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Mientras siete provincias firmaron ayer un acuerdo de cooperación con el gobierno nacional para sumarse a la nueva asignación por hijo, el gobernador de San Luis, Alberto Rodríguez Saá, adelantó que no aceptará la implementación del plan en su provincia por considerarlo “discriminatorio”. El dirigente puntano le envió una carta a la presidenta Cristina Fernández de Kirchner en la que le comunicó su decisión. “Los términos propuestos resultan discriminatorios para los ciudadanos de San Luis, en tanto que no respeta el carácter ‘universal’ que se ha declamado públicamente”, arremetió. La crítica es porque los beneficiarios de planes sociales nacionales, provinciales o municipales no pueden recibir la asignación sin renunciar a esos beneficios.

Rodríguez Saá remarcó que “la provincia no suscribirá el acta” con la Anses para la implementación del programa “hasta tanto se subsanen los vicios denunciados”. Contrariamente, el jefe de Gabinete del gobierno de la ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta, destacó ayer los avances en el distrito para garantizar el cobro de la asignación a partir del 1º de diciembre. “Se avanzó en el cruce de información con la Anses, lo cual es necesario para evitar la superposición o duplicación de programas” de la Nación y de la Ciudad, señaló.

En tanto, la legisladora porteña del bloque Nueva Democracia, Gabriela Cerruti, pidió que no haya “incompatibilidades” entre la asignación por hijo y el programa Ciudadanía porteña para no poner a “familias vulnerables en situación de tener que optar entre uno u otro” beneficio.

La presidenta de la Nación, por su parte, firmó ayer un convenio de cooperación con Tierra del Fuego, Santa Cruz, Chubut, Río Negro, Neuquén, San Juan y La Pampa para implementar la asignación en esos distritos. Anteayer había firmado con otras siete provincias, y el lunes pasado lo había hecho con la provincia y la ciudad de Buenos Aires. En respuesta a diversas críticas al Ejecutivo, Cristina mencionó que “este plan es compatible con una política que tenga por objeto el trabajo decente”, porque una vez que el trabajador recupere el empleo podrá pasar a cobrar las asignaciones familiares. “Algunos grupúsculos deben añorar el gobierno de los ’90 y lo que pasó en 2001, porque les permitía captar adherentes a partir de la pobreza”, reprochó.