Desde que estalló la crisis internacional, el Estado argentino se hizo “socio” de 242 empresas. Es una sociedad de la que no espera retirar ganancias, y que mantendrá “el tiempo que sea necesario”, de acuerdo con la promesa del ministro de Trabajo, Carlos Tomada, quien dialogó ayer con Página/12. Se trata de una de las salidas que encontró el Gobierno para evitar la multiplicación de despidos. Lo que hace el Ministerio de Trabajo es aportar dinero para cubrir una porción de los sueldos de los empleados de esas compañías. Viene desembolsando hasta 600 pesos por trabajador. Como es un subsidio, los beneficiarios no tienen que devolver la plata. Sólo deben suscribir un convenio con la cartera laboral en el que se comprometen a no despedir a nadie que se encuentre bajo relación de dependencia.

La ayuda está enmarcada en lo que se conoce como Programa de Recuperación Productiva (Repro). Fue creado a principios de 2002, en un momento de convulsión social y laboral que no guarda relación con estos días, más allá del terremoto mundial y sus réplicas locales. En los últimos años de caída de la desocupación, el Programa quedó para casos excepcionales: frente a un conflicto del sector de la sanidad en Mendoza, en los supermercados Toledo o en la siderúrgica Paraná Metal, por ejemplo, que lo viene usufructuando desde hace 19 meses (ver aparte). Pero a partir de octubre pasado, el Repro volvió a escena en toda su dimensión.

Los trabajadores de las empresas que piden el socorro estatal cobran una suma fija mensual no remunerativa de hasta 600 pesos por mes, destinada a completar el salario correspondiente a su categoría laboral. Los pagos son efectuados de manera directa por la Anses. Para acceder al beneficio, las empresas deben acreditar la situación de crisis en que se encuentran y presentar los planes a desarrollar para superarla. Además, como se mencionó más arriba, deben firmar un convenio con Trabajo para comprometerse a no realizar despidos. Las compañías logran un deshago porque quedan autorizadas a practicar recortes salariales, compensados en parte o en un todo por los subsidios del Repro. La otra condición para la aplicación del Programa es que el sindicato de los trabajadores involucrados también suscriba el convenio.

Según precisó Tomada a este diario, su cartera ya desembolsó entre las 242 empresas que adhirieron al Repro a partir de octubre un total de 28.470.700 pesos. Entre los sectores que participan del programa se destacan la pesca, autopartes, metalmecánica, curtiembre y textil, de compañías ubicadas en los cordones industriales de Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, Mendoza y La Rioja.

“Es un estímulo por el lado de la demanda”, destacó Tomada, lo que traducido de la jerga técnica, significa que el Estado pone plata en el bolsillo de la gente de manera directa. El Gobierno viene intentando un mix de medidas ofertistas, por el lado de la demanda y una fuerte intervención pública para evitar una destrucción masiva de puestos de trabajo. Por el lado de la oferta, promovió una ley –reglamentada el último jueves– que permite una rebaja de aportes patronales en nuevos empleos y promueve el blanqueo laboral. La justificación oficial para esas medidas –resistidas años atrás por el propio gobierno por el desfinanciamiento de la seguridad social– fue que se busca dar señales al empresariado de que ahora tienen todas las condiciones que reclamaban para generar empleos.

La evaluación del ministro de Trabajo es que los resultados de la estrategia del Gobierno son “satisfactorios”. A pesar de que la crisis internacional es apabullante, en Argentina no hay “una amenaza grave sobre el empleo”, juzgó Tomada. “La situación es relativamente estable, con algunos casos puntuales que son grandes. Pero no hay ninguna actividad ni sector económico que anuncie un día 100 despidos, otro día 80 despidos, otro día 200. Eso no está ocurriendo. Vemos preocupación del lado de los empresarios por preservar el trabajo, y creo que es porque todos hemos aprendido. En los ’90 hubo una pérdida de capacidades laborales muy grande. Las empresas comprendieron lo que cuesta formar un empleado y ahora no quieren perderlos así nomás”, interpretó.

Un indicador a mano de la cartera laboral sobre la situación del empleo surge de la evolución de los Procedimientos Preventivos de Crisis (PPC). En este caso, se trata de empresas que comunican a ese ministerio despidos numerosos. Lo que ocurre en esas circunstancias es que se abre una negociación para buscar alternativas a la desafectación de personal. En lo que va de enero, hubo nueve casos, la misma cantidad que en todo diciembre. Pero en noviembre habían sido 16 y en octubre, 17. Antes del advenimiento de la crisis, los números eran muy inferiores: hubo sólo dos PPC en septiembre de 2008, tres en agosto, cuatro en julio, once en junio (por impacto del conflicto agropecuario), ninguno en mayo, dos en abril, ninguno en marzo ni en febrero y tres en enero. En conclusión, el cambio de situación es evidente, pero no existe una situación de descontrol.

Una comparación con otros países de la región muestra que la intervención oficial frente a anuncios de despidos masivos, como fueron los casos de Paraná Metal, General Motors, Easy o Carrefour, más el de Siderar, aún en debate, resultó clave para revertir la situación. En Brasil, en cambio, el gobierno de Lula dejó que el mercado “hiciera su trabajo” y todas las semanas se suman empresas que aplican cesantías generalizadas. Sólo la última semana se conoció que la alimentaria Sadia echó a 350 personas en San Pablo, la fabricante de máquinas agrícolas John Deere envió 502 telegramas, la metalúrgica Delga Engemet dejó en la calle a 100 trabajadores y el sindicato bancario denunció que el Banco Santander planea expulsar a 400 empleados.

Frente a esta ola de despidos, la Central Unica de Trabajadores y el sindicato metalúrgico realizaron manifestaciones masivas en San Pablo. Una de ellas fue hasta el Banco Central brasileño, a reclamar una baja de las tasas de interés –finalmente aplicada– para dar oxígeno a las empresas. La marcha, curiosamente, fue contra uno de los puntales de la política económica brasileña de los últimos años, premiada por las calificadoras de riesgo con el famoso “investment grade”. Argentina estuvo lejos del “investment grade” y de la aprobación de los mercados, pero hoy no vive las postales de San Pablo.