Cada veintidós minutos una mujer llama a la línea habilitada para dar información sobre el aborto con medicamentos. En apenas cuatro meses y medio desde su lanzamiento, el teléfono gestionado por una ONG de mujeres recibió casi 1700 llamadas de embarazadas –o de personas cercanas a ellas– que no quieren continuar con la gestación en curso y no cuentan con el dinero que les exigen en un consultorio privado para realizarse la práctica de forma segura, un monto que puede llegar a rondar los 5000 pesos. El número de consultas se incrementó en los últimos dos meses, a partir de que la línea tuvo mayor difusión en los medios de comunicación.

El nuevo informe sobre el funcionamiento de la línea “Más información, menos riesgo” fue dado a conocer ayer, en el auditorio del Anexo del Senado, en el marco de las actividades que se desarrollan esta semana por el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. “La prohibición (del aborto) como violencia política contra las mujeres”, fue el título del trabajo, que presentó la abogada Luciana Sánchez, integrante de Lesbianas y Feministas por la Descriminalización del Aborto, la ONG que atiende el celular 011-156-664-7070, en el que se brinda información sobre el uso del misoprostol, una droga de uso obstétrico, que puede ser utilizada para interrumpir un embarazo.

Sánchez recordó que la información que suministran está disponible a través de Internet en páginas de la Organización Mundial de la Salud y de la Federación Latinoamericana de Sociedades de Obstetricia y Ginecología.

“Los datos de este informe refuerzan la necesidad de abrir el debate democrático que nos debemos para la legalización del aborto”, señaló a Página/12 María José Lubertino, presente en el auditorio. El encuentro contó con un panel de legisladoras de distintas fuerzas que acompañan la iniciativa, entre ellas la socialista Silvia Augsburger y Cecilia Merchán, de Encuentro Popular, y María Luisa Storani, diputada electa del radicalismo. También estuvo el ex fiscal general de Bahía Blanca Hugo Cañón, presidente de la Comisión por la Memoria de la provincia de Buenos Aires, en representación del también electo diputado Martín Sabbatella, de Encuentro por la Democracia y la Equidad. Además, participaron integrantes de distintas organizaciones de mujeres.

Sánchez repitió algunas de las frases que –señaló– con desesperación dicen las mujeres que llaman a la línea, ante la necesidad de recurrir a un aborto y no tener el dinero para pagar un procedimiento en un consultorio privado: “Tuve que sacar un crédito en el banco”, “El médico me cobra 5000 pesos”, “Tuve que pedirle un adelanto a mi patrona”, “Tengo que esperar que me paguen el plan”, “Les pedí plata a todas mis amigas”, “Vendí la heladera”, “Quedé debiendo el alquiler”, “Me gasté los ahorros que tenía para arreglarme los dientes”. Según el cálculo de la ONG, las mujeres en el país pagan al año unos 1000 millones de pesos por abortos clandestinos. Llegaron a esa cifra partiendo de que distintas estimaciones con método científicos señalan que se realizan alrededor de 500 mil abortos al año y tomando como costo promedio 2000 pesos por procedimiento. Ya sea quirúrgico o con medicamentos, el valor de un aborto en la Argentina oscila entre 1000 y 5000 pesos, explicaron.

Ocho de cada diez mujeres que llamaron a la línea entre el 1º de agosto y el 20 de noviembre viven en la ciudad y la provincia de Buenos Aires. En ese lapso, 944 embarazadas recibieron información sobre el uso del misoprostol, considerada una droga “esencial” por la OMS. Alrededor de 300 se comunicaron más de una vez. Otras cuatrocientas personas llamaron como acompañantes de embarazadas. “Tengo miedo. Una enfermera le dijo a mi mamá que me tenía que abrir el útero con una cuchara”, contaron ayer que dijo una de las jóvenes que llamaron. “Acá en el barrio el aborto es como el resfrío”, dijo otra. “Me violaron, pero ninguna clínica ni hospital me hace el aborto”, contó otra de las mujeres que pidieron información. Sólo el uno por ciento de las que se comunicaron tenía “información completa y correcta sobre el uso del misoprostol para abortar”, indicó Sánchez.

Según el informe de la ONG, el 75 por ciento de las mujeres que llamaron a la línea tiene entre 21 y 40 años. El 21 por ciento, entre 16 y 20 años. El 40 por ciento tiene entre uno y tres hijos. “Diversos estudios realizados en la Argentina y en otros países por la OMS y la Flasgo vienen demostrando consistentemente que el uso del misoprostol es la principal causa de la reducción notable del aborto infectado y de la mortalidad por aborto”, señaló Sánchez. “El 45 por ciento de las mujeres que recibieron información lo hicieron acompañadas por sus parejas varones. Todas las menores de 18 años llamaron acompañadas, salvo excepciones, por su familia cercana. En un gran número de casos son esas acompañantes las que llaman primero”, detalló Sánchez.

El derecho a la información, a la libre expresión y a conocer los avances de la ciencia son los tres pilares en los que se fundamenta la propuesta de Lesbianas y Feministas por la Descriminalización del Aborto. Una línea similar existe ya en otros países latinoamericanos, que tienen un marco legal restrictivo de acceso al aborto.