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La preocupación por el aumento de precios de bienes esenciales –llámese inflación o reacomodamiento, lo mismo da– volvió a instalarse en el centro de la escena política. Las culpas cruzadas entre Gobierno, productores, procesadores, intermediarios y comerciantes no ayudan a definir un diagnóstico más o menos comprensible del fenómeno. Una cosa está clara: con el aumento de bienes de consumo masivo en las proporciones que se están viendo, los asalariados son los principales perdedores, porque se daña su poder adquisitivo. En cambio, nadie se hace cargo de estar recibiendo el beneficio. Quizás un repaso sobre la estructura de estos mercados pueda ayudar a encontrar una respuesta. Y de paso, analizar de qué modo podría intervenir el Gobierno para evitar abusos.

Uno de los fenómenos más consolidados de la economía argentina en los últimos veinte años, independientemente de las etapas de crisis o de auge económico, ha sido la creciente concentración monopólica en diversos mercados, fortaleciendo el poder relativo de una cúpula empresaria paulatinamente extranjerizada. En diversos rubros agroindustriales, en la comercialización de bienes primarios o en sus primeras fases de elaboración, se verifica igual proceso. Carnes, aceites, galletitas, cerveza y lácteos elaborados son algunos de los rubros en los que las principales empresas de la cúpula han pasado mayoritariamente a manos de capitales extranjeros en pocos años.

Este creciente poder dominante de un puñado de empresas se fue consolidando, además, gracias a la fuerte incidencia que estos mismos grupos tuvieron en las exportaciones durante los últimos años. Los actuales “reacomodamientos” de precios, así como la puja por los ingresos excedentes generados en la exportación, tienen y tuvieron, justamente, a esos mismos grupos como protagonistas.

El caso de la carne es ilustrativo. La fuerte suba de los precios en mostrador en apenas dos meses no es explicable, por su magnitud, a partir de ningún atraso en los precios ni por variaciones en los costos de producción. De hecho, la dirigencia agropecuaria asegura que los productores no se beneficiaron del aumento porcentual de los precios al público. Tampoco los carniceros parecen haber podido aprovechar la ocasión para aumentar sus márgenes. Pero en el medio aparecen los frigoríficos y distribuidores, en una escasamente conocida red de relaciones que constituye un cono de sombras en la cadena de precios del producto.

Son los grandes frigoríficos, aquellos que a la vez exportan y abastecen al mercado interno, los que en mejor condición están de redefinir la distribución sectorial del ingreso. Definen el precio que recibirá el productor, pero también el que deberá pagar el carnicero. ¿Por qué en diciembre? Porque es el mes en que el consumo de alimentos crece y en el que más se aceptan, desde el lugar del comprador, las variaciones de precios. Es decir, no habrá una retracción del consumo que los obligue a dar marcha atrás para no perder mercado.

Esta capacidad de afectar a los otros eslabones de la cadena de precios, aguas arriba y aguas abajo, por parte de algún escalón dominante, se repite en la mayor parte de los sectores. Y no sólo alimentarios. Es el sedimento que dejó el proceso de concentración. Los mercados han quedado muy lejos de ser el espacio en el que los precios se definen en libre competencia. El problema pasa a ser, entonces, cómo controlarlos.

El poder que ostentan estos grupos dominantes y el perjuicio que provocan en contra de los sectores asalariados son razones más que suficientes como para volver a plantear la necesidad de seguimiento y control de precios en estos mercados. Para, una vez comprendido el mecanismo de formación de precios, establecer las regulaciones necesarias para evitar abusos.

No será tarea sencilla. Pero más complicado será si se deja que quienes niegan esta realidad sigan imponiendo sus criterios y provoquen confusión con denuncias y explicaciones vanas.