El Gobierno volverá a recibir hoy por la tarde a la Mesa de Enlace. El último encuentro fue hace apenas quince días, pero en el medio hubo un nuevo lockout de los ruralistas que hizo subir la tensión una vez más. En esta ocasión las expectativas son moderadas, porque la soja estará definitivamente afuera de la agenda. En la carta que le enviaron a la ministra de la Producción, Débora Giorgi, las entidades sugirieron tratar los siguientes temas de manera “urgente”: medidas de ayuda directa para afrontar la sequía, flexibilización de la comercialización de carne y derogación de las normas que “distorsionan” los mercados a futuro, entre otros. Además, solicitaron auditar el estado de cumplimiento de los acuerdos en ganadería, lechería, trigo y economías regionales.

La intención de los empresarios es insistir para lograr una baja de las retenciones a la soja por la vía parlamentaria, pero no quieren que la disputa se concentre sólo en ese tema porque perderían el apoyo de los productores no sojeros. Es por eso que en las reuniones con el Gobierno van a representar los intereses de ganaderos, tamberos, trigueros y de los productores que fueron afectados por la sequía. Además de ocuparse de cuestiones que involucran a todo el sector, como la prédica para que la Oficina de Control Comercial Agropecuario (Oncca) flexibilice la regulación que ejerce sobre los mercados.

En el caso de la carne, piden que las retenciones bajen de 15 a 5 por ciento, que se cumpla con el acuerdo que habilitó una mayor exportación y que se deroge o actualice la resolución 38 de la Secretaría de Comercio Interior que fija los precios de referencia para el mercado interno. Las exportaciones están formalmente liberadas, pero los frigoríficos deben cumplir con un encaje productivo para exportar. El año pasado debían tener en sus cámaras el 75 por ciento de su stock para exportar el 25 por ciento restante. A principios de marzo la exigencia de encaje bajó al 65 por ciento, lo que en teoría debería liberar un mayor número de toneladas para vender al exterior.

El interés de los productores es que la mayor demanda de los exportadores posibilite una suba del precio del kilo vivo. Sin embargo, afirman que esa flexibilización debe ir acompañada de una modificación de la resolución 38 de la Secretaría de Comercio Interior que establece los precios de referencia. En la actualidad, la mayoría de las operaciones se están cerrando por encima de los valores establecidos en marzo del año pasado, pero la vigencia de la norma le otorga a Guillermo Moreno la posibilidad de sancionar a los frigoríficos cuando le quiera poner un freno a la escalada. El temor del Gobierno es que la suba repercuta en las góndolas, pero lo cierto es que el amplio margen que obtienen matarifes, frigoríficos y supermercados les permitiría soportar un aumento del kilo vivo sin tener que trasladarlo al consumidor.

Las entidades también pedirán que se cumplan las concesiones otorgadas a los productores trigueros y que se flexibilice la resolución 543/08 que fija los plazos para exportar, pero parece difícil que puedan ponerse de acuerdo en ambos puntos (ver aparte). Seguramente sumarán un reclamo de último momento referido al Senasa. Ayer el Gobierno modificó la estructura del organismo y le asignó al Consejo de Administración que integran las entidades un rol meramente consultivo, recortándoles poder. El sector sobre el que no tendrán demasiados reclamos para hacer es el de la lechería. A comienzos de marzo, el Gobierno eliminó las retenciones a los lácteos y anunció que les otorgaría un subsidio de 10 centavos por litro a los tamberos que produzcan hasta 3000 litros por día. Ayer la Oncca informó que ya autorizó el pago de 29 millones de pesos por ese concepto correspondientes al mes de marzo.

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