En entrevista exclusiva con Página/12, el ministro de Planificación, Julio De Vido, señaló que “algunos empresarios expresan ideas contrarias a los intereses que se supone representan” y agregó que “no todos piensan igual: empresarios importantes están trabajando con nosotros por el bien de la industria”. Destacó anuncios de ampliación de producción hechos por Techint, protagonista de fuertes confrontaciones con el Gobierno, como una muestra de confianza del grupo hacia el Gobierno. Y aseguró que las empresas de servicios públicos que fueron intervenidas por caer en default serán investigadas. “Si no cumplen con sus contratos no nos temblará la mano para reestatizarlas”, aseguró. También indicó que en el próximo verano no habrá cortes de luz y aseguró que la capacidad de generación es suficiente para atender un crecimiento fuerte de la economía.

–El Gobierno está siendo cada vez más cuestionado por las cámaras empresarias. ¿Piensa que terminarán uniéndose en un frente opositor?

–Yo creo que tenemos muchos empresarios que tienen una enorme vocación nacional y que han entendido este modelo. Estamos trabajando ahora, por ejemplo, con el tema de la televisión digital argentina, tanto en las fábricas como con empresarios de Tierra del Fuego. Con el sector metalúrgico y con Juan Carlos Lascurain (titular de Adimra) estamos tratando de que hasta el último tornillo que se coloque en los sistemas de televisión digital de la Argentina sea fabricado en el país. Luego hay un tema de política empresarial que uno a veces no comprende, porque ni siquiera defienden los intereses genuinos del sector al que representan; aparecen defendiendo políticas neoliberales que han llevado a las empresas al borde de la quiebra.

–¿A quién se refiere?

–En estos días escuchábamos al señor Cristiano Rattazzi en la conferencia de la UIA diciendo que no había inversiones en energía eléctrica y yo le estoy demostrando que hay más de 10.000 millones de dólares invertidos en esa área. Pareciera ser que si las inversiones no las hace pura y exclusivamente el sector privado con una tarifa altísimamente ventajosa, no hay inversiones. Y si existiera esa tarifa, la planta de Fiat, de Ratta-zzi, estaría cerrada, como efectivamente la tuvieron durante diez años. Alaban al mismo sistema que les tuvo la fábrica cerrada durante una década: no fue el gobierno de Kirchner ni el de Cristina Fernández el que generó una política para que no pudieran producir ni un auto al año. Esas cosas son las que resultan inexplicables. Yo creo que cuando no se defienden los intereses que son genuinos, se abre un manto de sospecha sobre la legitimidad de la representación. De todos modos, creo que en todas las organizaciones hay gente muy valiosa y que es muy bueno que haya distintas opiniones de los temas, pero está claro que el Gobierno tiene una política que es industrializar y hacer crecer la industria, generar políticas tarifarias para que la industria sea competitiva y pueda crecer. Quizás haya algunos que estén pensando y actuando políticamente.

–¿Como la UIA?

–Hay algunos en la Unión Industrial, como (Guillermo) More-tti (Unión Industrial de Santa Fe) y (Juan Carlos) Lascurain (Adimra), que tienen una posición muy clara y son miembros muy importantes de la UIA. También hay hombres, como Ignacio de Mendiguren, que viene haciendo un gran trabajo por la industria nacional. Hay un montón de empresas que uno ve que trabajan. Techint mismo ha hecho un anuncio importantísimo: la colada continua, una inversión de 1500 millones de dólares y así la Argentina va a pasar de producir 2 millones de toneladas de acero a producir 4 millones. Y nosotros le hemos garantizado los volúmenes de gas para que ese anuncio fuera posible. Porque más que un discurso favorable, nos importan los anuncios favorables, porque eso se transmite a la gente y si esos anuncios favorables son concomitantes con nuestro proyecto de país, ¿qué más vamos a querer nosotros que la Argentina pase de producir dos millones de toneladas de acero a cuatro millones? Y la Argentina no tiene actualmente casi ningún yacimiento de hierro, Sierra Grande quizá, pero no provee de hierro a esta empresa. Es decir que importamos recursos naturales y les agregamos valor. Nosotros respetamos todas las ideas y opiniones que pueden tener las distintas entidades. Ahora, cuando uno ve discursos que son contradictorios, piensa que ahí sí hay una intencionalidad política que no es genuina ni correcta.

–¿Qué va a pasar con las empresas de servicios públicos que fueron intervenidas luego de caer en default?

–Generalmente, cuando una empresa cae en default, es porque tiene pasivos que le resultan impagables; deudas que fueron tomadas en dólares con una tarifa dolarizada, que luego se pesificó. Por otra parte, en muchos casos no estamos del todo seguros de que el volumen de esos préstamos haya ido en un ciento por ciento a inversiones en la propia compañía y eso es lo que estamos evaluando. La misión principal de los interventores es analizar la estructura de las deudas, y ver que si una empresa que presta un servicio público entra en default, no sea porque parte de esa deuda no haya sido afectada a lo que correspondía. Un default es una alarma para que prestemos atención especial sobre los negocios de la compañía y por eso se coloca un interventor. No para interferir con los negocios de la empresa privada, sino para que, ante una anomalía como es el default, tengamos un ojo avizor que nos pueda prevenir de situaciones que puedan complicar la provisión del servicio.

–¿Significa que se analizará caso por caso si las concesiones siguen?

–Cada caso es diferente. La salida de la intervención va a darse cuando tengamos una claridad absoluta de que el desenvolvimiento empresario a futuro va a ser normal, de que la compañía está financieramente encarrilada y de que no va tener ningún tipo de alteraciones que puedan complicar a los trabajadores o a los clientes.

–¿Es decir que algunas de estas intervenciones puede terminar en estatización?

–Sí. Si alguna de estas empresas tiene un incumplimiento flagrante de los contratos de concesión, se cancelará el contrato. No nos va a temblar el pulso para rescindir los contratos que haya que rescindir y retomar el Estado la condición de los negocios que en el fondo son de él.