La prórroga de las facultades delegadas al Poder Ejecutivo, que incluyen aproximadamente 1900 leyes –donde está el Código Aduanero y la potestad del Estado para fijar los derechos de exportación–, está más cerca de convertirse en ley. La Comisión de Asuntos Constitucionales del Senado, que dirige el santacruceño Nicolás Fernández (FpV), firmó ayer el dictamen del proyecto girado por la Cámara baja con media sanción. El radicalismo, el socialismo y el PJ puntano presentarán sus dictámenes en minoría. La santafesina Roxana Latorre, que trabaja en tándem con Carlos Reutemann, firmará con disidencia total la iniciativa del oficialismo. Desde el bloque K no quieren arriesgar el número de la votación y dicen que “irán paso a paso” para llegar al quórum y a la mayoría simple. Frente a la presión de las entidades agropecuarias, desde el bloque K aseguraron a Página/12 que “el Congreso no puede sesionar para un solo sector”.

“Hay que hacer un ejercicio de responsabilidad y firmar el dictamen hoy (por ayer) para dar el debate la semana que viene”, apuró a los suyos y a la misma oposición Miguel Angel Pichetto, titular del bloque K. La Cámara alta sesionará el próximo jueves para convertir en ley la prórroga de las facultades delegadas, los llamados superpoderes –la posibilidad del jefe de Gabinete para redistribuir hasta el 5 por ciento de las partidas del Presupuesto– y el nuevo sistema de Emergencia Agropecuaria.

La primera en tomar la palabra para criticar el proyecto del oficialismo fue la puntana Liliana Negre de Alonso. “Acá el Congreso no ha hecho su trabajo. En el ’99 no revisamos las leyes, tampoco en 2002 ni en 2006. No hicimos nada y ahora volveremos a actuar de la misma manera sólo porque al Ejecutivo le conviene una prórroga por un año”, aseveró. La legisladora le pidió a Pichetto tomar en consideración un estudio realizado por ella y por Adolfo Rodríguez Saá, donde determinaron que de 99 leyes estudiadas –que forman parte de las casi 2000 prorrogables–, 88 podrían derogarse.

Mientras la puntana terminaba de explicar su posición, Pichetto le apuntaba a Fernández que la normativa se tenía que votar sí o sí la semana que viene porque la prórroga vence el próximo 24 de agosto. Por su parte, el senador por la ciudad de Buenos Aires Samuel Cabanchik, quien recientemente se separó del bloque de la Coalición Cívica, apuntó sobre la gobernabilidad: “Cuanto más se cree que se actúa para mantener la gobernabilidad, más se termina concentrando el poder. Debemos dar la señal de que vamos a equilibrar el poder. Hay que reforzar la gobernabilidad y eso se hace compartiendo el poder entre el oficialismo y la oposición”.

Además de Fernández, el otro oficialista que defendió la media sanción de diputados fue el chubutense Marcelo Guinle. “Estamos hablando de un gran número de leyes y no sólo de las retenciones. El tema es mucho más complejo que eso”, aseveró. “Pretender que el Congreso funcione para tratar sólo el tema sectorial del campo es una irracionalidad”, afirmó a Página/12 Fernández, una vez concluido el encuentro. Sus palabras no eran en vano. Los senadores del oficialismo saben que recibirán la presión de la Mesa de Enlace, que ya adelantó que “visitarán uno a uno” a los legisladores para exigirles que se abstengan de votar la extensión.

El oficialismo ya hizo circular su dictamen, mientras que el radicalismo insistirá con la misma propuesta presentada por los diputados. La Coalición Cívica se plegará a la UCR. Los puntanos y los socialistas tendrán sus propios dictámenes. Y los de Tierra del Fuego del bloque del ARI actuarán de la misma manera que los fueguinos del SI en Diputados, es decir, acompañarían el proyecto oficial tras la aprobación de la ley que aumenta los impuestos internos a productos electrónicos, que favorece la producción de tecnología en la isla.