El secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno, denunció ayer penalmente al directorio de Papel Prensa por haber difundido supuesta información falsa e incompleta sobre hechos relevantes vinculados con la situación económica de la empresa. El delito está contemplado en el artículo 300 del Código Penal y prevé penas de hasta dos años de prisión. Las irregularidades que denuncia se habrían cometido durante la aprobación del último balance trimestral y ya dieron lugar al inicio de un sumario por parte de la Comisión Nacional de Valores (CNV). El ministro de Economía, Amado Boudou, ratificó además que se intentará precisar si los diarios Clarín y La Nación, socios mayoritarios, utilizaron a la firma productora de papel para beneficiar a sus empresas vinculadas.

Moreno firmó la denuncia por estar a cargo de los derechos correspondientes al capital que el Estado posee en Papel Prensa. En el escrito, cuestiona la legalidad de dos reuniones consecutivas de directorio efectuadas el 4 de noviembre y una serie de hechos posteriores vinculados que ya están siendo investigados por la CNV. La diferencia es que la CNV analiza si se violaron los procedimientos administrativos que garantizan la transparencia independientemente de los motivos, mientras que Moreno al presentarse en el fuero Penal Económico ya está presuponiendo una intencionalidad delictiva por parte de los accionistas mayoritarios.

Las reuniones de directorio del 4 de noviembre fueron convocadas a las 11.45 y a las 12 horas. En la primera se renovaron las autoridades, siendo elegido Alberto Maquieira como nuevo presidente, en lugar de Luis María Julio Blaquier, mientras que en la segunda se aprobó el balance trimestral. El problema es que la CNV constató durante las verificaciones realizadas los días 6,9 y 10 del mismo mes que el balance fue firmado por Saguier, quien había dejado de ser presidente en la reunión anterior. Además, las actas de directorio se encontraban incompletas y sin la firma de quienes habían estado presentes. Eso motivó el inicio de un sumario a través de una resolución publicada el lunes pasado.

El organismo regulador recordó allí que el artículo 54 del Código de Comercio establece la prohibición no “sólo de alterar en los asientos el orden progresivo de las fechas (...) sino hacer interlineaciones, raspaduras o enmiendas”, pues los errores u omisiones se deben salvar por medio de un nuevo asiento. Con respecto a las actas incompletas, sostuvo que “el incumplimiento de las firmas de las actas (...) afectan en principio la validez del acto y quebrantan las normas específicas del Código de Comercio”.

La empresa dejó trascender al día siguiente a través del diario Clarín que la CNV “sacó conclusiones sobre actas provisorias” y aclaró que “no existe ninguna norma vigente que establezca que para que las decisiones de una reunión de directorio sean válidas deben redactarse y volcarse en el libro de actas en plazo casi simultáneo con la clausura de la reunión”. Allí también se afirmó que Alejandro Vanoli, flamante titular de la CNV, había publicado la resolución cumpliendo “con las exigencias de Guillermo Moreno”.

“Ahora dicen que soy morenista, pero cuando hay inconsistencias, cuando faltan firmas, cuando no hay actas, eso no es de izquierda ni de derecha, no es kirchnerista ni morenista. Son errores y lo que hizo la CNV es decir que cuando las reuniones de directorio no cumplen las formalidades las decisiones son irregulares e ineficaces”, respondió ayer Vanoli, antes de que se conociera la presentación judicial que realizó Moreno.

Los cuestionamientos que formula la CNV probablemente puedan ser subsanados con la realización de otra reunión de directorio donde se apruebe de nuevo el balance. En ese caso, la denuncia penal no tendría demasiado futuro. Sin embargo, Boudou dejó en claro ayer que la intención oficial es ir más allá. “Lo que queremos analizar, porque es nuestra presunción, es si los socios mayoritarios han utilizado eventualmente la firma para beneficiar a sus empresas vinculadas”, aseguró.

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