Una orden de la cabeza del Servicio Penitenciario Federal da la pauta de que la preocupación por la custodia de sus alojados llega a niveles preciosistas. La orden fue dada por escrito a principios de mes a todas las unidades. Lo curioso, porque siempre aparece algo curioso intramuros, es que la orden impartida a todas las unidades es la de informar sobre los pasos que da el procurador penitenciario en las unidades federales. Para traducir y poner en contexto, la Procuración Penitenciaria es la encargada de supervisar la actuación del SPF y denunciarlo cuando corresponda, con lo que se desprende que la orden del máximo penitenciario implica, como mínimo, supervisar a su supervisor. La orden no fue de palabra, que sólo implicaría a unos pocos oídos confiables, sino por escrito, con lo que ordena con fuerza de letra sin dejar dudas. Claro que el beneficio deja sus huellas. Se trata del memorando 155/2009 DSG, del 6 de noviembre pasado, al que Página/12 tuvo acceso.

El 155/2009 fue dirigido a todos los directores de las unidades del SPF, y dio un plazo de 72 horas para informar sobre “propuestas y recomendaciones efectuadas por la Procuración Penitenciaria de la Nación y las visitas, solicitud de datos y observaciones que haya realizado” Mugnolo en persona. Luego, el memorando indicaba, punto por punto, los rubros en los que se debía prestar especial atención:

- Fechas en las que Mugnolo haya visitado la Unidad y tiempo de permanencia, destacando si la misma está relacionada a algún acontecimiento particular que desarrolla esa Unidad.

- Si recorrió módulos, sectores o pabellones.

- Observaciones que haya formulado por escrito o verbalmente.

- Personal con el que se haya entrevistado y motivo.

- Recomendaciones realizadas o vertidas en el Libro de la unidad y, en su caso, remitir copia autenticada de éste.

Pero lo que provocó la reacción más virulenta entre los organismos de derechos humanos fue el penúltimo punto, el que ordenaba que se informe “si entrevistó internos, a quiénes y en qué oportunidad”. El curioso pedido de hábeas data carcelaria suele tener sus implicancias directas en el futuro vivencial de los alojados, tal como lo indican las estadísticas de la Procuración Penitenciaria, durante los cinco años en que el propio director del SPF, Alejandro Marambio, integraba ese organismo que ahora ordenó supervisar.

“Se trata de una orden manifiestamente ilegal, porque avanza sobre las atribuciones de la Procuración Penitenciaria –denunció el Centro de Estudios en Política Criminal y DDHH (Cepoc) en un comunicado apoyado por diversas ONG–. Más grave todavía es que afecta el derecho de presos y presas federales a hablar y denunciar en absoluta privacidad. El memorando 155 se tiene que derogar.”

El 155 podrá contextualizarse sin temor a errar en un tira y afloje que Marambio mantiene con su ex jefe, Francisco Mugnolo, y toda la PP desde que se publicitó en 2008 el informe sobre torturas en las cárceles federales. El informe era sostenido por la Procuración e investigado por el equipo de la especialista Alcira Daroqui, del Instituto Germani de la Facultad de Ciencias Sociales. “A partir de ese momento, se impidió el acceso de los integrantes de la Procuración a las unidades federales, hasta que Mugnolo presentó una queja ante la Corte Suprema –confió una fuente judicial–. Tampoco dejaban entrar cámaras ni fotografiar a presos que denunciaban torturas. Después del escándalo dejaron que Mugnolo entrara”. La fuente es clara: Mugnolo, no el resto de sus inspectores. Y sólo accede a los presos en despachos lavados con lija y lavandina. No tiene acceso habitual a las condiciones cotidianas, esto es, buzones, celdas-baños, pabellones y demás.

El ingreso a las unidades y qué se mira allí dentro, preocupación que motivó el memorando 155, llegó incluso a tratarse a niveles internacionales. El pasado miércoles 18, en la embajada británica en Buenos Aires, la baronesa Vivien Stern presentaba su manual para tratamiento penitenciario. En el panel, entre otros, se encontraba el propio Marambio. Durante la presentación, y cuando le tocó la palabra, Marambio citó su lema difícil de rebatir: “Para hablar de la cárcel hay que conocerla y para conocerla hay que ir”, y argumentó que el resto, sus críticos eran “impunes, porque hablaban desde fuera”. La saeta, entre otros, estaba dirigida a Mugnolo.

Desde la platea, Roberto Cipriano, coordinador del Comité Contra la Tortura, de la Comisión Provincial por la Memoria, pidió la palabra y dijo a Marambio lo que el resto de representaciones de ONG especializadas en cárceles presentes en el lugar morían por decir: “Le recordamos que además de negar la tortura, negaba la posibilidad de entrar a las unidades federales a los inspectores de la Procuración –describió Cipriano a este diario–. Y le preguntamos por qué el mismo día en que se homenajeaba a los ex comisionados de la Comisión Interamericana por la histórica visita de 1979 (9 de septiembre pasado), en la cárcel de Devoto les impedían ingresar a los inspectores de la Procuración y a Claudia Gerez, representante en América latina de la Asociación para la Prevención de la Tortura”.

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