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La Comisión Nacional de Valores (CNV) realizó ayer una presentación judicial para que se intervenga la administración de Papel Prensa, bajo el argumento de que están incumpliendo distintas resoluciones emitidas por el órgano de control. Esta denuncia se suma a la que realizó hace dos días el secretario de Comercio interior, Guillermo Moreno, en el Juzgado Comercial N° 2, a cargo del doctor Eduardo Malde, donde también denunció a los directores privados. La presentación de Moreno contó como pruebas parte de los sumarios iniciados por la CNV. Como parte del conflicto judicial alrededor de Papel Prensa, el pasado 25 de enero el juez Ernesto Marinelli frenó la decisión del Ejecutivo de establecer un precio único por la venta del papel.

“La empresa se niega a solucionar lo que la CNV le marcó en diferentes sumarios. Siguen convocando a reuniones de directorio de manera irregular, con temarios no establecidos. Si hubieran acatado las resoluciones de la comisión, se resolvía todo el conflicto”, señaló a Página/12 una fuente de la CNV. Debido a esta situación, tanto la comisión como la Secretaría de Comercio interior solicitaron la intervención de la papelera. Si bien la empresa apeló todas las resoluciones de la CNV, la sala de feria de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial rechazó el 8 de enero un pedido de Papel Prensa para que se dictara una medida cautelar con respecto a las resoluciones de la autoridad de control.

La denuncia que realizó Moreno está en sintonía con la presentación de la CNV. El funcionario solicitó, además de la intervención, medidas cautelares para que se declare la nulidad de “todas las reuniones del directorio celebradas a partir del 4 de noviembre de 2009, oportunidad en que se realizaron dos reuniones de ese órgano, cuya declaración de nulidad también se requiere”, señaló el escrito presentado por Moreno.

En esta puja judicial, el juez Ernesto Marinelli, el mismo que intervino en el caso de Martín Redrado, frenó una decisión del Ejecutivo para establecer “precios únicos”, entre todos las empresas periodísticas que utilizan el papel como insumo. En su argumentación, el magistrado señaló que la Ley de Abastecimiento Interno no faculta a establecer una regulación de precios.