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“La Justicia es un poder del Estado, no un partido político”, advirtió el supremo Carlos Fayt apenas salió de su casa, de regreso al trabajo después de las vacaciones. Fue una respuesta al mote de “partido judicial” que usó Néstor Kirchner en alusión a los jueces que congelaron las reservas del Banco Central y favorecieron a Martín Redrado. Y fue el preámbulo de una semana en que la Corte Suprema recuperará protagonismo en la pelea judicial por el decreto de necesidad y urgencia que creó el Fondo del Bicentenario. Los jueces supremos, de hecho, comenzarían a discutir en el plenario de hoy qué destino le dan al amparo que presentó la provincia de San Luis contra el uso de reservas para el pago de la deuda. A su vez, a Sus Señorías les podría tocar revisar la medida cautelar con que la sala de feria de la Cámara en lo Contencioso Administrativo dejó en el freezer los fondos del BCRA, ya que el Gobierno podría presentar un recurso extraordinario en los próximos días. En la Casa Rosada no pierden las esperanzas de que la propia Cámara le haga lugar al planteo y, en el mismo acto, suspenda los efectos de la cautelar.

La Corte Suprema había despedido el 2009 con una resolución en la que aceptaba tramitar una demanda iniciada por la provincia de San Luis contra el uso de 6569 millones de dólares de las reservas del Central para el pago de la deuda. A su vez, el tribunal le requirió al Estado un informe donde explicara las razones del decreto de necesidad y urgencia 2010/09, que ordenó disponer de esos fondos. El alto tribunal recibió el descargo del Gobierno en los primeros días de enero. Algunos de los jueces, en especial los que estuvieron durante algunos días de ese mes –como el propio presidente del tribunal, Ricardo Lorenzetti– ya tienen la presentación bastante estudiada y hoy debatirían los pasos a seguir.

El gobierno de Alberto Rodríguez Saá –representado por Rodolfo Barra, ex juez supremo bajo el menemismo– cuestionó la constitucionalidad del decreto de creación del Fondo del Bicentenario con el argumento de que “las provincias tienen dominio sobre las reservas del BCRA” y que se había visto afectado el poder delegado por ellas al Congreso. También ponía en duda el verdadero destino de los fondos y señalaba que no estaban justificadas ni la necesidad ni la urgencia del decreto. Hasta ahora, San Luis se limitó a presentar un recurso de amparo, pero no pidió una medida cautelar, algo que los abogados de la administración puntana no descartan. Un planteo de este tipo podría obligar al máximo tribunal a apurar el paso. Frente a un amparo a secas, los supremos tienen posibilidad de estirar con mayor comodidad los tiempos y, por ejemplo, ordenar algunas medidas o llamar a audiencia pública, a la espera de ver qué pasa en el ámbito parlamentario, donde el decreto de necesidad y urgencia será analizado –todo parece indicar– cuando se reanuden las sesiones ordinarias. Hay que ver si con la intervención de las cámaras legislativas la Corte da por terminado el tema o se expide de todas maneras.

Por otro carril transcurren los coletazos judiciales de la medida cautelar con que la jueza María José Sarmiento suspendió la aplicación del controvertido decreto de las reservas, que fue confirmada por las camaristas de feria Marta Herrera y Clara Do Pico, que fallaron por mantener el bloqueo de los fondos del Central. El nuevo procurador del Tesoro, Joaquín Da Rocha, que juró ayer (ver aparte), es el encargado de rediseñar la estrategia judicial del Gobierno. Cerca del funcionario dejaron trascender que el Poder Ejecutivo cuestionaría la decisión del tribunal de alzada en los próximos días, a través de un recurso extraordinario con el que pedirán llegar a la Corte. Los abogados del Estado tienen plazo hasta el lunes próximo para presentarse.

Los próximos pasos en este pleito no son un tema menor. El recurso extraordinario debe ser presentado ante la propia Cámara en lo Contencioso Administrativo, que tiene que decidir si lo concede o no. El principal requisito legal para que el tribunal dé su visto bueno es que se trate de una sentencia definitiva sobre la discusión de fondo (la validez del decreto de necesidad y urgencia). En este caso no la hay, pero en Tribunales hay quienes dicen que el expediente se encuadra en un típico caso de “gravedad institucional” donde más de un juez preferiría que la última palabra, como sea, la tenga la Corte. El detalle es que, si admiten esta apelación oficial, deben decidir si lo hacen suspendiendo los efectos de la medida cautelar que mantiene las reservas paralizadas, o si dejan todo como está. En el Gobierno apuestan a que la cámara les conceda el recurso “con efecto suspensivo”, como se dice en la jerga judicial. Si la Cámara rechaza el recurso, el procurador todavía podrá presentarse directamente con un recurso de queja ante el tribunal supremo.

Los jueces de la Cámara que van a tener que resolver el entuerto esta vez ya no son los mismos que estuvieron durante enero. Por lo pronto, hay dos medidas cautelares resueltas: la que promovieron Federico Pinedo (PRO) y legisladores de la Coalición Cívica y la que promovió el radicalismo. El primer expediente fue asignado a la Sala IV de la Cámara, integrada por Jorge Morán y como subrogantes fueron asignados Sergio Fernández y Luis Márquez. Sergio Fernández –que tendría buena sintonía con Márquez– es hermano de Javier Fernández, un auditor general de la Nación con fama de poderoso operador judicial del Gobierno. La causa de la UCR está en la Sala III, integrada también por Fernández, por Jorge Argento y Carlos Grecco, excusado desde que fue cuestionado por haber recibido un sábado la primera apelación del Ejecutivo.