Los líderes de la Unión Europea acordaron ayer introducir una tasa a los bancos con la cual financiar un fondo anticrisis. La iniciativa será presentada en la próxima cumbre del G-20, que se desarrollará en Toronto, Canadá, el 26 y 27 de junio con el objetivo de que pueda ser emulada por el resto de los países. Sin embargo, la posibilidad de alcanzar un acuerdo se presenta dificultosa por la resistencia de algunos de los países del grupo. Este impuesto se asemeja al que el ex premier británico Gordon Brown propuso a ese bloque el año pasado. En esa oportunidad –y se prevé que en esta también– recibió un fuerte rechazo de parte de los países que no sufrieron una debacle del sistema bancario.

Los dirigentes europeos participaron ayer de una cumbre en la que se buscó consensuar una postura de bloque para presentar durante la reunión del G-20. Allí se aprobó la imposición de una mezcla entre tasa e impuesto bancario, voluntaria y discrecional, para que el sector financiero ayude a pagar los costos de eventuales futuras crisis. El fundamento es que las pérdidas derivadas de los desequilibrios financieros no deberían volver a recaer en el bolsillo de los contribuyentes. La iniciativa original presentada por Gordon Brown tenía como objetivo recuperar parte de los fondos volcados al sistema en rescates.

Tal como sucedió entonces, las posiciones están encontradas. Mientras que los países europeos coinciden en la necesidad de conformar esta especie de fondo anticrisis, los que no tuvieron un colapso de su sistema bancario se muestran renuentes a este tipo de medidas. En particular, el anfitrión, Canadá, es el que más se opuso en el pasado. “Este es el primer obstáculo y el más importante”, dijo a Página/12 el especialista en economía internacional José Siaba Serrate. El otro es la incapacidad de delinear una sistema homogéneo. “No queda claro si el impuesto se aplicará a los bancos o a las transacciones financieras. En el primer caso generará un éxodo de los bancos hacia países donde no se aplique. En el segundo, una reducción de la actividad financiera”, interpretó. El gobierno argentino espera más definiciones antes de emitir opinión.