El culebrón veraniego de Martín Pérez Redrado y del Banco Central tendría hoy su capítulo final en el Congreso ya sin el ex Golden Boy en el centro de la escena. El kirchnerista Gustavo Marconato llegará a la reunión al mediodía en el Senado con la idea de cerrar la historia con el aval parlamentario para desplazar a Redrado. La Coalición Cívica, con Elisa Carrió a la cabeza, se reunió ayer y decidió que Alfonso Prat Gay, a pesar de sus reparos, rechace la destitución del renunciante presidente del Central por negarse a constituir el Fondo del Bicentenario. Para contemplar los argumentos del economistas acordaron que al mismo tiempo exija el desplazamiento del titular interino de la entidad Miguel Pesce y que se investigue a todo el directorio de la entidad por irregularidades en la gestión. Ante esos dos dictámenes encontrados, Julio Cobos se convertiría nuevamente en el encargado de dirimir la votación a favor o en contra del Gobierno, a pesar de que el pronunciamiento legislativo no será vinculante.

La encrucijada de Cobos

A pesar del hermetismo con que envolvió su decisión, la postura del vicepresidente volverá a inclinar hacia uno u otro lado el contenido de la resolución que tomaría hoy la Comisión Bicameral, que debe emitir su “consejo” al Gobierno –como indica la Carta Orgánica del Banco Central– sobre su decisión de destituir a Redrado. Cobos prefirió no esquivar el pronunciamiento de la comisión, como propusieron desde el radicalismo y el macrismo afirmando que con la renuncia pública de Redrado “ya no tiene sentido” que la comisión emita su consejo al Ejecutivo. Una decisión que hoy lo volverá a tener como protagonista.

Mientras Redrado anunciaba el viernes pasado su renuncia desde uno de los salones del céntrico Hotel Marriott –sin esperar la definición de la Bicameral por cuya composición y funcionamiento recurrió a la Justicia–, Cobos comenzaba desde Mendoza una ronda de consultas con sus hombres más cercanos para resolver qué hacer.

Las reuniones y llamados telefónicos continuaron durante todo el fin de semana e incluyeron a la senadora y ex ministra de Economía durante su gobernación mendocina, Laura Montero; al ex diputado radical Raúl Baglini, y al ex secretario Legal y Técnico de Mendoza, Jorge Albarracín. Después de pronunciarse a favor de que la Bicameral emita un pronunciamiento, estos mismos hombres y mujeres colaboraron en distintos aspectos técnicos del dictamen que Cobos terminaba de pulir para presentar hoy ante los integrantes de la comisión. Cobos quiere un texto que no lo involucre en un enredo político del que la sociedad empieza a cansarse, pero que tampoco lo deje “pegado” al Gobierno que quiere enfrentar en 2011 como líder opositor. Pero lo decisivo de su voto lo coloca ante una encrucijada.

El factor Lilita

Mientras tanto en Buenos Aires, Carrió reunía ayer toda su tropa legislativa para decidir la postura que Prat Gay, como miembro de su bloque de diputados y de la conducción de la CC, debía adoptar ante la comisión. Lilita quería distanciarse tanto del Gobierno como de Cobos, que ya le había soltado la mano a Redrado. El también ex director del Central había querido sacarse las presiones de encima y había dicho la semana pasada que consultaría su decisión con Carrió, pero que contaba con “libertad de conciencia” para pronunciarse sobre Redrado, cuya gestión criticó duramente.

Carrió, que siempre se pronunció en contra del DNU que removió a Redrado, no quiso sorpresas y buscó el respaldo de todos sus legisladores para garantizar que la decisión de Prat Gay no vaya en contra de la postura partidaria. Del encuentro que ayer convocó a una quincena de legisladores en el despacho del bloque de diputados de la CC, no participó Prat Gay, “que viajó a Punta del Este –según algunos de los presentes en la reunión– por motivos familiares”, aunque sí estuvo su “mano derecha”: el también economista Pedro Lacoste.

La mayoría de las tres horas que duró el encuentro la insumió la discusión sobre el dictamen que Prat Gay llevará hoy a la Bicameral. Allí se resolvió ratificar la postura en contra del Decreto de Necesidad y Urgencia con que la Presidenta expulsó a Redrado del Central, y consideraron que el ex presidente del BCRA “hizo bien” en negarse a traspasar reservas del Central al Fondo del Bicentenario, con el que se haría frente a los vencimientos de deuda externa a lo largo del año. Por el contrario, señalaron que su sucesor, Pesce, debe “ser destituido” por su decisión a favor del uso de reservas. Incluso, quieren que el dictamen también solicite una investigación sobre “irregularidades” que se habrían cometido en los cinco años y medio de la gestión de Redrado, que incluya a todo el directorio que lo acompañó durante ese período.

Todas las decisiones habrían sido consensuadas con Lacoste, en medio de un duro debate interno con posturas, en algunos casos, encontradas. Sin embargo, hoy a las diez de la mañana –dos horas antes del encuentro pactado por la Bicameral– volverán a reunirse con Prat Gay para terminar de “redactar técnicamente” los fundamentos. De esta manera, Carrió busca cumplir su objetivo político de poner contra la espada y la pared a su ex aliado Julio Cobos, a quien ahora considera el principal obstáculo en su camino a las presidenciales de 2011.

Un final sin tribunales

A pesar del empeño que puso Marconato en remarcar el carácter “reservado” de la actuación de la comisión y de mantener en secreto el contenido del dictamen que ya presentó el jueves pasado, la postura del kirchnerismo no es un misterio: quiere que la Bicameral ratifique la decisión del Gobierno de expulsar a Redrado por los mismos motivos que expuso en el DNU 18. Tampoco quiere que se dilate más la decisión que también esmerila al Gobierno.

El oficialismo sabe que aunque el pronunciamiento de la Bicameral no es vinculante, y por lo tanto tampoco decisivo para la resolución que adopte el Gobierno, el contenido del consejo no es un tema menor. Así como tampoco será ajena la postura de Cobos, a quien no quieren más en el Senado.

Por ahora, la única coincidencia de los tres integrantes de la Bicameral fue el documento que hicieron público ayer. “El objetivo que persigue esta Comisión es dar un consejo previo de carácter político sobre la remoción o no del funcionario y como tal, no es pasible de ser revisado judicialmente, ni de ser objeto de recursos administrativos. El único objetivo de la actuación de la Comisión es formar el criterio necesario para emitir el consejo”, dice uno de sus párrafos.

Luego, el comunicado firmado por Cobos, Marconato y Prat Gay agrega: “La situación es equivalente a la atribución parlamentaria de prestar acuerdos para la designación de funcionarios, cuando la ley lo exige. En este caso, se requiere el consejo previo para ‘habilitar’ la remoción o no del funcionario por parte del Poder Ejecutivo Nacional”. Ninguno de ellos quiere que la decisión política que adopten vuelva a judicializarse.