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En su afán de estimular el ahorro de electricidad, el Gobierno formalizó la creación de una Unidad Ejecutora para el Uso Racional de la Energía en edificios públicos. El organismo estará a cargo del jefe de Gabinete, Aníbal Fernández, y reemplazará una ignota comisión que se había creado para ese mismo fin bajo la órbita de Daniel Cameron, pero que fue reemplazada “por cuestiones operativas”. De esta manera, la administración central estará sometida al mismo régimen de castigos que se aplica para los usuarios domiciliarios desde hace más de cinco años.

El nuevo organismo creado por la resolución 48/2010 bajo la órbita de la Jefatura de Gabinete tiene el propósito de “realizar las acciones que permitan asegurar la implementación del Programa del Uso Racional y Eficiente de la Energía (Puree) en los edificios públicos de los organismos del Poder Ejecutivo Nacional”. Según la norma, la finalidad de esa flamante dependencia será “concientizar y optimizar el uso de la energía” en las dependencias estatales de la jurisdicción.

La creación de esa flamante unidad reasigna la responsabilidad de aquella tarea disciplinadora jerarquizándola, ya que pasó de una secretaría a la Jefatura de Gabinete, con competencia sobre todas las dependencias que deben cumplir las pautas de ahorro. No hay nada escrito que lo precise, pero se presume que estas reglas serán las mismas que rigen sobre los usuarios de distintas categorías, empezando por los domiciliarios.

Según el Puree, si éstos consumen hasta un diez por ciento menos que en el mismo bimestre del año 2003, pagan la tarifa vigente, sin descuentos ni cargos. Si economizan más, tienen una bonificación y si demandan por encima del período tomado como base, pagan el doble cada kilowatt consumido de más, normas similares a las vigentes para el alumbrado público. Desde julio de 2008, los residenciales que están por encima de los 1000 kilowatts de consumo, están exceptuados de los premios, a semejanza de los comercios e industrias.

A la luz de la experiencia de estos años, la penalidad no ha sido lo suficientemente contundente como para inducir al ahorro y desde la vigencia del Puree los castigos siempre superaron a las bonificaciones. La cuenta arrojaba un saldo millonario, que en principio era capturado por el Enre hasta que el Gobierno permitió que Edenor, Edesur y Edelap retuvieran ese importe como compensación por “mayores costos”. Los acuerdos transitorios de renegociación contractual que suscribieron las empresas con la Unidad de Renegociación de Contratos contemplan que, si los costos se disparan por encima del 5 por ciento, esa suba puede ser trasladada a la tarifa. Para evitar ese traspaso, el Gobierno admitió que el saldo de las penalidades que surgen del Puree quede en las cajas privadas.