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El presidente Eduardo Duhalde quiere anunciar en los próximos días la reanudación de 800 obras públicas que estaban paralizadas por reclamo de los contratistas, quienes presionaban para que el Estado les reconociera la indexación de sus facturas. Lo que Duhalde no anunciará es que, mientras el Gobierno se rehúsa a reintegrar el 13 por ciento recortado a los empleados públicos, ya está pagando mucho más caro por las obras que están a cargo de grandes empresas privadas. El Presupuesto 2003 prevé aumentos en las partidas de obra pública de hasta el 300 por ciento. No es que Duhalde piense construir un Sheraton, como diría Susana Giménez, sino que el Presupuesto incorpora una estimación del nuevo precio de las obras: así, el año próximo habrá que pagar más de 600 millones de pesos extra para construir lo mismo. La influencia de dos amigos presidenciales está presente en el negocio más grande del presupuesto duhaldista. Uno es funcionario “ad honorem” a cargo de la Secretaría de Obras Públicas. El otro, el empresario del sector más favorecido durante la gobernación Duhalde, deudor del Banco Provincia y de la DGI.
El decreto 1295, del 17 de julio pasado, reinstaló, después de 10 años, la indexación para una sola clase de contratos del Estado: las obras públicas. Por supuesto, ninguna otra partida del Presupuesto estipula mecanismo de ajuste por inflación alguno: ni el pago de bienes y servicios a proveedores ni, obviamente, los salarios.
El decreto dispone que “los precios de los contratos de obra pública... podrán ser redeterminados a solicitud de la contratista” cuando “los costos de los factores que la componen se hayan incrementado en promedio más del 10 por ciento”. Los nuevos precios, a su vez, se deberían determinar ponderando una serie de factores: precios de los materiales y demás bienes de la obra, costo de la mano de obra, amortización de equipos y repuestos, y...”todo otro criterio que resulte significativo a criterio del comitente”. Lo que se dice una versión sofisticada del famoso “qué te puedo cobrar”... por esta obra.
Aún más generoso es el mecanismo de aprobación de los nuevos contratos: una vez presentado el nuevo Presupuesto, supuestamente ajustado por “costos”, la Sigen (Sindicatura General de la Nación) tiene un plazo máximo de 15 días para revisarlo, caso contrario “su silencio será interpretado como conformidad”. Teniendo en cuenta la cantidad de contratos que están en revisión –por estos días se habla de unos 800–, en un plazo tan corto, será difícil no escuchar de la Sigen otra cosa que silencio.
Gracias al decreto, las principales constructoras están renegociando sus contratos con el Estado con incrementos de costos que rondan entre el 70 y el 100 por ciento. Aducen el incremento de los materiales de la construcción –el índice de precios de la construcción se incrementó 40% desde enero–. Pero lo cierto es que uno de los principales costos del sector, la mano de obra, no sólo se mantiene planchado, sino que les saldrá todavía más barato en el futuro. Uno de los proyectos que maneja el Gobierno es aplicar los planes Trabajar y Jefes de Hogar a la construcción. Así, las empresas constructoras se deberían hacer cargo de la diferencia entre la ayuda estatal (150 Lecops) y el salario mínimo (200 pesos).
De un lado del mostrador de la obra pública se encuentran las grandes constructoras como Roggio, Techint y Sideco, del grupo Macri. La empresa de Victorio Américo Gualtieri, constructor predilecto de Duhalde en la provincia de Buenos Aires, es líder en obras provinciales, pero difícilmente se quede afuera del principal negocio del Presupuesto 2003.
Paradójicamente, Gualtieri es uno de los mayores contribuyentes a las campañas políticas duhaldistas y uno de los grandes evasores denunciados por la Administración Federal de Ingresos Públicos. Además, es uno de losgrandes clavos para el Banco Provincia, ya que hace tiempo que dejó de pagar su millonaria deuda con la entidad.
Del otro lado del mostrador atiende Hugo Toledo, ex ministro de Obras Públicas de Duhalde en la provincia de Buenos Aires y actual asesor ad honorem de la Secretaría de Obras Públicas. Desde que Duhalde llegó al poder, dicha Secretaría dejó de estar bajo la órbita del Ministerio de Economía y pasó a depender directamente de Presidencia. El escribano Toledo es quien resuelve absolutamente todos los temas, aunque oficialmente no tenga firma. Viejo amigo del pago chico del Presidente, fue socio de la inmobiliaria de Duhalde e intendente de Lomas de Zamora. Durante su gestión al frente del Ministerio de Obras Públicas de Buenos Aires fue el gran proveedor de contratos a Gualtieri.
En el Presupuesto 2003, los únicos rubros de gastos que aumentan notablemente son los de la obra pública, no precisamente porque se prevea un boom de obras, sino porque ya se anticipa que costarán más caras. Entre Vialidad y Obras Públicas, el Presupuesto es 611 millones de pesos superior al aprobado para este año. Un 45 por ciento más (ver cuadro).
Pero hay algunos rubros en los que los incrementos son sorprendentes y, mejor aún, reveladores de qué costará verdaderamente caro:
u En “nuevas construcciones viales”, por ejemplo, el Presupuesto se incrementa en 198 por ciento, mientras que para las obras de “recuperación y mantenimiento de caminos”, los gastos suben un 50 por ciento.
u En obras hídricas, las erogaciones previstas aumentan un 141%, mientras que en “obras de emergencia por inundaciones” el incremento es del 180 por ciento.
u Curiosamente, en “formulación, ejecución y control de obras públicas”, una caja sin asignación específica que podría usarse como comodín para cualquier destino, el salto es de 330 por ciento: de 20 a 86 millones de pesos.