Desde Jerusalén

La aprobación de un nuevo plan de viviendas destinado a ampliar el barrio judío de Gilo, ubicado en Jerusalén oriental, despertó la semana pasada la reacción airada del propio Barack Obama, quien en medio de su visita a China encontró la oportunidad de pronunciarse en torno del conflicto entre israelíes y palestinos. “La construcción adicional en los asentamientos no beneficia a la seguridad de Israel, sino que dificultará alcanzar la paz y provocará la pesadumbre de los palestinos y una situación que puede ser muy peligrosa”, declaró entonces el presidente norteamericano. A diferencia de la contención demostrada hasta entonces por la Casa Blanca ante el rechazo israelí de “congelar” de manera temporaria la construcción en los asentamientos ubicados en los territorios palestinos, esta vez Obama decidió explicitar su disgusto sobre el asunto. El cambio de gesto se inscribe en los ingentes esfuerzos que viene invirtiendo últimamente el gobierno norteamericano con la intención de convencer al presidente de la Autoridad Palestina (AP), Mahmud Abbas, de que no efectivice su amenaza de renunciar a su cargo y reconsidere su plan de declarar unilateralmente la creación de un Estado palestino.

Con tal propósito, Obama le prometió a Abbas que la reanudación de las negociaciones sobre un acuerdo permanente basado en la fórmula de “dos Estados para dos pueblos” está a la vuelta de la esquina. Y, para recompensar la paciencia de su interlocutor, le aseguró que él mismo se compromete a evitar la repetición de nuevos bochornos, como la construcción de más asentamientos judíos en Jerusalén oriental.

El anuncio de la expansión del barrio de Gilo, ubicado en la parte palestina de la conflictiva ciudad que fue conquistada por Israel en 1967, implicó, por lo tanto, otro empujón hacia el abismo político al que podría caer Mahmud Abbas de no revertirse la imagen que tienen la mayoría de los palestinos de la vía diplomática bilateral: un nuevo fraude dilatorio pergeñado por Israel con el objeto de encubrir su política unilateral apuntalada por los hechos consumados. Por otro lado, la continuidad de los planes edilicios israelíes (tanto privados como oficiales) en Cisjordania y Jerusalén oriental es considerada ahora en Washington como una afrenta a la palabra empeñada por el presidente Obama.

La dirigencia israelí, por su parte, redujo la polémica en torno del caso del barrio de Gilo a un malentendido puntual, causado por una ineficiencia formal ligada a la división de competencias ministeriales. Lo cual, sin embargo, no impidió que el premier, Benjamin Netanyahu, declarara que no se trata de un asentamiento, sino de un barrio perteneciente a Jerusalén, cuya soberanía “indivisible” no está en discusión.

En realidad, la ampliación de Gilo no es una excepción, sino parte de una política oficial integral tendiente a aumentar la presencia de habitantes judíos en Jerusalén oriental, tanto en los barrios judíos ya consolidados como mediante la creación de nuevos asentamientos en el seno de las zonas de absoluta mayoría palestina.

Así lo enuncia la asociación Ir Anim (Ciudad de los Pueblos), que actúa en pos de la convivencia pacífica entre israelíes y palestinos en Jerusalén y de un acuerdo político que asegure el futuro estable de la ciudad. De acuerdo con esta organización no partidaria, la expansión de tales asentamientos “crea una continuidad de población judía en los barrios palestinos que circundan a la Ciudad Vieja de Jerusalén y refuerza el asentamiento de colonos en el seno de zonas palestinas del este de la ciudad que constituyen el corazón de la disputa israelo-palestina”.

Los datos recogidos por Ir Anim consignan que hasta principios de 2009, alrededor de 2000 colonos israelíes habitaban en barrios palestinos de Jerusalén oriental. En la primera mitad de 2009 se iniciaron proyectos destinados a la construcción de 150 unidades habitacionales adicionales, que pueden albergar a otros 750 colonos en las zonas estratégicas del este de la ciudad que se encuentran en conflicto, como en el caso de Silwan y Sheikh Jarrah.

A pesar de que la mayoría de estos proyectos están financiados por asociaciones privadas, vinculadas a grupos colonizadores ultranacionalistas, “son parte de una estrategia integral coordinada y promovida por distintos entes gubernamentales y por la Municipalidad de Jerusalén”. Esta última, incluso, lleva a cabo periódicamente la demolición de viviendas pertenecientes a familias palestinas ubicadas en las áreas destinadas a la nueva construcción exclusiva para judíos. Las demoliciones son justificadas por las autoridades municipales bajo el argumento de que se trataba de construcciones ilegales, que no contaban con el permiso municipal correspondiente.

Las reacciones ante la ampliación del barrio de Gilo, cuyos ecos llegaron literalmente hasta la China, y ocuparon la atención de un visitante ilustre como Barack Obama, son vistas como injustificadamente desproporcionadas a ojos de los políticos locales. “¿Qué diablos quieren de nosotros?”, se preguntaron sorprendidos, casi al unísono, el presidente Shimon Peres, el intendente de Jerusalén, Nir Barkat, varios ministros y hasta la líder de la oposición, Tzipi Livni. ¿Acaso no es un hecho sobreentendido que Gilo es parte del “consenso nacional”, es decir no está sujeto a ninguna negociación?

Pues bien, al parecer a ninguno de ellos le sobra el tiempo como para estar insertando al susodicho consenso en una mínima contextualización histórica: en junio de 1967 Israel anexó a Jerusalén alrededor de 70 kilómetros cuadrados del territorio de Cisjordania, incluidas 28 localidades y aldeas palestinas que nunca antes fueron consideradas partes de la ciudad. Desde entonces fueron confiscadas alrededor del 30 por ciento de las tierras de la parte oriental de Jerusalén con la finalidad de construir nuevos barrios para alrededor de 200 mil israelíes. Gilo es uno de ellos. La situación creada desde 1967 perpetuó la brecha abismal que separa a ambas partes de la ciudad, entre los dos pueblos que en ella viven y entre las condiciones reales del terreno y las consignas vacías emitidas por los representantes oficiales.

A modo de ejemplo: dado que los palestinos de Jerusalén oriental son residentes de la ciudad pero no ciudadanos del Estado de Israel, no les está permitido adquirir propiedades en un tercio de sus tierras, que fueron confiscadas con el objeto de erigir en ellas barrios o asentamientos para judíos.

Como consecuencia de tal restricción, el hacinamiento en los barrios palestinos es casi el doble que el de los municipios judíos. Una disparidad similar o aún mayor se registra en áreas como el grado de escolarización, el acceso a servicios de salud y el nivel de la infraestructura municipal.

La percepción consensuada entre los israelíes es que ninguno de los grandes centros poblacionales judíos ubicados en Jerusalén oriental, como Gilo, será devuelto como parte de un acuerdo de paz, sino que permanecerán bajo la soberanía israelí y, a cambio, los palestinos recibirán territorios sustitutivos. Pero, claro está (para la dirigencia palestina, no tanto para la israelí), ello sucederá como resultado de la negociación bilateral, no de un paso unilateral que no sería reconocido por la comunidad internacional.