido ocurriendo es que de manera recurrente distintas naciones aprobaron leyes “especiales” para habilitar el blanqueo de capitales, con intención de hacerse aunque sea de una porción del dinero perdido.

El informe de la OCDE detalla esas medidas país por país. Una diferencia central con Argentina es que en varios de ellos existen políticas de Estado constantes para controlar a los contribuyentes y sancionar la evasión:

- Alemania: “La ley de amnistía fiscal entró en vigencia el 1º de enero de 2004 y permitió a los contribuyentes volver al cumplimiento (impositivo) en relación a los fondos ocultos en el extranjero”, explica el documento. El blanqueo estuvo vigente durante 15 meses. En el primer año, los que aprovecharon la amnistía debieron pagar un 25 por ciento de los fondos reconocidos, mientras que los últimos tres meses la carga subió a 35 por ciento. La medida le permitió al fisco alemán recaudar 901,7 millones de euros.

- Estados Unidos: “El 14 de enero de 2003, el Servicio de Impuestos Internos puso en marcha una iniciativa para que los contribuyentes con cuentas off shore o que habían ocultado sus ingresos reales volvieran a cumplir con la legislación fiscal.” Quienes se presentaron evitaron las causas civiles por las obligaciones fiscales pendientes de pago, los intereses y las sanciones. El plan estuvo vigente cuatro meses y aportó 270 millones de dólares de recaudación, con más de 1300 inscriptos.

- Rusia: Se aprobó una ley para permitir el ingreso de fondos no declarados que estuvo vigente entre marzo de 2007 y enero de 2008. El costo fue de 13 por ciento sobre los ingresos admitidos. “Los fondos declarados durante la amnistía quedaron exentos de sanciones por evasión”, detalla el informe.

- Inglaterra: “El Reino Unido ha puesto en marcha el 17 de abril de 2007 un servicio de divulgación off shore para alentar a los ciudadanos que poseen capitales pendientes de pago de impuestos a que regularicen su situación fiscal. Esta ley abarca a las personas que tengan o hayan tenido una cuenta extraterritorial”, indica. En este caso, hay que pagar el 10 por ciento del monto declarado, pero con intereses.

- Bélgica: Este país “ha llevado a cabo una serie de amnistías fiscales”. La última entró en vigencia en enero de 2006, pero es de carácter permanente. Habilita a personas físicas y sociedades a informar ingresos no declarados. Se aplican las tasas de interés del mercado.

- Italia: Fue uno de los casos de blanqueo paradigmáticos, aprobado en 2001. El objetivo fue la divulgación y regularización de activos. El fisco recaudó 1480 millones de euros en 2002 y 617 millones en 2003. Su experiencia fue imitada más tarde por otros países europeos.

- Grecia: “El gobierno presentó una amnistía fiscal el 4 de agosto de 2004 para quienes poseían capitales en el extranjero. La repatriación fue posible mediante el pago de un impuesto del 3 por ciento del valor de los fondos ingresados”, señala el documento.

- Sudáfrica: “La amnistía fue un éxito. El FMI y el Banco Internacional de Pagos llegaron a la conclusión de que esta experiencia se convirtió en uno de los puntos de referencia a nivel internacional”, indica el informe. Estuvo vigente durante 2003. El Gobierno argentino asegura que se basó en aquella ley para armar su proyecto.

- México: El blanqueo se aplicó en 2005, sin penas para quienes declararan el dinero fugado. “La amnistía reconoció como ingreso sólo el 25 por ciento de la cuenta repatriada”, precisa.

- Canadá: “El gobierno aplica un programa permanente para alentar el cumplimiento de los contribuyentes, quienes pueden corregir omisiones en sus declaraciones de impuestos sin sufrir por ello penalización o enjuiciamiento. La participación aumenta año a año”, describe.

En 1992, el gobierno de Menem aplicó por decreto un plan de repatriación que estuvo vigente hasta 1994. Un informe del estudio Bein recuerda que aportó entre 1,9 y 2,4 por ciento de la recaudación total durante esos años. Hoy ese nivel rondaría entre 5000 y 6000 millones de dólares.