Desde Medellín

Sin refrescar la polémica que produjo la propuesta de pagar a estudiantes informantes en Medellín, esta semana empezó otra controversia. Ahora el presidente Alvaro Uribe quiere en Cali –otra de las ciudades donde las disputas mafiosas dispararon la violencia– que los taxistas sean dotados con radios avanteles y se conviertan también en informantes. “Hay que escoger entre una cultura de pasividad frente al crimen o una cultura de compromiso contra el crimen”, dijo Uribe para justificar las propuestas que evidencian su interés por promover una cultura de espionaje y expandir la política de seguridad democrática, aun cuando ello disminuya las garantías y libertades de una democracia, como lo señalan los más críticos.

Para la oposición, los defensores de derechos humanos y algunos líderes del sector educativo, la propuesta de la semana pasada ya apuntaba a poner en riesgo a los mismos estudiantes y, en general, al Estado democrático. Hoy la preocupación aumenta por lo anunciado para los taxistas, pues durante el Consejo de Seguridad del lunes, cuando lanzó su propuesta, el presidente afirmó que los ciudadanos tendrán que escoger entre ser solidarios o encubridores del crimen.

“No puede ser obligatorio”, dijo el alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina, sobre la sentencia de Uribe. Para él, la afirmación “es un poquito dura. Las cosas no son así. Hay muchas personas que, debido a sus contextos familiares, personales y de barrio, no pueden trasmitir información porque ponen en peligro sus vidas”. Ospina cree que la ciudad que gobierna está pasando por “un momento donde la muerte acecha” y, justamente por eso, no es propio exponer a los 30 mil taxistas que trabajan allí obligándolos a “cooperar”. “Debe depender más del apoyo desinteresado y solidario y menos de una intención de crear vínculos como militantes”, explicó el alcalde en radiodifusoras nacionales.

Para los taxistas el botín prometido es de unos dos mil quinientos dólares, lo que supera ampliamente el auxilio mensual de cincuenta dólares ofrecido a los mil estudiantes universitarios que Uribe busca en Medellín para que aporten información a la policía y el ejército colombianos. Todo con el fin, se justifica, de reducir los índices de homicidios de jóvenes, principales víctimas de este crimen. El año pasado fueron 2174 en Medellín. En Cali, tan sólo en enero, fueron asesinadas 147 personas. Desde allí el presidente afirmó que “todo ciudadano que nos dé una información efectiva sobre un homicida va a recibir una recompensa básica de cinco millones de pesos”.

Johny Rangel, líder de la Red de Amigos de Taxistas Unidos de Cali, dijo que los conductores van a “colaborar”. Los taxistas están agremiados en esa red desde al año pasado, cuando fueron asesinados veinte de ellos. “Optamos por ser parte de la solución, no podemos seguir así”, afirmó a los medios. Al ser consultado sobre la obligación de pertenecer a la nueva red de informantes, Rangel dijo que “esto es una decisión individual”. “Pero no es que los taxistas adelanten labores de inteligencia en la ciudad –aclaró el alcalde–. Para ello se demandan personas muy calificadas, con muchas cualidades, talento e inteligencia, no un civil como es un taxista.”

Por su parte, el comandante de la Policía Nacional, general Oscar Naranjo, defendió la propuesta de Uribe diciendo que lo que se pretende es “darles a entender a los delincuentes que no pueden seguir, impunemente, victimizando al pueblo”. Y recordó que la “cooperación” de taxistas alrededor del crimen no es nada nuevo en Colombia. “Es promocionar la participación y canalizar la información de los taxistas hacia la Policía, una iniciativa que no es de ayer. Se tienen alianzas con ellos hace más de veinte años”, afirmó. Según la revista Semana, hoy existen unos 30 mil conductores de servicio público en diferentes ciudades colombianas que trabajan para la policía informando sobre movimientos sospechosos. Gracias a su oficio y a los equipos que manejan se les facilita alertar a las autoridades. Naranjo explica que “los taxistas son los mejores vigías de una ciudad y son una fuente de información valiosísima para proteger los intereses de la comunidad”.

El derecho a la vida lo tenemos que defender todos, fue la razón que dio Uribe al defender desde Davos la idea de estudiantes informantes en Medellín, y es hoy la misma explicación del alcalde de Cali para recomendar cuidado en la interpretación de la más reciente propuesta. “No hay que ponernos en riesgo. Esa no sería una apuesta apropiada”, concluyó Ospina.