La satisfacción de Hugo Biolcati por encarar un nuevo mandato al frente de la Sociedad Rural podría opacarse en las próximas horas. El Organo Nacional de Bienes del Estado (Onabe) tuvo el aval de la Sindicatura General de la Nación y de la Procuración del Tesoro para intimar a esa entidad ruralista a que cancele el saldo aún pendiente por la compra del predio ferial de Palermo, que dejó de integrarse en septiembre de 2001. El ente nacional que administra los bienes públicos, presidido por Fernando Suárez, está en pleno recálculo de esa obligación que, con los correspondientes punitorios, podría rozar los 120 millones de pesos. Según especulan en esas oficinas, en sólo pocos días se efectivizará la demorada intimación para que en dos semanas la entidad pague o se atenga al reclamo judicial. El diputado Francisco de Narváez, dueño de la empresa que explota comercialmente las instalaciones, podría ser el último responsable de desembolsar ese dinero.

El proceso ha sido complejo e inexplicablemente lento. Pasaron casi ocho años desde que la Sociedad Rural suspendió el pago del predio que estaba realizando en cuotas. El Onabe decidió recalcular la deuda, considerando las propias pautas establecidas en el contrato de venta. Eso ocurrió en abril del año pasado y el resultado fue que la SR adeudaba 93,4 millones de pesos. Pero el expediente entró en una especie de vía muerta desde entonces, circulando por distintas dependencias públicas con el fin de cosechar un aval que recién ahora estaría llegando. La deuda, en el camino, creció hasta una cifra cercana a 120 millones de pesos.

El síndico general Daniel Reposo habría coincidido con la modalidad de cálculo empleada por los técnicos públicos, avalada a su vez por el síndico adjunto o delegado que la Sigen designó para fiscalizar al Onabe desde adentro. Esos cómputos incluyeron el equivalente en pesos a los 10 mil dólares por día de mora que contempla el propio contrato, retocado en momentos de pesificar la deuda, más el ajuste por CER (Coeficiente de Estabilización de Referencia). Las mismas pautas sobre las cuales se está haciendo ahora, un año después, una reliquidación de aquella deuda, que los ruralistas no mostraron voluntad de pagar.

La Procuración del Tesoro tampoco habría presentado objeciones. Esto habilita al Onabe a dar el último paso para agotar la instancia administrativa como es despachar la intimación. Fernando Suárez se disculpa por la parálisis que tuvo el trámite en el hecho de que no valía la pena intimar si no había una certeza acerca del importe preciso que debe pagar la Sociedad Rural. Pero, en rigor, tampoco hay certeza de si los 30 millones a los que el Estado vendió las apetitosas tierras en 1992 es un precio razonable o vil, algo que está tratando de dilucidar en una causa judicial que se tramita en el juzgado federal de Sergio Torres.

El trámite administrativo (por el saldo) y el judicial (por el precio de venta) tienen algún vaso comunicante. Si la Justicia concluyera que el predio de Palermo vale más, pueden ocurrir dos cosas que impactan en el curso del otro expediente: o se anula la venta y el Estado rescata la propiedad de esas tierras o hay que hacer otro recálculo de la deuda que, naturalmente, sería muy superior.

La cotización en el momento de la venta fue realizada por un grupo que integraban los bancos Ciudad y el Hipotecario, junto a una inmobiliaria contratada para tal fin. Quedó marginado el Tribunal de Tasación de la Nación que postulaba el criterio FOT para la valorización del predio, lo que hubiese supuesto contemplar las posibilidades inmobiliarias, algo que hubiera incrementado su valor de venta. Ese cuadro de situación cobra un valor singular con el envío a la Legislatura de un proyecto de la Jefatura de Gobierno de Mauricio Macri para rezonificar el lugar, lo que permitiría construir ahí un centro internacional de exposiciones. Hoy existen restricciones para cualquier emprendimiento inmobiliario, como quedó demostrado en el amague de levantar un complejo de cines a fines de los ’90. El ex jefe porteño Jorge Telerman, en plena transición hacia la asunción de Macri, envió un proyecto similar que quedó cajoneado.

La Sociedad Rural cedió la explotación del predio de Palermo por veinticinco años a la empresa Ogden, que tiene entre sus accionistas a Francisco de Narváez. En virtud de un acuerdo entre partes, éste asumió una serie de obligaciones, entre ellas, la del pago del saldo por la compra de esos terrenos, que quedó en suspenso hace varios años. La deudora y principal responsable ante el Estado es la Sociedad Rural. Pero el último responsable de honrar esa obligación y eventual beneficiado con un cambio de uso a los terrenos es De Narváez.

Es verdad que agotar la instancia administrativa e intentar el cobro a través de un juicio podría ser también un camino incierto para el Estado, en gran medida por las desprolijidades de la controvertida privatización de este espacio público. La escritura difiere en algunos de sus términos del boleto de compraventa, por citar un ejemplo. Amén que en el curso de estos años hubo muchas refinanciaciones y recálculos que podrían terminar excusando o al menos minimizando a los privados de su falta.