El Gobierno volvió a sufrir un revés judicial, en este caso sobre su decisión de obligar a Telecom Italia a desprenderse de sus acciones en Telecom Argentina. La Cámara en lo Penal Económico anuló –en un fallo dividido– una resolución de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia, que depende de la Secretaría de Comercio Interior, que instaba a la empresa italiana a iniciar en febrero un proceso de desinversión. Los jueces Edmundo Hendler y Nicanor Repetto señalaron que Defensa de la Competencia no tiene facultades para obligar a una desinversión e instó a la Corte Suprema de Justicia para que obligara al Poder Ejecutivo a conformar el Tribunal Nacional de Defensa de la Competencia. El fallo fue un nuevo revés para Guillermo Moreno. El pasado 22 de octubre, los mismos jueces anularon una resolución de la CNDC por considerar que el organismo no tenía facultades para dictarla.

Las idas y vueltas judiciales en torno del control de Telecom Argentina comenzaron en 2007, cuando Telefónica de España acordó su ingreso en Telecom Italia, y de manera indirecta, en la filial local. Las empresas intervinientes en ningún momento dieron a conocer esa operación comercial, alegando que no existía “ninguna concentración económica”. Así y todo, Defensa de la Competencia inició una investigación, designó veedores dentro de Telecom y el 27 de agosto de 2009 se conoció el dictamen final por el cual se obligó a Telecom Italia a vender sus acciones dentro de la compañía argentina. Las acciones se dividen en un 50 por ciento para los italianos y otro 50 por ciento para la familia Werthein.

Según el fallo de la Cámara en lo Penal Económico, la Secretaría de Comercio no tiene la potestad para ser la autoridad de aplicación de la Ley de Defensa de la Competencia. Los dos magistrados que fallaron en contra del Ejecutivo consideraron que la única autoridad de aplicación válida de esa ley sería un Tribunal Nacional de Defensa de la Competencia, creado por ley en 1999 pero nunca constituido. “Es un verdadero escándalo jurídico”, señalaron los jueces.

“La mayoría de las empresas suelen apelar al mismo argumento para evitar que la Ley de Defensa de la Competencia pueda aplicarse. Esta es una falencia que se arrastra desde el gobierno de la Alianza y que la actual administración no hizo nada por subsanar”, señaló a Página/12 Roberto Zorzoli, especialista en defensa del consumidor.

El fallo en cuestión tiene implicancias sobre dos cuestiones: por un lado, impide que se resuelva una situación de concentración económica y, por el otro lado, le pone límites a Guillermo Moreno.

Más allá de las trabas al funcionario, los jueces Hendler y Repetto realizaron algunas consideraciones relevantes sobre la situación de Telefónica y Telecom. “No hay concentración económica porque Telefónica de España no controla ni directa ni indirectamente, a Telco”, señalaron los jueces. Además, señalan que “hay una discrecionalidad poco menos que absoluta” al sancionar a Telecom Italia por una operación comercial ocurrida en Europa.

La participación directa o indirecta de Telefónica dentro de Telecom Italia está siendo estudiada en distintas partes del mundo. Los españoles pasaron a controlar a la italiana luego de comprar el 5,6 por ciento de las acciones con derecho a voto de forma directa, a través de la sociedad Telco y el 18 por ciento en forma indirecta, mediante la adquisición de la compañía Olimpia –que tenía el 54,9 por ciento de Telecom Italia–, totalizando el 23,6 por ciento de las acciones. Luego de esta operación, Telefónica eligió a César Alierta, número uno de la empresa española, para formar parte del directorio de Telecom.

Otro argumento utilizado por los magistrados fue que Telecom Italia no tuvo posibilidad de presentar sus argumentos para defenderse del embate del Ejecutivo. Sin embargo, el tercer juez de la Cámara, Juan Carlos Bonzón, quien no compartió el fallo de sus colegas, expresó que “tanto en el procedimiento administrativo como ahora en el judicial, los apelantes tuvieron plena libertad de alegar y probar todo lo que consideraron necesario en defensa de sus derechos”.

La semana pasada, Telecom Italia había logrado que la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial interpusiera una cautelar para frenar el proceso de desinversión dispuesto por el Ejecutivo. Por este accionar de la Justicia, la presidenta Cristina Fernández de Kirchner aseveró que “sectores de la Justicia no son independientes, sino que son dependientes del poder económico”. En la misma sintonía, el ministro de Planificación, Julio De Vido, amenazó con una posible expropiación de la compañía, aunque luego sólo indicó que “el Gobierno buscaba la desinversión”.

El otro revés para Moreno estuvo relacionado con Papel Prensa y las pretendidas sanciones de Guillermo Moreno por incumplimiento del normal abastecimiento. El juez Ernesto Marinelli dictó una cautelar con el argumento de que la Secretaría de Comercio Interior no “podía ser la autoridad de aplicación de la Ley de Abastecimiento”.

Distintos abogados consultados por Página/12 indicaron que el Ejecutivo podría saltear el embate que hoy sufre Moreno –y el Gobierno– haciendo cumplir simplemente los términos de la licencia otorgada a Telecom, donde se indica que “ni Telecom ni Telefónica pueden tener negocios compartidos ni participaciones accionarias cruzadas”. Para hacer valer esa licencia, que tiene fuerza de marco regulatorio, sólo bastaría una resolución de la Secretaría de Comunicaciones.