Desde Madrid

Baltasar Garzón eligió jugar la carta internacional para defenderse del intento del Tribunal Supremo español de apartarlo de su juzgado en la Audiencia Nacional y convocó a un grupo de destacados juristas extranjeros para que lo defiendan, entre los que se encuentran Eugenio Raúl Zaffaroni, integrante de la Corte Suprema de Justicia argentina, y Eduardo Freile, autor de las resoluciones contra las leyes de punto final y obediencia debida. Entre los magistrados que el juez madrileño ha citado en su defensa figuran también la ex fiscal jefe del Tribunal Penal Internacional para la antigua Yugoslavia, la italiana Carla del Ponte; el juez chileno Juan Guzmán Tapia, que abrió las causas que permitieron investigar a los responsables de los crímenes cometidos durante la dictadura de Augusto Pinochet; Hugo Relva, coordinador de Justicia de Amnistía Internacional, y Sergio García Ramírez, miembro de la Corte Penal Internacional.

Garzón presentó ayer ante el Tribunal Supremo un recurso contra el auto del juez Luciano Varela en el que se lo acusa de prevaricar en la causa que abrió contra los responsables de los crímenes cometidos por el franquismo, y en su defensa citó a estos reconocidos juristas internacionales, a la vez que convocó a un puñado de jueces españoles, la mayor parte de ellos en ejercicio, que en su momento defendieron su actuación en esta causa que tanta polémica ha levantado en España. Para ello el juez llamó también a sus colegas de la Audiencia Nacional Ricardo Prada, Ramón Sáenz Valcárcel y Clara Bayarri, que ya dictaminaron en su momento las competencias de Garzón para investigar al franquismo. Con este movimiento, Garzón da a entender que está dispuesto a presentar una batalla que trasciende las fronteras españolas, una estrategia acorde con su prestigio a nivel internacional. Y de paso señala una paradoja que en el entorno del juez no se han cansado estos días de hacer notar: ¿cómo es posible que Garzón haya podido investigar los crímenes de dictaduras extranjeras y ahora se lo esté apartando de su juzgado por querer hacer lo mismo con el régimen franquista?

El “caso Garzón”, mientras tanto, sigue haciéndose cada día mayor a medida que se acerca el momento en que el Consejo General del Poder Judicial deba resolver si apartarlo o no de su juzgado mientras dure el proceso en su contra. Uno de los actores que ayer intervino en la polémica es la asociación de magistrados progresistas Jueces para la Democracia (JPD), a la que pertenece curiosamente el juez Varela. En un comunicado hecho público por la mañana, JPD considera que Garzón no cometió prevaricación y recuerda que esta causa “se abrió exclusivamente a instancias de asociaciones que podrían calificarse como de extrema derecha, herederas ideológicas del franquismo”, haciendo referencia a Falange Española, la célula ultraderechista Manos Limpias y la asociación Libertad e Identidad, promotoras de la querella contra Garzón ante el Supremo. Jueces para la Democracia recuerda además que la causa contra el franquismo fue cerrada a instancias del Supremo, por lo cual “no perjudicó a nadie” y se alarma de que se intente “sentar en el banquillo al único juez de este país que, a instancias de familiares de desaparecidos durante la represión franquista, ha tratado de articular una respuesta procesal penal adecuada a las demandas de aquellos olvidadas durante décadas”.

Desde la Fiscalía General del Estado también hizo oír su voz ayer Cándido Conde Pumpido, el máximo responsable del organismo, quien aclaró que “el fiscal se opondrá a la suspensión de Garzón” y, aunque su opinión no es vinculante, se supone que debe ser tenida en cuenta por el Consejo antes de proceder a suspenderlo. Pero las posibilidades de que la opinión de Conde Pumpido sea tenida en cuenta son escasas. En ámbitos judiciales se da por descontado que el CGPJ va a suspender a Garzón, ya que la causa en su contra ha logrado aunar las voluntades de conservadores y progresistas de forma sorprendente. Desde el punto de vista de los conservadores, son fáciles de comprender los motivos: Garzón no sólo ha osado investigar al franquismo, sino que además destapó el “Caso Gürtel”, el peor escándalo de corrupción que ha sacudido al PP en los últimos años. Y desde el ámbito progresista no se le perdonan las investigaciones que destaparon la trama de los GAL, una organización paramilitar que creció bajo el amparo del gobierno socialista de Felipe González en los años ochenta con la intención de asesinar a dirigentes del nacionalismo independentista vasco y miembros de la banda terrorista ETA.

De este modo, como afirmó ayer el reconocido analista político Iñaki Gabilondo, Garzón se transformará “en la única persona que será juzgada en España en una causa relacionada con el franquismo, lo que es sin dudas una auténtica vergüenza histórica”.