La pulseada por las cuotas de la medicina prepaga entre las empresas y el Gobierno volvió a tener otro round ayer. La Secretaría de Comercio Interior que conduce Guillermo Moreno habría autorizado un aumento del 8 por ciento para todo el año. Algunas firmas ya aplicaron incrementos que rondan el 12 por ciento. Desde Comercio Interior aseguran que las prepagas ya fueron notificadas, mientras que las cámaras que agrupan a las compañías señalaron que no recibieron ningún aviso del Gobierno. El sistema de medicina prepaga cuenta con más de 4 millones de afiliados.

Según explicaron desde la secretaría encabezada por Moreno, el incremento se aplicará sobre los valores que rigen desde el anterior aumento autorizado entre febrero y marzo de 2009. En esa oportunidad también había sido de hasta el 8 por ciento. Sin embargo, ante la ausencia de un marco regulatorio para la actividad, los acuerdos que firma Comercio Interior no están respaldados en una legislación. Así se repite año a año el desconcierto ante los incrementos en las tarifas. Para garantizar el cumplimiento de los acuerdos, los inspectores de la Secretaría de Comercio realizarán distintos operativos.

La falta de una ley que imponga condiciones a las empresas y regule su funcionamiento permite que las firmas apliquen discrecionalmente aumentos. La confusión ante la evolución de las tarifas se repite año tras año. El Congreso cuenta con un proyecto de ley para fijar un marco regulatorio para el sector. La iniciativa fue aprobada en 2008 en Diputados por unanimidad. Desde entonces el proyecto está cajoneado en el Senado. El lobby empresario que se había logrado sortear en la Cámara baja se impone hasta ahora entre los senadores. La única actividad referida a la ley que se registra fue el año pasado, cuando se invitó a las empresas a dialogar. La iniciativa que había avanzado obligaba a las empresas a pedir permiso para elevar las cuotas y justificar la necesidad de los incrementos, que puedan ser aprobados o rechazados por un organismo regulador. El único mecanismo con el que cuentan los consumidores para “defenderse” ante los aumentos sin aviso es la obligación de las firmas de informarlo por carta con 60 días de anticipación.

A su vez, el proyecto regula los servicios de emergencia, crea un registro de prestadores, establece qué sucede con los afiliados y la cuota que pagan en caso de quiebra de la empresa. También prohíbe que rechacen a afiliados aunque eso no implique que todos deban abonar la misma cuota y obliga a las empresas a aceptar la incorporación de los hijos de sus afiliados. Por otro lado, crea una comisión mixta entre Estado, prepagas, usuarios y prestadores, para evitar que el incremento en las cuotas sea desmedido y apropiado absolutamente por las empresas, postergando a los prestadores.