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Dicen que las leyes son como las salchichas, es mejor no saber cómo están hechas. La investigación sobre el nuevo escándalo de coimas en el Senado está dejando entrever, tal como ocurrió hace dos años con el caso que precipitó la renuncia de Chacho Alvarez, no sólo la cocina parlamentaria de la Cámara alta sino también el modo de hacer política en ella. Página/12 accedió a los informes que producía la consultora de Carlos Bercún, el lobbysta sospechado en el caso, que resultan más elocuentes por lo que ocultan que por lo que muestran. Este ex funcionario con poderosos padrinos políticos ¿factura miles de pesos sólo por sistematizar información pública o la clave está en la tarea de “alerta” personalizado y de lobby? Todos los banqueros que declararon ante la Justicia coincidieron en que se “sorprendieron” cuando el Senado dio media sanción a las leyes Barrionuevo y de Responsabilidad de las Casas Matrices. Sin embargo, este diario comprobó que Bercún ya les había enviado los respectivos dictámenes cuando fueron aprobadas en comisión (ver facsímil). Quizá faltó una llamadita o visita de “alerta”. A partir de la documentación que poseen tanto los investigadores judiciales como los del propio Senado se abren variadas especulaciones sobre el presunto pedido de coima, revelado a fines de agosto por el diario británico Financial Times (FT).
El hombre que durante diez años entró sin pedir permiso a los despachos de los legisladores más influyentes del Congreso se jactaba de ser un “operador político”. Pero de ex funcionario del Ministerio de Economía y poderoso lobbysta pasó a ser el principal sospechoso de haber negociado un pedido de coima para frenar uno o varios proyectos de leyes que perjudicarían los intereses de la banca. Página/12 comprobó que sus informes de seguimiento parlamentario –por los que factura mensualmente 25 mil pesos de la Asociación de Bancos de Argentina (ABA), 27 mil del Citibank, 3 mil 700 del Banco Central y facturaba 19 mil del Ministerio de Economía– carecen de membrete o logotipo que identifique a su consultora, CB y Asociados. Incluyen anexos con versiones taquigráficas completas de reuniones de comisiones, tal como uno que aparece entre los 22 informes elaborados entre el 16 de julio y el 15 de agosto –secuestrados por la Justicia en las oficinas de la ABA y de Bercún, y en poder de la Comisión de Asuntos Constitucionales del Senado– referido a la reunión de la Comisión de Economía del Senado, realizada el 31 de julio y de la que participaron el presidente del Banco Central Aldo Pignanelli y el vicepresidente segundo de esa entidad, Ricardo Branda.
Manuel Vicens, presidente de la ABA, declaró ante la Justicia que “el servicio que se le contrata es el seguimiento de las iniciativas parlamentarias, lo que sucede en cada una de ellas, así como también el análisis desde el punto de vista técnico legislativo de las mismas, lo que se materializa en informes escritos u orales, estos últimos suceden solamente cuando hay un hecho urgente o importante”. De la lectura de los informes surge que el valor agregado a la información pública es la contextualización de cada proyecto, antecedentes y descripción de todo lo que ocurre en las sesiones de las comisiones y del recinto.
Los presidentes de los bancos Citi, Boston y HSBC declararon como testigos ante el juez federal Claudio Bonadío que se enteraron en detalle de la ley Barrionuevo, por la que supuestamente “legisladores argentinos” habrían pedido una coima según el FT, recién cuando obtuvo media sanción en el Senado. Incluso entre los senadores circula la versión de que a Bercún “se le pasó” el tema y no avisó. Sin embargo, los informes demuestran que los banqueros que pagaban sus servicios tuvieron en sus escritorios el texto del dictamen de la Comisión de Trabajo una semana antes de que fuera aprobado en la Cámara alta.
