El juez Norberto Oyarbide no le devolverá a Ricardo Jaime el dinero en efectivo hallado en la caja fuerte del departamento que alquila en Retiro. Eran 40 mil dólares, 50 mil pesos y 10 mil euros, que fueron decomisados. El ex secretario de Transporte los reclamaba con el argumento de que al menos una parte pertenece a su esposa, Silvia Reyss. Pero el magistrado dispuso que los billetes queden “afectados al embargo” que pesa sobre todo el grupo familiar, incluida Reyss y las hijas de ambos. Ellas también están imputadas en la investigación porque según sospecha el juez habrían tenido un papel importante en el ocultamiento de la verdadera riqueza de Jaime.

El fiscal Carlos Rívolo había dictaminado contra la restitución del dinero porque rige una inhibición general de bienes. Además, el dinero podría haberse originado en el delito que está bajo la lupa, el de enriquecimiento ilícito, que es lo que la Justicia intenta determinar. La decisión de ponerlo bajo los efectos del embargo pretende evitar la desaparición de pruebas y garantizar a futuro el cumplimiento de una eventual “pena pecuniaria”.

El día que dispuso embargarles 40 millones de pesos, Oyarbide señaló en una resolución una constante del período (2003-2009) en el que Jaime fue funcionario: “A la par que su patrimonio (declarado) decrece, aumenta significativamente el de sus familiares, particularmente el de su actual pareja –Silvia Elena Reyss– y sus respectivos hijos”. El único bien registrable que Jaime tiene a su nombre es una moto. En los últimos años aparecieron varios inmuebles que tienen como titular a Reyss –el último es una propiedad de 400 mil dólares en Florianópolis– y una gran cantidad de viajes dentro y fuera del país, pese a que “no tendrían la capacidad económica para afrontar” esos gastos. Para el juez, además, hay muchas pistas para suponer que también pertenecerían a Jaime el Lear Jet en que el ex funcionario se movía y el yate Altamar 64, que le habría permitido “evitar los controles migratorios”.

El dinero en efectivo fue descubierto en los allanamientos de hace quince días en el departamento de Libertador al 600. Reyss, según allegados a la causa, reclamó como propios los dólares y los pesos incautados. Dijo que era plata que había sacado de una cuenta bancaria y entregó constancias de movimientos recientes en el Banco Santander. Sin embargo, parte de los pesos estaban en fajos: dos, de 10 mil, tenían precintos sellados en septiembre y julio de 2003 –el año que Jaime asumió en Transporte– e indicaban que habían sido emitidos por la Banca Nazionale del Lavoro y el Banco Nación, aunque en esas entidades ni el ex funcionario ni su familia tenían cuentas. El juzgado pidió informes bancarios para rastrear el origen de ese dinero, ya que avizora que en esos fajos podría haber una pista importante.

Los abogados de Jaime –Andrés Marutián y Marcelo Brito– todavía no apelaron el embargo millonario, aunque lo harán el lunes. Uno de sus argumentos es que ni el ex funcionario ni su familia pueden considerarse imputados hasta que no haya un requerimiento del fiscal y el juez para que justifiquen su patrimonio. El juez ya habla de Jaime como “imputado” y extiende las sospechas a su familia en la resolución que trabó el embargo e inhibió los bienes del grupo.