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A través de su ministro de Economía, Alejandro Arlía, el gobierno bonaerense descartó ayer “absolutamente” la posibilidad de emitir cuasimoneda para afrontar la crisis fiscal que soporta ese estado. La principal razón esgrimida por el colaborador de Daniel Scioli es que la legislación vigente impide tomar una medida de ese tipo en un contexto como el actual, donde el problema no es la falta de liquidez, sino la creciente brecha entre los recursos y los gastos. La determinación bonaerense tiene lugar en momentos en que el Congreso Nacional está analizando un proyecto de ley para relajar las condiciones financieras de las provincias, ampliando su capacidad de endeudamiento.

Buenos Aires explica gran parte del déficit fiscal que tendrá este año el interior, estimado en cerca de 10 mil millones de pesos: sólo en el primer semestre, la caja bonaerense tuvo un rojo de 2708 millones de pesos, que para fin de año podría llegar a los 5523 millones. Por esta razón, Arlía aseguró que se aplicará un “plan de austeridad”, que incluye cubrir los gastos fijos imprescindibles y postergar para 2010 todo gasto de capital “aún no licitado o adjudicado”. En otros términos, se postergarán las obras públicas previstas pero que todavía no fueron concursadas.

“Los sueldos de este mes están asegurados y, según mi proyección, los sueldos del mes que viene también estarán asegurados, con lo cual no veo un panorama extremadamente difícil. Es complejo pero no imposible de resolver”, relativizó el funcionario. La otra herramienta fiscal con la que trabaja la provincia es el proyecto de reforma tributaria que tendrá como norte aumentar la presión sobre los sectores de mayor capacidad contributiva. “Son sólo mil quinientos o dos mil contribuyentes”, destacó Arlía, para quien Buenos Aires cuenta con el “total apoyo del gobierno nacional” en este proceso.

En este escenario, el funcionario descartó la emisión de monedas o cuasimonedas, pero explicando que existe un impedimento legal ineludible. Según los acuerdos que la Nación firmó con todos los distritos del interior, incluyendo el bonaerense, está expresamente prohibida la emisión de esos papeles. Hacerlo, según explicó el ministro de Economía bonaerense, habilita al poder central a descontar directamente del monto que debe girar de coparticipación un monto equivalente a lo emitido.

Para calmar la desesperante situación que afecta a muchas provincias – algunas de las cuales manifestaron dificultades para el pago de salarios–, el Gobierno se avino a que se discuta en el Parlamento una iniciativa que modifica, entre otras, la ley de Responsabilidad Fiscal. Los cambios, propuestos por el oficialismo, incluyen la posibilidad de que los estados del interior tomen deuda más allá del límite que establece dicha ley, con destino al mantenimiento de niveles de empleo y para que se aplique en situaciones de emergencia social y sanitaria.

La iniciativa parlamentaria, en la que trabajan los legisladores K Patricia Vaca Narvaja, Patricia Fadel y Gustavo Marconato, también aspira a habilitar que las provincias puedan destinar el producido de la venta de activos a gastos corrientes. O, en otros términos, que puedan realizar bienes para pagar salarios, eventualmente. Es decir, una vuelta atrás con prerrogativas que habían sido expresamente bloqueadas por la ley de Responsabilidad Fiscal, precisamente para evitar recurrentes desvíos administrativos que se consideran como el origen del colapso fiscal de los estados del interior.