Grecia se encuentra cada vez más cerca de ser rescatado por los países de la Eurozona. Ayer, representantes de varios Estados y responsables de instituciones europeas buscaron avanzar en un plan de urgencia para hacer frente a la grave crisis que afecta al país helénico. Esos gobiernos quieren evitar una situación de emergencia en la región, la primera vez en once años, desde que se creó la moneda comunitaria. Ayer el primer ministro de Luxemburgo y presidente del Eurogrupo, Jean-Claude Juncker, convocó a una rueda de consultas de urgencia por videoconferencia con todos los ministros de Economía de los países de la región, para discutir cómo abordar la crisis. Por su parte, cientos de miles de empleados del sector público y sindicatos griegos expresaron su rechazo a las medidas de austeridad que impuso su gobierno.

Las reuniones y los contactos se sucedieron a lo largo del día, tratando de definir una estrategia ante la eventualidad de que Grecia no pueda financiarse por las vías habituales. Hasta el momento, continúa colocando su deuda en el mercado, aunque las tasas que está pagando por ese financiamiento es muy alto, por lo que requerirá algún tipo de ayuda financiera. Los países miembros del euro desestimaron la posibilidad de un rescate directo, no obstante analizan una serie de “escenarios” en caso de que las cosas “empeoren”, según fuentes del gobierno alemán.

Entre estos posibles riesgos, los países de la Eurozona pretenden evitar que el Tesoro griego no pueda enfrentar sus próximos vencimientos y se declare en cesación de pagos. También buscan que la desconfianza que se desató en los últimos días a partir de esta situación no se extienda a otros socios de la zona que también tienen hoy serias dificultades presupuestarias. Los dieciséis ministros de Finanzas de la Eurozona celebraron en la tarde de ayer una sesión de concertación, mediante videoconferencia, propuesta por el presidente Juncker, para examinar las posibles respuestas. El convite se anticipó a la reunión ordinaria del Eurogrupo, programada para este lunes, en Bruselas. Hoy se reunirán a solas los gobernantes de la Unión Europea para una cumbre informal para analizar esas turbulencias en la región.

La dificultad en asistir a Grecia radica en que el Banco Central Europeo y la Comisión Europea se encuentran –según el Tratado– imposibilitadas de financiar directamente el endeudamiento de alguno de sus miembros, que comparten la moneda única, con problemas de liquidez. La prohibición se fundamenta en la “necesidad de preservar” las políticas fiscales a nivel regional. Pero ante el riesgo de que toda la zona se vea, tarde o temprano, inmersa en la tormenta, los socios de Atenas están explorando todas las vías posibles de ayuda. Por su parte, el comisario de Asuntos Económicos y Monetarios, Joaquín Almunia, descartó ayer, ante el pleno del Parlamento europeo, que el Fondo Monetario sea parte de la solución. “No necesitamos llamar al FMI. Lo podemos y debemos hacer nosotros”, manifestó Almunia.

En tanto, miles de manifestantes desfilaron por las principales ciudades de Grecia, sobre todo en su capital, Atenas, donde los sindicatos aseguraron que un 85 por ciento de los funcionarios secundaron el paro laboral, que también afectó al tráfico aéreo, completamente paralizado por el paro de controladores. Los huelguistas llevaban pancartas con leyendas en contra de los recortes en el gasto social, el aumento de la edad de jubilación y en favor de más subsidios para los desempleados. “Si los trabajadores no se alzan contra las medidas de ahorro, dentro de un año la situación será peor”, afirmó la secretaria general del partido comunista KKE, Aleka Papariga. La Unión Europea le exige al gobierno medidas drásticas para evitar que su endeudamiento erosione la zona euro, a la que Grecia ingresó gracias a datos económicos maquillados.

El gobierno griego había presentando anteayer los primeros detalles de su plan de austeridad, que prevé reducir hasta 2012 el déficit público del actual 12,7 por ciento al 3 por ciento del Producto. Estas medidas incluirán suspensiones de contrataciones en el sector público y reducciones salariales y de subsidios para los funcionarios.