Desde La Paz

La oposición y el gobierno nacional aseguran que muy posiblemente hoy la nueva Constitución de Bolivia será aprobada en referéndum popular. Pero cívicos, prefectos y legisladores de derecha sostienen que puede complicarse su aplicación en los cuatro departamentos de la Media Luna. Lo mismo opinó ayer el vicepresidente, Alvaro García Linera. “Habrá problemas, pero la inmensa mayoría del país está de acuerdo en que hay que cambiar –dijo–. En todas partes del mundo el derrumbe de los mecanismos y las jerarquías coloniales y racistas trae dificultades, porque hay que romper hábitos de considerar al otro como un sirviente o como un inferior.” Según cálculos del Palacio Quemado, el nuevo texto tendrá el Sí del 64 por ciento del electorado. Los detractores del presidente Evo Morales rezan para que la aprobación ronde el 50 por ciento, así les será más sencilla su labor opositora.

La nueva Constitución dispone que la población boliviana sea propietaria de todos los recursos naturales del país, cuya administración estará a cargo del Estado. También garantiza el acceso a la educación y a la salud. Y establece un régimen de autonomías exigido desde hace años en varias localidades del oriente boliviano donde se impone la oposición al gobierno del Movimiento al Socialismo (MAS).

Pero estos grupos se manifestaron disconformes con el capítulo de autonomías elaborado en el Congreso el año pasado sobre la base del texto finalizado en 2007 por la Asamblea Constituyente. Según los autonomistas que se dicen “verdaderos”, sólo debería haber una forma de autonomía: la departamental. No aceptan la constitucionalización de la autonomía indígena porque advierten que sólo generará ingobernabilidad y dividirá al país “en 36 naciones”, en alusión a los 36 pueblos indígenas de Bolivia.

Los regímenes autonómicos establecen la elección directa de las autoridades por la población; la administración de sus recursos económicos; y el ejercicio de las facultades legislativa, reglamentaria, fiscalizadora y ejecutiva por las oficinas del gobierno autónomo dentro de su jurisdicción y competencias y atribuciones. Las autonomías (departamental, municipal, indígena y regional) se subordinarán en igualdad de condiciones al Poder Ejecutivo.

“Si un alcalde estuviera subordinado a las órdenes de un gobernador departamental, el alcalde ya no sería autónomo, por lo tanto esa autonomía sería un fracaso. Todas las autonomías valen lo mismo, igual que valen lo mismo el Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial”, dijo el ministro de Desarrollo Rural, Carlos Romero, uno de los escribas del gobierno en el proceso constituyente.

Bajo la marca de la autonomía, la oposición trató de hacer tambalear al gobierno del MAS en varias oportunidades. “La polarización se ha diluido desde que se incorporó el tema de las autonomías en la Carta Magna. Esto no significa que se ha acabado el conflicto. Posiblemente la derecha seguirá exigiendo más autonomía y menos presencia del Estado en la economía”, sostuvo el vicepresidente en conferencia de prensa.

El cuarto capítulo de la nueva Constitución, que trata sobre “Estructura y organización económica del Estado”, reconoce que en Bolivia funciona una economía plural, “constituida por las formas de organización económica comunitaria, estatal, privada y social cooperativa”. Pero entre las formas de organización económica tiene mayor relevancia la del Estado, que “tiene como máximo valor al ser humano y asegurará el desarrollo mediante la redistribución equitativa de los excedentes económicos en políticas sociales, de salud, educación, cultura, y en la reinversión en desarrollo económico productivo”.

El diputado cruceño Carlos Klinsky, del recientemente desa-parecido Poder Democrático Social (Podemos), denunció ante los observadores electorales de la Organización de los Estados Americanos (OEA) que cientos de personas están habilitadas para votar en dos lugares el mismo día. “Espero que gane el No. En los últimos días creció mucho el voto por el No. Hace días, el presidente decía que su Constitución sería aprobada por el 80 por ciento, pero todavía tiene que seguir de campaña para recolectar votos. Por eso nacionalizó la petrolera Chaco a dos días de la consulta”, dijo a este diario.

“Va a ser muy complicado que gane el Sí. Y si gana, va a ser muy complicado aplicar esa Constitución. La parte de autonomía no fue consensuada con cuatro departamentos: Santa Cruz, Beni, Tarija y Chuquisaca. Creo que lejos de ser una solución, este texto constitucional profundizará la división entre los bolivianos. Es un texto racista: divide a los bolivianos entre indígenas y no indígenas. Y los indígenas podrán votar dos veces. Una vez según sus usos y costumbres y otra por voto universal. Además tendrán derecho a acoger ciertos cargos en la Corte Nacional Electoral (CNE), en el Tribunal Constitucional y en la Corte Suprema de Justicia por el sólo hecho de ser indígenas. Es una barbaridad. De esos cargos deberían ocuparse los técnicos, debería haber algún criterio de selección”, dijo el diputado.

“Nunca ningún gobierno se acordó de los pueblos indígenas. Nuestra participación es necesaria para acabar con tanta discriminación y racismo a la que nos sometieron los gobernantes. La nueva Constitución existe por las luchas del pueblo”, dijo a Página/12 la aymara Gumersinda Martínez, que vende frutas en la avenida 6 de Agosto de El Alto. En la tierra del Sí es redundante qué se marcará en la papeleta.

Además de decir Sí o No al nuevo texto constitucional, la población deberá decidir cuál es el límite de la propiedad agraria: cinco mil o 10 mil hectáreas. Esta medida no será retroactiva, por lo que no afectará a las propiedades ya constituidas. Esta concesión del gobierno permitió que el Congreso aprobara la realización del referéndum en octubre del año pasado, luego del intento de golpe de Estado cívico prefectural en los departamentos de la Media Luna.

Hoy, el presidente votará en Villa Tunari, Cochabamba. A la tarde regresará a La Paz para aguardar los resultados. La CNE concluyó de distribuir el material electoral para que voten 3.800.000 bolivianos.

La aplicación de la nueva Constitución –de imponerse el Sí– requerirá la aprobación de leyes en el Congreso, que pasaría a llamarse Asamblea Legislativa Plurinacional. Posiblemente los legisladores opositores, que controlan el Senado, se resistan. Por ello Morales ya avisó que si los congresistas no colaboran, la nueva Constitución se impondrá mediante decretos.