El alerta que no llegó
Es posible que algún banquero no lo haya leído y que no haya habido “informe oral”, como mencionó Vicens. ¿Bercún omitió “alertar” sobre la ley Barrionuevo? ¿Se le pasó cuando obtuvo dictamen de comisión, el 18 de junio, apenas diez días después de haber ingresado por mesa de entradas? ¿O el “olvido” no fue tal para que el proyecto pasara desapercibido y ante la inminencia de su tratamiento fuera más fácil cobrar algún soborno de los banqueros? Estas son algunas de las especulaciones que hacen los investigadores, a las que se agrega la del anónimo incorporado a la causa, según el cual fue Ricardo Branda el ideólogo de “recaudar” con el paquete de leyes que afectan a los bancos. En sociedad con el senador Carlos Verna y Bercún, habrían pedido 1 millón y medio para frenar la ley Barrionuevo.
Sin embargo, es poco creíble que la ABA no haya detectado el asunto. El director de la entidad Norberto Peruzzotti le dijo al juez que conocía el proyecto desde junio. Y admitió haber hablado con Bercún al respecto. Por su parte, Vicens aseguró ante al juez que tenía conocimiento pero “no se lo transmitió a los asociados porque él tenía la idea de que el proyecto estaba en comisión y que no iba a pasar al recinto en forma inmediata”. Fuentes de la entidad y banqueros consultados por Página/12 describieron esta escena: “Estábamos en la reunión del Consejo Directivo, el mismo 15 a la tarde, pensando que en el Senado trataban la prórroga del CER, cuando empezaron a sonar los celulares..., todos nos empezamos a poner nerviosos. Luego vino la bronca”. Si fue así, hay una hecho que lo explica: la ley Barrionuevo no estaba en el orden del día de la sesión del 15 de agosto, pero decidieron incluirla porque en el palco se habían ubicado Juan José Zanola y los muchachos de la Asociación Bancaria.
Apenas estalló el escándalo, además de tratar de defenderse señalando a Bercún, la senadora Malvina Seguí destacó que lo que verdaderamente les preocupaba a los banqueros no era la ley Barrionuevo sino el proyecto de ley de Responsabilidad de Casas Matrices, en el que ella había propuesto una modificación sustancial al conocido como ley Alfonsín: que esa responsabilidad no fuera sólo futura sino aplicable a la actual situación de depósitos acorralados. Los banqueros también se sorprendieron y se enojaron por la media sanción que tuvo esa norma. Y esa bronca coincide con la decisión de avanzar con el “hard lobby” descripto por FT: al día siguiente de la sesión que los exaltó cuatro de ellos acudieron ante sus embajadores para pedirles que propicien un freno al acuerdo entre Argentina y el FMI hasta que el Gobierno no se comprometa a trabar las leyes que tanto los irritan.
Hipótesis y especulaciones
En el juzgado tienden a pensar que el asunto de las nuevas coimas puede haber sido una operación de los banqueros, que habrían generado este manto de sospecha sobre la norma que quieren frenar. En tal sentido analizan que el trámite de la ley Barrionuevo fue “normal”, porque fue votado por unanimidad en comisión y porque los tiempos no evidencian que haya habido demoras que permitan inducir la realización de negociaciones espurias. No les llama la atención que haya sido girado a una sola comisión, la que preside Barrionuevo, porque saben que cuando se quiere frenar un proyecto se lo envía a varias, como de hecho pasó ahora en Diputados con la misma norma. Pero quizá la idea no era frenarlo sino llevarlo al borde de su sanción. La ley Barrionuevo no pasó por comisiones de peso como Economía, y su titular, el senador Oscar Lamberto, se quejó por ello en el recinto. La otra hipótesis que los investigadores no descartan indica que la norma diseñada por el senador-gremialista fue elaborada al solo efecto de recaudar o forzar a los banqueros a negociar con el gremio bancario el asunto de la obra social que aún se debate en la Corte Suprema. “Es tan rígida que los bancos tienen que pedirle permiso a Zanola hasta para ir al baño, está hecha para ser vetada”, se escuchó decir a algunos hombres de finanzas, en coincidencia con el pensamiento de una parte de la pesquisa.