Con la consigna de mantener en agenda el tema de las reservas del Banco Central, el senador radical Gerardo Morales y el diputado Ricardo Gil Lavedra presentaron una denuncia penal contra el presidente interino de la autoridad monetaria, Miguel Angel Pesce. “Solicitamos que se investigue la presunta responsabilidad penal que podría corresponder a Pesce y demás integrantes del directorio de la entidad”, comienza el escrito en el que le reprochan cumplir con las disposiciones del Poder Ejecutivo para la creación del Fondo del Bicentenario. La denuncia recayó en el juzgado en lo Criminal y Correccional Federal a cargo de Claudio Bonadío. Los radicales acusaron a Pesce de supuesta “violación de los deberes de funcionario público” por haber acatado el DNU del Poder Ejecutivo, que ordenaba la creación del Fondo del Bicentenario.

“Con el objetivo de satisfacer con premura una disposición del Ejecutivo, emitieron actos nulos de nulidad absoluta e insanable en el expediente administrativo que se estaba tramitando mediante los que violaron disposiciones expresas de la Carta Orgánica”, aseguran en la denuncia. La movida radical no está exenta de intencionalidad política. Como el amparo que trabó la utilización de las reservas y la remoción de Redrado podría caer al cumplirse con los requisitos procesales establecidos en la Carta Orgánica del Central, la UCR apunta ahora contra Pesce, un radical que se mantiene dentro del proyecto K. En pasillos radicales también se especuló con la posibilidad de que fuera un intento del sector anticobista por molestar a Cobos. Sin embargo, fuentes cercanas al vice relataron que si bien no están “peleados”, después de la 125 no quedó ningún vínculo con Pesce. En medio del escándalo de Redrado, el titular interino del Central llamó a Cobos; el vice lo hizo atender por su secretario. En la presentación de trece páginas que hicieron ante Bonadío, los radicales citan informes de las gerencias y subgerencias del Central, que desaconsejaban la constitución del fondo para pagar deuda externa con reservas y cuestionaban los requisitos de “necesidad y urgencia” con los que se sancionó el DNU.