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A principios de marzo el Gobierno se comprometió ante la Mesa de Enlace a elevar el precio de referencia del trigo destinado al mercado interno de 370 a 420 pesos por tonelada y a modificar las compensaciones. El Estado venía compensando a productores y molinos, pero ahora la intención es subsidiar sólo a los molinos por la diferencia entre los 420 pesos y el valor de pizarra que reciba el productor. La ministra de Producción, Débora Giorgi, anunció que esa medida iría acompañada por una “apertura ordenada del registro de exportaciones” para generar competencia entre molinos y exportadores por el saldo exportable y posibilitar que el productor reciba el “precio pleno”. El problema es que la producción de trigo se derrumbó y el saldo exportable casi no existe.

La Secretaría de Agricultura confirmó ayer que en la campaña 2008/2009 se obtuvieron apenas 8,3 millones de toneladas, menos de la mitad de las 16,3 millones del ciclo anterior. Es la peor campaña de los últimos 27 años. Eso fue fundamentalmente por la sequía y las heladas tardías, que malograron 460 mil hectáreas de los casi 4,7 millones sembradas y afectaron los rindes, aunque también hay responsabilidad del Gobierno porque las distorsiones del mercado en favor de exportadores y molinos llevaron a los productores a sembrar casi 1,3 millón de hectáreas menos.

El Gobierno exige que queden disponibles para el mercado interno 6,1 millones de toneladas, más un margen de seguridad de 900 mil. Eso reduce el saldo exportable a 1,3 millón y ya está prácticamente todo exportado. Ahora bien, los productores siguen reclamando una baja de retenciones, la “apertura del registro de exportación” y la flexibilización de la resolución 543/08 de la Oncca. Afirman que el pedido apunta a generar incentivos para la próxima siembra. En el Gobierno responden que quien perdió su cosecha lo que necesita no es una baja de retenciones sino financiamiento a tasa blanda y remarcan que cuando se pide la “apertura del registro”, que el año pasado nunca estuvo formalmente cerrado, y la flexibilización de la resolución 543, lo que en realidad se reclama es privilegiar la exportación por sobre el mercado interno.

La resolución 543 les exige a los exportadores poseer los granos al momento de exportar y les da 45 días para efectivizar la operación. Las entidades piden modificar esa norma para poder recrear el mercado de futuros y obtener financiamiento por esa vía. Sin embargo, en un contexto de mayor desregulación, donde al exportador no se le exigiera la posesión de los granos al momento de exportar y se le diera más plazo, sería difícil garantizar el abastecimiento interno y serían más factibles las prácticas especulativas que motivaron la sanción de esa norma.

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