“Si los crímenes del franquismo se hubieran juzgado en España, no estaríamos abriendo este proceso acá. El motivo para presentar la querella es que al juez Baltasar Garzón le impiden investigar, pero no se debe sólo a eso, sino a la legitimidad que tienen los distintos tribunales del mundo para juzgar a estos criminales”, definió el abogado Carlos Slepoy al anunciar que familiares de las víctimas del franquismo se presentarán en la Justicia argentina para abrir una querella por genocidio, basándose en el principio de jurisdicción universal. Slepoy está en Buenos Aires desde hace veinte días. Radicado en España, donde representa ante la Justicia de Madrid a las víctimas de la dictadura, vino al país en una visita que aprovechó para plantear la necesidad de que desde el país se ayudara a España a que los crímenes del franquismo se investiguen. Sería una buena “devolución” por la ayuda que recibimos de España para luchar contra la impunidad de los represores argentinos. Su propuesta logró adhesión y será presentada el próximo miércoles, ante los tribunales federales de Comodoro Py.

–¿Quiénes van a hacer la denuncia?

–Hay dos querellantes particulares, Darío Rivas, hijo de un alcalde de la localidad de Castro de Rei que fue fusilado en 1936, e Inés García Holgado, que tiene un tío desaparecido y dos tíos abuelos fusilados.

–¿Viven en la Argentina?

–Sí, aunque podrían presentarse de la misma manera si no vivieran acá. De hecho, creo que muchos españoles van a venir a sumarse. Por otra parte, se van a presentar también como querellantes una serie de organizaciones como la Asociación para la Memoria Histórica de España, que es la más importante del país trabajando en el tema y van a venir especialmente Abuelas de Plaza de Mayo, la CTA, la Liga Argentina por los Derechos del Hombre, el Servicio de Paz y Justicia, el Medh, la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, la Asociación de ex Detenidos Desaparecidos y la Federación Gallega.

La demanda pedirá que se investiguen los crímenes cometidos por el franquismo “desde el 17 de julio de 1936 (un día antes del alzamiento de Franco) hasta el 15 de julio de 1977, en que se celebraron las primeras elecciones democráticas en España”. De acuerdo con los datos de la causa iniciada por Garzón, en ese período hubo 113 mil desaparecidos y más de 30 mil niños secuestrados y privados de su identidad.

Para avanzar en la presentación, querellantes, representantes de los organismos de derechos humanos y abogados se reunieron ayer a unificar criterios. En el encuentro se repasó la situación en la que está el juez Garzón, a quien se está juzgando por prevaricato, delito que consiste en dictar resoluciones contrarias a la ley.

El principal argumento con que se frenó el juicio es que la amnistía dictada en 1977 en España exoneró de responsabilidad penal a quienes durante el franquismo cometieron delitos con intencionalidad política. Garzón, señaló Slepoy, “hizo una interpretación de amnistía en el sentido de que no puede amparar crímenes contra la humanidad o genocidio y recibió una ofensiva tremenda. Garzón hizo algo que se reclamaba hace mucho tiempo. Es una iniciativa valiente que la misma ley española establece; quienes están queriendo procesarlo van en contra de las leyes. Para ser claro: Garzón no es el prevaricador; los prevaricadores son los jueces que quieren procesarlo y, si lo inhabilitaran, llegará el día en que estos mismos jueces sean juzgados por prevaricadores”.

–¿Un juicio en la Argentina tendría sentido en tanto los de España estén frenados?

–No necesariamente tienen que excluirse. El principio de jurisdicción universal quiere garantizar la mejor persecución de estos criminales, es decir que haya distintos tribunales en distintas partes del mundo que puedan hacerlo, como fue el caso de Augusto Pinochet: con él hubo varios juzgados que pidieron su extradición al mismo tiempo.