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Siete años después de recibir el expediente, intimado por la Cámara Federal de San Martín, denunciado por retardo de justicia y mientras Abuelas de Plaza de Mayo y el Gobierno analizaban la posibilidad de pedir su juicio político, el juez federal Conrado Bergesio ordenó enviar al Banco Nacional de Datos Genéticos (BNDG) los objetos de uso personal recabados el 30 de diciembre que pertenecerían a Marcela y Felipe Noble Herrera, adoptados de manera irregular en 1976 por Ernestina Herrera de Noble, dueña del grupo Clarín. El organismo que funciona en el Hospital Durand deberá determinar si los objetos contienen ADN y, en tal caso, entrecruzar las muestras con las familias de desaparecidos secuestrados junto a sus hijos o de mujeres que dieron a luz en cautiverio.

Abuelas consideró como “un avance importante que Bergesio finalmente haya actuado acorde con la Ley Nacional del Banco Nacional de Datos Genéticos”, pero manifestó su “preocupación acerca de la calidad de este material genético, obtenido en allanamientos notoriamente irregulares”. Para evitar futuros planteos de nulidad, reclamó que las muestras de sangre brindadas voluntariamente por los jóvenes al Cuerpo Médico Forense “también sean analizadas de manera urgente en el Banco, tal como marca la Ley 26.548”. Abuelas consideró “extraño” que Bergesio no enviara las muestras y sí un hisopado de saliva de Marcela.

Las irregularidades en los allanamientos, a cargo de la Policía Federal de San Isidro, surgen de las declaraciones de los testigos, incluidos los técnicos del BNDG. Bergesio no realizó ninguna inteligencia previa para constatar el domicilio de los jóvenes. Ordenó buscar a Felipe en la casa de la imputada, donde no vivía desde hacía más de un mes. Los custodios de la dueña de Clarín retuvieron a los funcionarios durante 45 minutos, primero por un “cambio de guardias”, luego “para esperar a los abogados” Alejandro Carrió y Jorge Anzorreguy, defensores de las víctimas y de la imputada, que en teoría dormía. Los técnicos del BNDG retiraron un par de pantuflas y una máquina de afeitar de la habitación que hasta su casamiento ocupaba Felipe, a quien no buscaron. En el mismo momento pero en casa de Marcela, también en Martínez, debieron esperar una hora, a pedido de la anfitriona y hasta la llegada de los abogados.

La decisión de Bergesio se produce ocho años después de que el juez Roberto Marquevich –destituido en un juicio político impulsado por Clarín– ordenara la detención de Herrera de Noble por irregularidades en las adopciones. Según la imputada, encontró a la beba en una caja abandonada en su casa de San Isidro. Marquevich comprobó que no vivía allí, que tampoco la vecina ofrecida como testigo vivía en la cuadra y que el supuesto cuidador de la casa vecina era el chofer de la viuda de Noble. Según Abuelas, la falacia sobre el domicilio y la omisión del sistema de turnos fueron determinantes para que interviniera la jueza Ofelia Hejt, quien también dejó su sello en la apropiación de Andrés La Bluda. El expediente de adopción de Felipe muestra que la misma jueza lo entregó en guarda sin determinar las circunstancias del nacimiento. Marchevich determinó que tampoco existió la supuesta madre que lo entregó en adopción.